GOMEZ12102020

Revocación de mandato
Lupita Rodríguez Martínez

Monterrey.- A cuatro años y medio de que la pasada Legislatura del Congreso del Estado aprobó en primera vuelta la reforma constitucional en materia de revocación de mandato, nuestra Legislatura ha convocado a las comisiones unidas de Legislación y de Puntos Constitucionales para revisar este miércoles 7 de julio el anteproyecto de dictamen en segunda vuelta.

     El anteproyecto fue circulado desde la semana pasada junto con dos expedientes sobre dicha reforma, sin que las comisiones de Legislación y de Puntos Constitucionales se hayan tomado la molestia de revisar que durante esta larga espera se han presentado más iniciativas de reforma para facultar al pueblo a quitarle el mandato popular al Gobernador.

     Los dos expedientes circulados son los relativos a las iniciativas que se dictaminaron para aprobar la reforma constitucional en primera vuelta, un 19 de diciembre del 2016, y que fueron presentadas en aquel entonces por los diputados Héctor García García, del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por Samuel Alejandro García Sepúlveda -ahora Gobernador electo- y María Concepción Landa García Téllez, del Grupo Legislativo Movimiento Ciudadano (MC).

     Es imperioso señalar que la esencia de las propuestas del PRI y de MC no es recogida ni en las consideraciones del anteproyecto de dictamen ni en el proyecto de decreto. Lo que realmente se dictamina es la homologación o la armonización de la reforma constitucional federal en materia de consulta popular y de revocación de mandato, aprobada por el Congreso de la Unión el 5 de noviembre del 2019 y promulgada por el Presidente de la República el 20 de diciembre de ese año en el Diario Oficial de la Federación.

     Resulta por demás lamentable la falta de voluntad de las comisiones para integrar en el anteproyecto de dictamen el análisis de las propuestas presentadas por Lilia González Amaya y Jesús González Ramírez, integrantes de Alianza Cívica Nuevo León A.C.; por María Dolores Leal Cantú, diputada del Grupo Legislativo Nueva Alianza; por Clara Luz Flores Carrales, ex candidata a la Gubernatura y, por Asael Sepúlveda Martínez y su servidora, integrantes del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo.

     Si bien nuestra Constitución Política del Estado dispone, en sus artículos 148, 149, 150, 151 y 152, las reglas que se guardarán para discutir y aprobar reformas constitucionales, procedimentalmente las comisiones deberían incluir en sus dictámenes el análisis de todas las iniciativas que versen sobre un mismo asunto y más aun tratándose de temas sobre democracia participativa.

     Democratizar el sistema político centralista, antidemocrático y autoritario a partir de una genuina participación ciudadana, es una lucha que emprendimos como Partido del Trabajo desde hace 30 años y que hemos sostenido para hacer realidad nuestro ideal de ¡todo el poder al pueblo!

     Por ello, mediante la iniciativa de reforma que presentamos el 9 de febrero de este 2021, proponemos adecuar al marco jurídico estatal la reforma constitucional federal en materia de consulta popular y de revocación de mandato, pero no solamente del Gobernador del Estado con los mismos requisitos establecidos para el Presidente de la República, sino también de los Diputados, Presidentes Municipales, Regidores y Síndicos, cargos que no son contemplados en el anteproyecto de dictamen circulado.

     En la lucha por empoderar al pueblo, además proponemos inscribir en nuestra Constitución el referéndum, el plebiscito, la revocación de mandato, la consulta popular, el presupuesto participativo, la acción popular, la iniciativa popular, la voz ciudadana, las contralorías sociales, los consejos consultivos, las asambleas ciudadana y la afirmativa ficta como derechos de la ciudadanía, así como elevar a rango constitucional la Ley de Participación Ciudadana, la cual entró en vigor desde junio del 2016, pero cuyo mecanismo de la revocación de mandato no se puede ejercer por la falta de reforma constitucional.

     Exhortamos a los presidentes de las comisiones de Legislación y de Puntos Constitucionales a reelaborar el anteproyecto de dictamen, para que se incluya el análisis de las propuestas que aquí señalamos. No se trata solamente de revocar el mandado por la pérdida de confianza, sino dejar atrás la democracia representativa y abrir paso a la democracia participativa, directa y popular, para que el pueblo impulse los cambios verdaderos.

     Legislemos para que la ciudadanía, especialmente las clases trabajadoras de la ciudad y del campo, participen en las decisiones públicas para resolver sus necesidades y problemas de trascendencia estatal y municipal.