Revocación de mandato en Nuevo León: ¿cómo vamos?
Carlos M. López Hernández
Esto significó reconocer el derecho de los ciudadanos para revocar el mandato a sus servidores públicos, entre otros mecanismos importantes de participación ciudadana y democracia directa.
Sin embargo, si bien se aprobó la ley, la revocación de mandato no sería algo tan asequible después de todo, ya que había un “candado” adicional a lo racionalmente aceptable para que se diera forma a la instrumentalización de este ejercicio ciudadano.
Fue así como, mediante un artículo transitorio, se indicaba que no podría convocarse el ejercicio de revocación de mandato, sino hasta que se hicieran las modificaciones pertinentes a la constitución y a la ley electoral del estado.
Ahora bien, en el Congreso de Nuevo León, estos cambios no se realizaron en la constitución sino hasta seis años después, en diciembre de 2021.
No obstante, y nuevamente, en un artículo transitorio, se indicaba que la revocación de mandato no podría tener lugar sino hasta 2025.
Por tanto, habría que esperar cuatro años más para hacer efectivo este derecho ciudadano. Aunque, en realidad, la espera se extendía por cinco años más, lo cual da un total de nueve.
Esto es así porque en 2025 los tiempos que indica la Ley de Participación Ciudadana no se cumplen, por lo que se tendría que esperar, en primer lugar, a que finalice el periodo constitucional de la actual administración, lo cual será hasta 2027.
A esto, y en segundo lugar, hay que sumar los tres años más que corresponderían a la nueva administración para dar pie, ahora sí, a la revocación de mandato en el estado; es decir, hasta 2030.
Ahora bien, durante el conflicto político de Samuel García con el Congreso del estado –me refiero al «extraño» cambio de bando de varios presidentes municipales y diputados locales del PAN (especialmente) a Movimiento Ciudadano (el partido oficial)– así como su baja popularidad –a raíz de nulos resultados en materia de seguridad, corrupción, transporte, agua, etcétera– se presentó una iniciativa para modificar lo que se había aprobado en diciembre, con lo cual ya no sería necesaria esa espera de nueve años, sino que la revocación de mandato sería posible en esta administración (en 2024).
Tal iniciativa se presentó en junio de este año, la cual se aprobó en comisiones; es decir, se le dio el visto bueno para ser estudiada y discutida en sesión del Congreso.
Pero desde ese entonces ya no ha ocurrido nada más. Parece ser que entre el gobernador y el Congreso del estado se han hecho las paces. O al menos eso parece tras la aprobación de la “nueva” constitución.
Ante esto, todo parece indicar que la iniciativa para destrabar la revocación de mandato se quedó en la congeladora, por lo que, hasta este momento, resulta imperativa la espera de esos nueve años.
Por todo, así es como vamos en este rubro, a lo cual cabe preguntar: ¿de qué sirve reconocer un derecho (en 2016) como la revocación de mandato, si no se puede ejercer (hasta 14 años después, en 2030)?