Revocación de mandato en Nuevo León: ¿siempre sí?
Carlos M. López Hernández
Simplemente, cabe recordar que, en diciembre 17 de 2021, en el Congreso, casi por unanimidad –solo se registraron dos ausencias, una del PAN y otra de MC– se votaba a favor de modificar la constitución del estado para incorporar la figura de la revocación de mandato en su texto.
Sin embargo, esta adición estaba condicionada, ya que dejaba fuera el periodo constitucional de la actual administración de gobierno del estado. Siendo hasta 2025 el año posible para efectuar este ejercicio de democracia directa.
Por tanto, de cierta manera se blindaba a la administración actual, ya que no estaría sujeta a evaluación ciudadana. Hasta ahí, todo parecía tener buenos términos entre el gobernador y el Congreso; pintaba que no habría enfrentamientos como lo hubo en la pasada administración estatal.
No obstante, los recientes conflictos, especialmente, entre los diputados del PAN con el gobernador, por el «chapulineo» de alcaldes y diputados para su partido, Movimiento Ciudadano; así como la disputa de la independencia del SAT estatal y la UIFE, han generado un choque político directo.
Por tal razón, ahora los diputados panistas, el pasado lunes 20, presentaron dos decretos en relación a la materia de revocación de mandato, con la excusa de dar la oportunidad a los ciudadanos de evaluar el desempeño del actual ejecutivo estatal, el cual, dicho sea de paso, no goza de la mayor aprobación actualmente.
Ante esto, el panorama no pintaría del todo bien para el actual gobernador, ya que su popularidad va en caída libre, sin posibilidades de recuperarse, pues el descontento es generalizado; principalmente, por los problemas que tiene la entidad con el servicio de agua y una que otra lamentable declaración, en redes, por el mandatario, como pedir a los ciudadanos que «no se manifiesten».
Con todo, si bien es indispensable incorporar estos ejercicios de democracia directa, no hay que olvidarse del análisis político como tal, es decir, de las intenciones detrás de estas decisiones.
Esto porque, dentro de los decretos presentados por la bancada panista en relación a la figura de revocación de mandato, se contempla que, de resultar vinculante la consulta, será el presidente del Congreso el que tomará el lugar de gobernador, el cual, dentro de los treinta días siguientes, el mismo Congreso decidirá quién concluirá el período constitucional, conforme al artículo 91 de la constitución local.
Por tanto, habría que estar pendientes respecto a quién se proyecta como nuevo presidente del Congreso, y qué personajes políticos serían posibles candidatos para ser gobernador interino.
En ese sentido, por lo mismo, los diputados estarían «lavándose las manos»; dejando el «trabajo sucio» a los ciudadanos. Pues serían estos últimos los que podrían terminar con el periodo constitucional del actual mandatario y, por ende, con el conflicto directo entre ambas partes.
Puesto que sería el Congreso el que decida quién terminará por gobernar los restantes tres años. No habría elecciones nuevas, por lo que el argumento señalado en el decreto de: «el pueblo pone, el pueblo quita» (en términos generales) sería una completa falacia, al negársele elegir su nuevo mandatario.
En fin, habrá que estar pendientes respecto a estos posibles cambios legislativos, los cuales, de seguir acrecentándose el descontento ciudadano, es muy posible que, después de todo, sí sea posible la revocación de mandato en Nuevo León, lo cual sería histórico, a pesar que quizá todo sea gracias a un choque político directo entre el Congreso y el gobernador, mas no por un interés legítimo en atención de lo que demandan los ciudadanos.