Rigoberta Menchú
Ernesto Hernández Norzagaray
No cabe duda de que con estos méritos ya es un personaje ilustre de los siglos XX y de este XXI; y eso llevaría a cuidar su imagen, quizá ya no como luchadora, política o figura legendaria del indigenismo, sino sobre todo por las funciones de la fundación que lleva su nombre, y tiene entre sus actividades otorgar distintivos a gobiernos que salvaguardan y promueven la garantía de la paz y los derechos humanos.
Viene a cuento esto porque esta semana otorgó al gobierno de Mazatlán el nombramiento de “Destino garante de Paz, Derechos Humanos y de inclusión”, lo que ha sorprendido a muchos mazatlecos interesados en lo público, pues el puerto vive desde hace un tiempo una espiral de violencia de género, homicidios dolosos, desapariciones forzadas; y existe una investigación en curso por presunta corrupción del gobierno que recibe el reconocimiento.
Nadie sabe si esta distinción que Menchú le da a Mazatlán es un acto de fe, o es resultado de una acuciosa investigación del estado que guardan los derechos humanos en el municipio sinaloense.
Y si fuera esto último, habría que preocuparse por la metodología y las fuentes consultadas para llegar a la conclusión de que el puerto es un destino de paz, derechos humanos e inclusión.
Es sabido que existen fundaciones no gubernamentales que tienen como una forma de financiamiento conferencias y otorgamiento de este tipo de reconocimientos a cambio de dinero. La agencia https://www.aurumbureau.com/es/conferencista/rigoberta-menchu-tum/ que promueve a la Nobel guatemalteca lo demuestra en su portal. Y las conferencias de Menchú oscilan entre 20 y 50 mil dólares, dependiendo de las características de la participación; y probablemente del tipo de reconocimiento que entrega al ente público.
Claro, los tres niveles de gobierno, en cualquier país, necesitan permanentemente que se evalúe su despeño y que lo certifiquen instituciones autorizadas, pues eso vende sobre todo a un destino turístico en expansión. Mazatlán ha venido perdiendo playas certificadas, pues de seis solo le quedan dos; y existe una relación directa con los frutos para presumir un buen gobierno; pero cuando no es así, o existen dudas sobre su desempeño, el resultado es el contrario, por las reacciones adversas que provoca; y más si existe la sospecha de que ese reconocimiento ha sido pagado con los recursos de los contribuyentes.
A Luis Guillermo Benítez Torres, que va en su segundo mandato, le costó –al menos eso dijo Mario Delgado– la postulación como candidato a gobernador, por las denuncias de violencia de género que había interpuesto contra él Elsa Isela Bojórquez Mascareño, la ex Síndica Procuradora, ante las instancias de justicia partidaria.
Luego en un enroque con el Partido Sinaloense, salvó la postulación y se convirtió en su candidato de manera que, en fórmula con Morena, ratificó su permanencia en el cargo de alcalde de la llamada Perla del Pacífico, y gracias al segundo tsunami obradorista.
Mazatlán, sin duda, está llamado a permanecer siendo uno de los principales destinos turísticos de playa en el país y especialmente en la costa del océano Pacífico. El exgobernador Quirino Ordaz atrajo grandes inversiones públicas y privadas al puerto, de tal manera que es otra la imagen mercadológica que tiene el puerto y al que se le agregan un entorno de pueblos mágicos y señoriales; sin embargo, pese a ese plus que tiene la Perla del Pacífico, no está exento de las tragedias que ocurren en otras regiones del país.
En Mazatlán hay un problema de violencia criminal vinculado a las desapariciones forzadas y, particularmente, durante el gobierno de Benítez Torres, que entre diciembre de 2018 y junio de este año, alcanzó la cifra infame de 547 personas que ya no regresaron a sus hogares. Así, se convirtió en el destino de playa con más casos en este tipo de delitos, incluso más que Culiacán, que en el mismo periodo acumuló 508 registros. Quizá están en aquella lógica de que “sin cuerpo no hay delito”, y de esa manera baja el índice de homicidios dolosos.
El gobernador Rubén Rocha entonces puede informar a sus gobernados que hay una baja en la batalla diaria contra el crimen; y sí, pero aumentan considerablemente los desaparecidos forzados. No menos importante es el caso de los feminicidios, que entre 2012-2022, en todo el estado alcanzó el número de 410 mujeres asesinadas; y Mazatlán ocupa el segundo lugar con 63 casos.
Además, el gobierno de Benítez Torres está siendo investigado por la Auditoría Superior del Estado (ASE), a raíz de una compra directa de 2 mil 139 lámparas a la empresa Azteca Lighting, por 400.8 millones de pesos, que son prácticamente el 25 por ciento del total del presupuesto anual; y todos los actores políticos están pendientes del resultado de la investigación que en estos días realiza la ASE, para eventualmente iniciar un juicio político, como ya ocurrió contra el exalcalde morenista de Culiacán, que fue desaforado por presuntos delitos menores.
En rigor, habría elementos suficientes para ser cautelosos, tanto de parte del alcalde Benítez Torres, como de la propia Rigoberta Menchú, quien no queda bien parada dando este tipo de reconocimiento,s sin mayor evidencia que lo sustente; y es que demuestra con ello poco conocimiento de lo que ocurre en el puerto, considerándolo de “garante de paz, derechos humanos e inclusión”; claro, la señora Menchú vendió su producto y recogió su cheque, para luego volver a Guatemala; pero su paso por el puerto deja la sensación de haber realizado un fraude a los mazatlecos, porque reconoce algo que no existe más que en el deseo de que así sea, y presumir con sombrero ajeno, cuando la realidad es otra.
En fin, la señora Menchú tiene toda la razón de que el cambio está en cada uno; y así hay que andar por la vida con la frente en alto.
Al tiempo.