Se busca fiscal general, no a un político
Carlos M. López Hernández
Más de 25 personas se registraron en la convocatoria. Entre ellas se encuentra Adrián de la Garza Santos, quien ya anteriormente fue procurador del estado durante el gobierno de Rodrigo Medina de la Cruz.
Renunció a su cargo en 2015, con el propósito de contender por la alcaldía del municipio de Monterrey, donde fue presidente municipal por dos periodos. Luego, en 2021, se postuló para ser gobernador del estado y quedó en segundo lugar.
Pero más allá de esto, lo cual es uno de los puntos en cuestión que más llama la atención en medios y opinión pública, lo que se está buscando es un fiscal general, y no a una persona cuya trayectoria tiene mayor relación con factores políticos, que con la correcta procuración de justicia.
Ciertamente la constitución del estado de Nuevo León en ningún momento establece que para ser fiscal general sea necesaria una sólida formación en la procuración de justicia.
Únicamente se establece que se debe “tener un perfil que le permita que la función de la procuración de justicia cumpla con los requisitos de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos” (artículo 158).
Sin embargo, una cuestión tan relevante como tener los conocimientos adecuados para el desempeño del cargo, es decir, contar con una formación adecuada, queda completamente descartado. Por lo mismo, no extraña que el proceso para su nombramiento sea una facultad discrecional del gobernador (artículo 159, fracción II) y por mayoría calificada del Congreso (artículo 159, fracción III).
Ante esto, el que no se requiera contar con una formación adecuada, lo único que se logra es politizar el proceso. De ahí quizá que surgen las sospechas de nombrar a un fiscal general a modo, ya sea para el gobernador o para el Congreso. Como señaló Aldo Fasci, ex secretario de seguridad pública del estado: «un vicegobernador».
Todo esto entraña que el proceso de selección está politizado. Por esta razón, la mayoría de los candidatos tiene una formación como tal para ser fiscal, sino que su trayectoria está relacionada con factores políticos, que poco o nada tienen que ver con la procuración de justicia.
Si se recuerda, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, ex fiscal general del estado, tampoco tenía una formación adecuada para fungir como fiscal. Su trayectoria estaba relacionada al poder judicial. Y no es lo mismo la administración que la procuración de justicia.
Ahora, tras su renuncia, se desempeñará como notario, pero, igualmente, para ello también es oportuna la formación. De otra forma, solo se revela el carácter político de estos procesos y designaciones.
Por todo, no por nada la mayoría de los candidatos no son ajenos a la opinión pública, pues deben más su trayectoria a una cuestión política, o a un proceso de designación altamente politizado, que haber aprobado un proceso de selección que otorga una especial atención a la formación adecuada.
Así las cosas, se busca un fiscal general que cuente con una formación adecuada para el desempeño de la procuración de justicia, no a un político.