Sistema de partidos
Edilberto Cervantes
Monterrey.- Después de meses en los que la atención de los ciudadanos se centró en los candidatos a puestos de elección popular, en sus estrategias de campaña y en los resultados en las urnas, el saldo para los partidos políticos ha sido sumamente desigual. El partido ganador, con mucha ventaja, es Morena. El PRD está a punto de desaparecer. El PRI muy debilitado y con insurgencia interna. El PAN con votación reducida y un liderazgo cuestionado. El PT se sostiene con presencia en algunas regiones. El Partido Verde sobrevive con apoyos de algunos segmentos de electores. En estas condiciones la situación prevaleciente se puede calificar como de régimen de “partido dominante”.
Se ha querido equiparar la situación electoral actual con la que se presentó en 1976, cuando solo hubo un contendiente por la Presidencia de la República: el candidato del PRI (López Portillo). En ese episodio fue señalada la debilidad o complicidad del PAN, al no postular candidato, cuando era prácticamente el único partido de oposición. El régimen priísta no vivía sus mejores épocas; estaba cuestionado por ejercer el poder en forma represiva (en contra de los jóvenes y de organizaciones sindicales) y la economía atravesaba por dificultades. El proceso para elegir al candidato del PRI se señalaba como respondiendo al “amiguismo”. La comparación no es válida.
A partir de esas elecciones se planteó que había que fortalecer el régimen democrático. De entonces a la fecha (casi cinco décadas) se han realizado buen número de reformas; centradas principalmente en la vigencia de los partidos políticos y de las elecciones, como los elementos fundamentales del sistema. El Instituto Federal Electoral, creado en 1990, sustituyó a la Comisión Federal Electoral, que presidía el Secretario de Gobernación. Se creó así un órgano independiente, con el propósito de evitar la “ingerencia” del gobierno en las elecciones. El IFE experimentó cuatro reformas: en 1993, 1994, 1996 y 2007. En el 2007 se le otorgaron instrumentos para sancionar no solo a los partidos políticos sino también a los ciudadanos, militantes y candidatos de los partidos políticos, así como a los concesionarios de los medios electrónicos de comunicación. Finalmente lo sustituyó el INE, como lo conocemos ahora.
En el 2007, con el INE, se estableció una autoridad electoral de carácter nacional y una legislación única, que se encargará de las elecciones federales, de las estatales y las municipales.
El sistema electoral ha evolucionado, para incluir criterios de equidad de género y de representación de las comunidades originarias; se aprobó la reelección en los diputados federales, en los diputados locales y las presidencias municipales. (Habría que recordar que el “principio de no reelección” fue un pilar del sistema político mexicano a lo largo del siglo XX.) Se incluyeron figuras como la representación proporcional y los denominados “plurinominales”. Los criterios para asignar posiciones en los congresos también han ido variando y con algún propósito de “gobernabilidad” se adjudican posiciones adicionales a las que directamente señalan la cantidad de votos. En todos estos procesos las dirigencias de los partidos tienen el mayor poder.
El hecho es que cada elección se realiza con modificaciones legales respecto a la anterior. Las disposiciones y procedimientos que deben observar los partidos son un conjunto complejo que demanda especialización. Las quejas, impugnaciones o acusaciones, son variadas y tienen que presentarse en “tiempo y forma” para que resulten atendibles.
En el centro de este “sistema” se encuentran los partidos. Son los instrumentos institucionales para decidir quiénes serán candidatos y quiénes pueden reelegirse, delinear las campañas y recibir y administrar los recursos públicos a los que tienen derecho conforme a su presencia electoral. Es un “sistema” cuyo punto central son las elecciones y con ello el acceso a los puestos públicos.
El INE se encarga de organizar los procesos electorales y aplica una suerte de administración de la política. Define criterios, tiempos y procedimientos y resuelve si algún actor político comete alguna violación a las numerosas y curiosas reglas. El INE establece los calendarios para hacer política. La “administración de la política” es así un tema central en el sistema electoral mexicano.
Hace algunos meses se generó una confrontación en torno al INE, ante el intento presidencial de hacer modificaciones en la institución. El “INE no se toca”: fue una especie de reyerta entre el presidente y una oposición que se autodenominaba ciudadana, haciendo a un lado a los partidos políticos.
El hecho es que, ahora, en junio de 2024, el sistema de partidos dio cauce a la presencia hegemónica de un partido de muy reciente creación. La alianza opositora, integrada por el PRI, el PAN y el PRD, tuvo un desempeño muy pobre. El PRI y el PAN han sido aliados prácticamente desde 1990, con acuerdos en las políticas de gobierno y en los procesos electorales. La llegada de políticos panistas a la Presidencia de la República no se tradujo en ningún cambio sustancial en las políticas de gobierno, sobre todo en las prioridades económicas, ni en las formas de ejercer el poder. La alianza del PRI, PAN y PRD, que promovió el presidente Peña Nieto (priísta) –para consolidar las denominadas políticas neoliberales– se tradujo en modificaciones a las leyes y la creación de organismos que, como se planteó en su momento, buscaban blindar el esquema de la política económica. La OCDE jugó el papel de promotor del esquema. La alianza de partidos en torno a un único marco de política de gobierno provocó la pérdida de imagen de los tres partidos; se diluyó su perfil político. Nada de hablar de ideología política o de régimen de gobierno; como que estos conceptos son ya anacrónicos.
La pluralidad de partidos y por tanto la representación de posiciones políticas que reflejaran la diversidad de la sociedad mexicana, que ha sido la prédica de los impulsores de la “democracia electoral”, acabó diluyéndose víctima del ejercicio del poder de las propias élites partidistas. No se viven procesos democráticos al interior de los partidos.
El debate político en las últimas elecciones no se planteó entre posturas ideológicas o entre modelos de sociedad. La oferta política de Morena –con un segundo piso de la Cuarta Transformación– se sustenta en un “Humanismo mexicano” y en una promesa de “Prosperidad compartida”, con énfasis en los programas sociales. La oposición de PRI-PAN-PRD se sostuvo en un regreso a los programas de sus gobiernos anteriores; sin exhibir aval de que hubieran sido exitosos. El partido Movimiento Ciudadano, tampoco delineó algún perfil de sociedad o modelo económico; se dirigió a los jóvenes buscando ubicarse como su interlocutor.
La campaña en los medios tradicionales y los medios electrónicos, se alimentó con posturas de personalidades y grupos de poder; con la persistente crítica a AMLO por parte de los miembros de la autollamada “comentocracia” y las respuestas diarias del presidente en las mañaneras, alimentando un clima de confrontación con el recurso de las fakenews. Nada que contribuyera a mejorar la cultura política.
Ahora veremos cómo las elites partidistas procesan el nuevo entorno político. La participación ciudadana, restringida a la mera acción de votar, no tiene cauces para hacerse presente en la toma de decisiones de los órganos de gobierno y menos en la gestión de los partidos. Las élites partidistas son un poder por sí mismo.
La evolución del sistema de partidos no ha servido para alentar las prácticas democráticas. La participación en las elecciones involucra al 50-60 del padrón electoral. Mucho menos se ha avanzado en las prácticas de una democracia participativa.
Buena parte del resto del Mundo no está en mejores condiciones.