Trabajo legislativo: negocio político
Carlos M. López Hernández
Dicha sorpresa se la llevaron los otros partidos de la alianza “Va por México”, conformada por el PRI, PAN y PRD, cuyos dirigentes, Marco Cortés y Jesús Zambrano, argumentaron que estaban en contra de la «militarización del país», tras una agenda electoral y legislativa firmada en 2021.
A esto habría que añadir su declarada «moratoria constitucional», la cual, por decreto, consiste en no apoyar ninguna reforma que provenga del ejecutivo federal.
Ahora bien, para otros, esto es el resultado de lo que se traía entre manos el partido en el poder, cuando empezar a revelarse diversos audios comprometedores del dirigente nacional del PRI: Alejandro Moreno (“Alito”).
Incluso, se ha llegado a señalar que se ha inventado una nueva forma de legislar; o, mejor dicho, de lograr mayorías en el Congreso, cuando no se tienen.
Se asegura, por tanto, que a “Alito”, no le quedaba de otra más que ceder, pues las evidencias de corrupción de su mandato como gobernador del estado de Campeche, así como siendo dirigente nacional del PRI, le acreditaba un proceso penal serio.
Esto sería, entonces, un acuerdo para evitar la apertura de un expediente penal, a cambio de apoyar la “militarización del país”, y votar a favor de algunas reformas. Visto así, el trabajo legislativo se convierte en negocio político.
De ahí que algunos aseguren que no fue casualidad que el PRI haya votado a favor de la reforma de la Guardia Nacional, sino que también que la actual gobernadora de Campeche, Layda Sansores, haya decidido no divulgar más audios de “Alito”.
Esto da a entender que la aprobación de la reforma a la Guardia Nacional y la iniciativa presentada por el PRI, son producto del chantaje: ¿Por qué otra razón votarían sus legisladores a favor de algo que ya habían manifestado no estar de acuerdo?
En realidad, esto está muy lejos de ser una nueva forma de legislar. Por años, esta ha sido una, de muchas, formas por las cuales se logran los apoyos en los congresos y se aprueban reformas que parecían no lograrse. Pero tampoco se trata de justificar este tipo de acciones y aceptarlas, como si fueran parte de la normalidad.
En el fondo, se trata de dejar claro que, más allá de lo que ordene el partido a sus miembros, los diputados y senadores se deben a sus electores.
En política no vale lo de Gustavo Zagrebelsky, jurista italiano y ex juez de la Corte Constitucional de ese país, quien sostenía que los jueces deberían tener cierta «ingratitud» contra el político que los apoyó para llegar a su cargo, ya que su deber es a la constitución, no al político.
Por todo, si existió un chantaje a “Alito”, es una acción reprobable. Sin embargo, lo que realmente se necesita es contar con un cuerpo legislativo que tenga conciencia de sus acciones y deba su trabajo a sus electores, mas no estar a la expectativa de lo que le ordenen desde el partido.