Monterrey.- Las llamadas contralorías autónomas del agua son formas organizativas que han surgido como parte del trabajo de diferentes grupos sociales, para promover la promulgación de una nueva ley de aguas en sustitución de la vigente en estos momentos en el país, y que buscan influir en el quehacer gubernamental en torno a la gestión del agua y su entorno natural a través de la participación de las personas y comunidades afectadas por su mal manejo.
Como parte del proceso anterior ha surgido eventualmente la idea de la creación de una contraloría para el AMM basada en las experiencias anteriores, y en días pasados tuvo lugar un taller inicial en la Unidad Monterrey de El Colegio de la Frontera Norte, donde se examinaron tanto las estrategias y acciones que siguieron otros grupos en la construcción de sus organizaciones, como las presentaciones de grupos interesados en el AMM. El desarrollo de este ejercicio preliminar dejó entrever por un lado las diferencias que presenta el AMM a comparación con otros contextos nacionales, y por otro lado los desafíos que tendrán ante sí los actores y grupos interesados en participar en el proceso, entre los que sobresalen la necesidad de una capacidad de movilización y compromiso de las personas detrás de cada iniciativa; la identificación de temas detonadores estratégicos como base de convocatoria para atraer a otros grupos a participar en el proceso, así como compartir principios, generar planes de acción y sobre todo crear una identidad propia.
El estado de Nuevo León y especialmente el AMM representan un caso muy especial para ser abordado siguiendo las experiencias de otras contralorías. Un factor importante es la vocación misma de Monterrey y su área metropolitana como un centro industrial de primer orden y donde la participación histórica del sector empresarial en el manejo de los recursos hídricos ha sido central. Esta característica y la concentración de más del 90% de la población en el AMM con la conurbación de nuevos municipios, dan a la problemática hídrica del estado una condición básicamente urbana. En este contexto el suministro y coberturas de agua potable han sido los desafíos
históricos a resolver por parte de los diferentes organismos a cargo del servicio, enfrentando movilizaciones de la ciudadanía en en las décadas de 1970 y 1980, y posteriormente durante la llamada crisis del agua en los meses de verano de 2022, donde los sectores socioeconómicos bajos fueron los más afectados, canalizando sus protestas a través de manifestaciones ante el mismo palacio municipal, así como el bloqueo de vialidades.
En la actualidad surge la interrogante sobre la existencia de una base social suficientemente consolidada para apoyar una movilización similar a las ocurridas en años anteriores, cuyo interés vaya más allá de la satisfacción de las necesidades de disponibilidad de agua potable en los hogares. Entre las propuestas presentadas en el taller de referencia esta el tema de recuperación y protección de cursos urbanos como es el río Santa Catarina cuya presencia pública ha estado limitada a los grupos no gubernamentales, y persiste la duda sobre su relevancia como un tema detonador para generar conciencia y compromiso entre diferentes grupos socioeconómicos.
La idea de la construcción de una contraloría autónoma del agua para el AMM no deja de ser relevante, si bien sus características e identidad estarán necesariamente condicionadas a las diferencias mencionadas anteriormente. La capacidad de los posibles actores responsables del proyecto no estará en duda al tratarse de diagnósticos o programas de trabajo que son parte esencial de la creación de una contraloría. El desafío central estará en su capacidad de movilización y atracción de otros grupos, así como de influir en las decisiones gubernamentales que inciden en la gestión del agua en el AMM.
* Profesor-investigador de El Colegio de la Frontera Norte, Unidad Monterrey.
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