TRANSICIONES
Desaparecer en Baja California
Artemisa López León

Tijuana.- La desaparición forzada es una dolorosa problemática que aqueja a México y que se ha agravado en los últimos años. El primer caso de desaparición que da cuenta el Registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas (RNPDNO) data de junio de 1921 y se sabe que se trata de un hombre que desapareció en Jalisco.

Actualmente, el RNPDNO reporta más de doscientas ochenta mil personas desaparecidas y no localizadas, el 60% de los casos han sido personas que lograron localizarse pero más de un 7% de ellas fueron localizadas sin vida.

En lo que va del siglo XXI hay más de noventa y seis mil personas desaparecidas y no localizadas en el país; un tercio de ellas desaparecidas en alguno de los seis estados de la frontera norte de México. Estos números fríos sólo son un botón de muestra de la gravedad de la problemática.

Elementa DDHH ha documentado la desaparición de personas en Baja California, desde 2007, a través de su sitio Web “Desaparecer en Baja California” (https://elementaddhh.org/desaparecer-en-baja-california/), un importante proyecto de esta organización multidisciplinaria y feminista que, en México y Colombia, contribuye a la construcción y fortalecimiento de los derechos humanos, con un enfoque socio-jurídico y político.

En Baja California, tristemente, durante las últimas semanas, la desaparición forzada ha cobrado gran relevancia por el foco rojo que representa. Primero, el pasado 15 de abril dio inicio la Cuarta Brigada Estatal de Búsqueda de Desaparecidos en Baja California integrada por colectivos locales, nacionales e internacionales. Esta brigada inició formalmente sus trabajos en Tecate con el lema “¿Por qué los buscamos? Porque los amamos” y han encontrado al menos cinco casos positivos en Mexicali, San Quintín y Ensenada, esto es, en tres de los siete municipios que conforman la entidad, lo que muestra lo generalizado de la desaparición forzada.

Segundo, a principios de abril desaparecieron tres jóvenes en la zona de antros de Mexicali, que se sumaron a otras desapariciones previas, particularmente en bares de la capital del estado, como el Shots Factory y El Copeo. La no localización de jóvenes y la actitud de las autoridades, llevó a sus familiares a realizar diversas protestas y exigir el cateo de los bares. Estas desapariciones ponen en la mesa la necesidad de establecer estrategias preventivas y correctivas urgentes porque, a diferencia de la generalidad de las desapariciones, en estos casos es evidente que hay una zona, un perfil de víctima y un modus operandi específicos y se requiere atención inmediata y focalizada.

Tercero, el pasado 22 de abril, en Tijuana, desapareció Carlos Ontiveros, hijo de Diana Loza, exAgente del Ministerio Público en la Unidad de Desapariciones de la Fiscalía General del Estado en Baja California; hasta el momento, sólo se ha encontrado el vehículo del joven y hay un presunto responsable detenido. Esta desaparición es la clara imagen de la vulnerabilidad de la población bajacaliforniana.

Cuarto, hace unos días se emitió una alerta amber para localizar a Melissa Gómez Reyes, una joven de diecisiete años que fue vista, por última vez, el pasado 11 de abril en San Diego y se sabía que se dirigía a Tijuana. Esta alerta resalta la necesidad de una expedita y sincronizada cooperación transfronteriza entre las autoridades de México y Estados Unidos; algo de vital importancia para evitar la violación pluriofensiva de los derechos humanos en las fronteras internacionales.

Los seres humanos no somos volátiles ni tenemos el súper poder de esfumarnos, por tanto, desaparecer no debería ser una preocupación para nadie, en ningún momento, en ningún lugar del mundo, bajo ninguna circunstancia.


* Investigadora de El Colegio de la Frontera Norte.