Monterrey.- En los últimos días, las y los usuarios del transporte público en la zona metropolitana de Monterrey han enfrentado graves problemas debido a la falta de transporte suficiente para cubrir sus rutas diarias. Esta situación ha dejado a miles de personas sin poder llegar a tiempo a sus trabajos, escuelas o citas médicas, complicando su vida cotidiana y quitando tiempo de calidad con sus familias.
Los transportistas han denunciado la falta de pagos por parte del gobierno, lo que ha agravado aún más la crisis, reduciendo drásticamente el servicio y creando un sistema inaccesible y poco confiable. Esto obliga a los usuarios a soportar largas esperas y traslados ineficientes, limitando su acceso a servicios esenciales y afectando su calidad de vida y salud mental.
A esto se suma el aumento de las tarifas, que ha puesto una presión adicional sobre la economía de las familias que dependen del transporte público, y estos incrementos no garantizan mejoras en el servicio. Además, la imposición de un sistema de prepago, que impide el pago del servicio en efectivo, complica aún más el acceso al transporte para muchas personas y representa una carga inaceptable. Las soluciones tecnológicas, sin la infraestructura adecuada, sólo exacerban los problemas existentes.
Desde el inicio de esta administración, se prometieron mejoras en el sistema de transporte público, incluyendo la adquisición de una nueva flota de camiones. Sin embargo, los autobuses no llegaron a tiempo, el costo de estos excedió lo previsto y la cantidad entregada fue insuficiente.
La movilidad es un servicio público y un derecho humano. Es responsabilidad del gobierno garantizar que cada persona en Nuevo León tenga acceso a un sistema de transporte que les permita vivir con dignidad y seguridad, más aún tomando en cuenta que existen poblaciones vulnerables en situaciones de desigualdad social que se ven mayormente afectadas con todas estas decisiones derivando en violaciones a los derechos humanos de las y los usuarios del transporte público.
Exigimos al Gobierno del Estado que actúe y resuelva de inmediato la crisis que agravaron y que está costando tanto a la ciudadanía. Si estas medidas no se toman de manera oportuna, consideraremos solicitar la renuncia del responsable de la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana. Es inaceptable que la movilidad continúe en las condiciones actuales.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. es una organización no gubernamental, apartidista, sin fines de lucro. Promueve y defiende los derechos humanos desde 1993.
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