Tómbola de jueces, magistrados y ministros
Ernesto Hernández Norzagaray

Mazatlán.- La Real Academia de la Lengua Española define como tómbola, aquella “Rifa pública de objetos diversos, generalmente como negocio de feria o con fines benéficos”, es decir, ninguna acepción compromete cargos públicos sino, simple y llanamente, está referido a un ejercicio donde están en juego unos objetos o bienes sujetos al azar.

Entonces, la palabra tómbola tiene una connotación lúdica y está asociada a los concursos que se celebran en las fiestas y ferias populares como parte de un gozo colectivo.

En cambio, los procesos de selección de jueces, magistrados y ministros es una cosa racional, están en juego posiciones de poder en materia de justicia, lo que de inmediato lo sitúa lejos del gozo, de ganar un muñeco o un florero.

Y es que estos servidores públicos de toga y birrete se les exige que sean los más preparados para que conociendo la ley impartan la justicia indispensable en toda sociedad democrática.

Esa es la constante en el mundo de la carrera judicial y, por lo tanto, está vinculado a la vocación, la preparación académica, honorabilidad profesional y, sobre todo, un alto sentido de justicia en el manejo de procesos judiciales, para que no dependa de las afinidades políticas o económicas que pueda tener en un régimen de separación de poderes y que para muchos ha sido su mayor debilidad y el insumo poderoso para esta reforma.

Y eso, lamentablemente, ya empezó en México, con la reforma constitucional en materia de judicial y que tiene como un producto tóxico el sorteo que se celebró en la sede de la Cámara de Senadores, que ipso facto determinó cuáles cargos judiciales estarán en una tómbola en 2025 y 2027.

Morena, en sus procesos internos de selección de candidatos a cargos de elección popular, una parte de ellos son escogidos mediante este procedimiento, de tal manera que frecuentemente personas que se registran para competir pasivamente en el proceso terminan siendo diputados, alcaldes o senadores, desechando la profesionalización política, para dar paso a la improvisación, con un alto costo para las instituciones.

Este mecanismo de selección Morena se lo compró al sistema judicial de Bolivia, que es el otro país latinoamericano y, quizá, todavía el único en el mundo, que selecciona a sus jueces, magistrados y ministros de la Corte constitucional mediante el voto popular.

Y esa manera ha provocado un debate intenso sobre los efectos que tendrá sobre la impartición de justicia, sin embargo, la mayoría calificada de una coalición de corte populista lo ha reducido a simple ruido legislativo.

Ya existe un calendario donde se va a ir cubriendo cada una de las fechas fatales, hasta llegar a principios de septiembre, cuando los elegidos por voto directo tomarán protesta de sus cargos, tanto en lo federal como en lo estatal.

Y comenzará una nueva etapa, no sólo del Poder Judicial, sino de la relación entre los poderes públicos, ya que la iniciativa convertida en Constitución y leyes reglamentarias por obra y gracia del Poder Ejecutivo y legislativo será, sin duda, un Poder sin poder propio, pues estará adosado a los otros poderes, lo que significa una aberración en un sistema republicano de separación de poderes.

Además, si a esta reforma le agregamos la política, que pretende reducir el número de diputados y senadores de representación proporcional, con el que sobreviven las minorías políticas, estamos en la puerta de la creación de un partido hegemónico que, como sucedió con el PRI, pretende quedarse indefinidamente en el poder, con una oposición testimonial e irrelevante.

Es decir, estamos ante un diseño constitucional y reglamentario digno de lo que técnicamente se clasifica como dictablanda y, muy pronto, podría poner en jaque las libertades públicas en un contexto, además, propicio, con la escalada de violencia que existen regiones completas del país y exigen la intervención de la temida manu militari.

Cárteles poderosos, tanto o más, que los que han sacudido la vida pública de Colombia y Ecuador, sin que en ellos se haya llegado a tanto en materia judicial han activado las alertas, porque el crimen organizado podría invertir fondos de dinero sucio, como lo ha hecho en las elecciones a lo largo de dos décadas, para la elección de jueces, magistrados y ministros, generando un lobby ad hoc a su servicio.

Y a pesar del llamado nacional e internacional para neutralizar ese gran riesgo, los pasos se siguen dando, de acuerdo con un calendario claramente establecido; y si no hay un cambio en las leyes reglamentarias, lo tendremos en operación para el último tercio del 2025.

En definitiva, la tómbola legislativa es la columna vertebral de lo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha aceptado que México está, no hay que dudarlo, en un cambio de régimen, de desmantelamiento de las instituciones, no del viejo régimen, porque esas ya se habían desmantelado o matizado durante el periodo de la transición a la democracia, ahora sí del viejo régimen priista, a otro, donde como sociedad avanzamos en la construcción de contrapesos institucionales que, al menos, en el corto plazo ya no habrá más.

O si, el gozo, que siempre genera toda tómbola a los ganadores de muñecos y floreros en medio de un azar que no lo será tanto, sea por los poderes fácticos o los propios políticos.