Una reforma judicial sí, pero...
Carlos M. López Hernández

Monterrey.- Parece que algunos aún no se han dado cuenta. Y no extraña, ya que solo en años recientes el poder judicial ha tomado una gran relevancia para los ciudadanos. Por lo mismo, los proyectos de reformas judiciales que hay por ahí no convencen, pues quieren moldearlo a como ellos entienden que es y no en el sentido de como debe ser.

Por tanto, existe un mal enfoque sobre cómo tratar y exigir al poder judicial. Por ejemplo, hace unos días la secretaria de gobernación, Luisa María Alcalde, en su cuenta de X (antes Twitter) escribió: “¿Qué señal se envía cuando el Poder Judicial ha protegido y hoy libera al ex fiscal de Morelos acusado de encubrir con peritajes y declaraciones falsas el feminicidio de Ariadna? #impunidad”.

Pero también, ese mismo día se decretaba libertad a Juan Collado Mocelo, ex abogado de Peña Nieto, quien se encontraba en prisión preventiva por varios delitos, entre ellos el de delincuencia organizada y lavado de dinero. No obstante, con esta decisión, solo se le permite llevar su proceso penal en libertad; aún falta establecer su responsabilidad penal.

Ahora bien, aunque estos casos son netamente distintos, la respuesta ciudadana para ambos es exactamente la misma. Por tanto, aunque el primer caso obedece a reglas constitucionales, es decir, porque Uriel Carmona, fiscal de Morelos, tiene un fuero constitucional, motivo por el que se ordenó su libertad; y el segundo caso, el de Juan Collado, su libertad provisional se debe a cuestiones de salud, para el observatorio ciudadano el mensaje es el mismo y genera la misma conclusión.

Por lo mismo, parece que no hay un análisis de fondo y tampoco una intención de informarse correctamente, con lo cual comprender por qué el poder judicial actúa como actúa. Por lo mismo, las acciones que se realizan contra el poder judicial, como protestas frente a la Suprema Corte de Justicia (SCJN) o planear una reforma judicial, incluso sin fueran por los motivos que señalan algunos ciudadanos (corrupción e impunidad), aún con eso el enfoque seguiría siendo erróneo.

Y es que a los jueces poco o nada les interesa el juego político. Por supuesto, aunque sus sentencias judiciales son mensajes políticos, no todas se interpretan de una forma correcta.

Basta con los ejemplos descritos, pues se tratan de dos casos excepcionales. Habría que preguntar a los ciudadanos qué decisión tomarían en estos casos, y ver si al final no caen en contradicciones.

Por ejemplo, en el caso de Uriel Carmona, aunque existe sospecha de encubrir un feminicidio, también hay principios procesales que le favorecen, además de contar con fuero al ser fiscal. Mientras que en el caso de Juan Collado, habría que analizar las objeciones para que se le niegue atención médica.

Por supuesto, eso no es todo. Alguien dirá que el problema real es que la justicia se corrompe por poder y dinero. No es lo mismo ser un ciudadano común que ser un fiscal o un profesional muy conocido. Razón por la cual no todos obtienen la justicia que se merecen. Y tienen razón.

Sin embargo, ante ese tipo de cuestiones no valen las manifestaciones ni tampoco proponer reformas de forma, sino que se necesita, en primera instancia, voluntad; que los jueces estén dispuestos a cambiar ¿Qué sería del poder judicial mexicano de existir un activismo judicial?

Ciertamente, una reforma judicial es necesaria. Pero el mayor cambio no depende de qué se proyecta en una ley. Y eso lo entendió perfectamente Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF): “cambio de mentalidad y de conducta”.