Una sangría más al Estado
Filiberto Pinelo Sansores
Mérida.- Un ejemplo de que los políticos de los corruptos partidos de la derecha mexicana están cortados con la misma tijera, es lo que está haciendo el desgobernador de Yucatán, Mauricio Vila, del PAN, aprovechando al máximo los últimos días que le quedan en el cargo, desde donde ayudó a que su partido perdiera la elección.
Al través del único diputado que tiene en la legislatura que termina del congreso local, el partido de medio pelo conocido como Nueva Alianza –un ex líder charro del magisterio, llamado Crescencio Gutiérrez, entreguista a cual más, quien presentó la iniciativa como si de él hubiera nacido– y del blanquiazul, que tiene en ella abrumadora mayoría, hizo aprobar una reforma legal que le va a permitir sangrar unos años más después de dejar el cargo, las finanzas de estado.
Del mismo modo que, toda proporción guardada, hicieron los ex presidentes del país pertenecientes al PRIAN, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, que impusieron por medio de sus diputados y senadores leyes que les permitían que cuando se retiraran de sus puestos, siguieran disponiendo de cuantiosas partidas del presupuesto en jubilaciones y otras canonjías, Vila ha hecho aprobar disposiciones legales que le van a permitir seguir disfrutando, eterna e indebidamente, del dinero de los contribuyentes.
Hizo que sus incondicionales modificaran artículos de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, para que esta lo beneficiara de una manera brutalmente grotesca. De tal modo que, a partir de la publicación de estos cambios en el Periódico Oficial, Vila podrá gozar de un equipo de protección a su persona integrado por escoltas, vehículos, armamento y viáticos para el personal que lo acompañará, dentro y fuera del estado, no sólo a un alto costo para el erario sino, prácticamente, por el tiempo que le queda de vida. Será como un capo rodeado de guardaespaldas con los que se pavoneará por todos lados cuando, en unos días, deje la titularidad del Ejecutivo.
No conforme con lo que establecía la ley acerca del uso de escoltas que ya, de por sí, implicaba un alto costo para el fisco, hizo modificar esta para que su imagen de funcionario prepotente se hiciera más notoria. Los cambios se hicieron con tres propósitos: aumentar el número de elementos que integrarán el personal que lo cuidará; ampliar el radio de acción de éste –para gozar de la protección privilegiada dentro y fuera del estado– y tener la inusual prebenda de ser cuidado por cuerpos del estado toda la vida.
Los dos artículos que hizo modificar fueron el 45 y el 47 de la referida ley. El primero establecía que “El servicio de escolta pública se prestará a las autoridades” –que se señalan en un artículo anterior, entre ellas, quien haya sido gobernador– “por un tiempo igual al que hayan desempeñado el cargo, siempre que hayan permanecido en él, al menos, un año cumplido”. También decía: “Dicho servicio podrá ser renovado por un segundo periodo, a solicitud de parte”.
Los cambios que Vila ordenó hacer fueron a la última parte para que en lugar de la renovación por sólo “un segundo periodo” el artículo diga: el “servicio podrá ser renovado para periodos posteriores”, sin poner límites, lo que quiere decir, que bastará con que cada seis años, Vila haga su solicitud formal para que el servicio le sea renovado per sécula seculórum.
El segundo de ellos, el 47, decía que: “La Secretaría de Seguridad Pública dispondrá, para la prestación del servicio de escolta pública que se otorgue a las autoridades” –con derecho a él– de, “al menos, cuatro integrantes, un automóvil, sistema de comunicación, armamento y demás equipo que les permita el correcto desempeño de sus funciones”.
El gobernador lo hizo cambiar para que en lugar de cuatro integrantes, sean ocho, el doble, con la opción de aumentarlos a 12; que en lugar de un automóvil, sean dos, con la opción de llegar a 4; antes no se consideraban viáticos para cada integrante del equipo, ahora sí.
Además, hizo agregar en la ley lo siguiente: “En caso de que alguna de las personas a que se refiere el párrafo anterior (o sea él), al término de su mandato, inmediatamente desempeñare un cargo público o de elección popular en territorio nacional fuera de Yucatán, contará con cuatro integrantes (escoltas) y dos vehículos adicionales a lo previsto en el párrafo anterior, con sus respectivos sistemas de comunicación, armamento, viáticos y demás equipo que les permita el adecuado desempeño de sus funciones en el lugar del ejercicio del cargo público o de elección popular de que se trate”.
Esto último es precisamente porque el susodicho Vila, por obra y gracia de ser parte de la camarilla de aprovechados que dirige su partido, fue premiado con una senaduría de representación proporcional en la próxima legislatura. Fue puesto en la respectiva lista plurinominal del PAN en el lugar 7 como titular y, en el lugar 5 como suplente de alguien que, a su vez, era primera fórmula de la planilla del partido al senado en el Estado de México. No pudo entrar desde la primera posición porque los votos no le alcanzaron al partido para que entraran 7; pero sí como suplente del que en el Estado de México logró entrar al senado como primera fórmula perdedora.
Tendremos entonces a un costoso senador que llegará a la Cámara acompañado de guaruras y equipos que le costarán a los yucatecos un ojo de la cara.
Nunca había tenido Yucatán un gobernador tan oportunista, aprovechado y fantoche como éste. No obstante haber dejado al estado sumamente endeudado, pues su gobierno hizo subir la deuda estatal de 3 mil 621.4 millones de pesos a 7 mil 821.7 millones (116 por ciento), Vila ha querido imponerle una carga más, pues la propuesta que le fue aprobada en el Congreso local por sus incondicionales duplica o triplica el costo de este exclusivo servicio que no necesita porque, como él mismo presume con frecuencia, Yucatán es el estado más seguro del país y, que se sepa, nunca ha metido a la cárcel a ningún capo.