Mazatlán.- “Estamos combatiendo las causas de la violencia”, lo ha vuelto a decir el presidente López Obrador, como respuesta a William Barr, el ex fiscal de los Estados Unidos, quien ha dicho, con todo lo que pudiera significar, que el gobierno mexicano “ha perdido el control del país [los cárteles] tienen decenas de miles de millones de dólares. Pueden corromper a quien quieran y tienen ejércitos vestidos como militares y vehículos blindados [con un presidente] que cree en los abrazos no en las balas, y están perdiendo”.
Clara la postura.
Y la pregunta que muchos nos hacemos es cuándo será el momento oportuno para el balance de esa política pública, que si se mide por el número de homicidios y desaparecidos, habrá que darle la razón a ese ex funcionario de la administración Trump.
Quienes saben de diseño e instrumentación de políticas públicas, dicen que estas deben estarse revisando constantemente para hacer los ajustes correspondientes y de esa manera, ser más eficiente y eficaz en el tratamiento de los problemas públicos.
Y es que, seguramente, los ciudadanos que sufren diariamente esa falta de ajuste en cualquier lugar del país esperan el día que cambie ese relato pero, por lo escuchado, no está en la agenda de los próximos años.
O sea, que los grupos del crimen organizado seguirán fortaleciéndose al mismo tiempo que se deteriora la vida pública y se desvanece el relato de que vamos “saliendo adelante”.
Hay quienes afirman que tarde o temprano no va a quedar de otra que utilizar al ejército para combatir a los cárteles. Caramba, pero aceptar eso significaría que ha estado de mera escenografía u ocupado en las otras tareas que les ha asignado el presidente, como es la construcción del nuevo aeropuerto de Santa Lucía, o el control de las aduanas.
Implícitamente acepta que el ejército no está haciendo lo que constitucionalmente le corresponde en materia de seguridad o, mejor, que cumple funciones más bien disuasorias que de combate al crimen organizado.
La situación se ha agravado y probablemente va a agravarse más. La espiral de la estadística sigue siendo ascendente, por más que la secretaría de Seguridad Pública y el presidente jueguen con las tendencias de corto plazo, de una semana a otra, de un día a otro. Los números oficiales lo dicen todo. Más de 110 mil homicidios dolosos, 33 periodistas asesinados y decenas de miles desaparecidos en lo poco más de tres años de gobierno obradorista.
Ni para qué compararlo con los números de los gobiernos del PRIAN. Esto ya se salió de control. No se ve que con la “política de abrazos no balazos” se vaya a componer una situación que es producto de la acumulación de las fuerzas criminales y la ausencia de una política eficaz, dinámica, regionalizada y capaz de ir tope con lo que tope.
Porque en el asunto de la seguridad nacional cada vez está más claro que enfrenta una complejidad de intereses, pues van desde el narcomenudeo hasta el mundo financiero; del asalto en el transporte público urbano, a la intervención en los procesos electorales; y la lista es larga.
Nada parece estar fuera de su alcance. Y eso ha debilitado las instituciones públicas, lo que podría acercarnos a que la “solución” no se vea en los poderes electos sino, paradójicamente, en los militares. La manu militare, “con la fuerza de las armas”, como se acostumbraba a decir en los años siniestros de las dictaduras militares latinoamericanas. La de los Videla, los Pinochet, los Stroessner.
O, para decirlo en una forma menos dramática, a través de gobiernos civiles con una clara vocación autoritaria; y hoy, ahí están los Maduro, los Ortega, como ejemplo de esa anomalía. Y esto podría dar paso a figuras en la política que acudan al recurso de la incapacidad de las instituciones para atender los problemas ingentes de seguridad, corrupción, desigualdad social o crimen organizado, que levantarían la bandera del cuestionamiento contra: “quienes no han podido con el paquete, el cumplimiento de su propia oferta política”.
No hay que descartar que ese modelo de relevo podría estarse diseñando para buscar al indicado que enarbole las demandas insatisfechas de amplios segmentos de la población.
Finalmente, aun con o sin el resorte de la sintonía del obradorismo, nuestro pueblo es profundamente emocional y para muchos “la esperanza muere al último”, como lo indican los poll de encuestas.
Y no se trata del relato de izquierdas o derechas. En la posmodernidad y la civilización del espectáculo se explotan los sentimientos, el lado frágil de todos, no sólo los de la patria o el líder carismático, sino algo más simple, como es la sensación de inseguridad y el miedo que conlleva. Dar un sentido de protección a los suyos. A los cuates, a los del barrio, tener la tranquilidad de seguir comiendo tranquilamente en familia, que hoy se ve sobresaltado con las escenas dantescas que nos llegan desde Ucrania.
Es el discurso eficaz de los mercadólogos de ayer y hoy, que ofrecen a partidos y candidatos para insuflar esperanza a sus potenciales electores. Esa esperanza que se diluye cuando se escuchan y se ven las informaciones en la televisión o en las redes sociales, incluidas las noticias falsas.
O mejor, en su entorno inmediato, con la sensación de desprotección, fragilidad, temor. Dirán otros, que es excesivo y hasta deprimente este argumento, pero basta ser un poco sincero consigo mismo para saber si se está contento con lo que se tiene y lo que en su fuero interno desea para su tranquilidad.
Por eso, hoy más que nunca, el combate de las causas estructurales que fortalecen al crimen suena a una quimera que se quiere lograr con dinero, prebendas, relatos. O peor con la música de la ignorancia y el autoengaño. El mundo está dominado globalmente y este no habrá de crear mejores oportunidades para las democracias mientras las políticas sean salvajes y sigan segmentando a las sociedades. Y lo cultural está peor porque la cultura cambia a través de generaciones. La mejor prueba es que después de más de cuarenta años en que inició el proceso de construcción democrática, la defensa de sus instituciones todavía es un pendiente en una sociedad que prefiere defender al líder efímero, antes que a los productos de los arreglos institucionales.
Entonces, pedir al presidente que haga el balance de esa lucha, sin duda generosa, por combatir las causas que generan la violencia es una urgencia ética y práctica para que las instituciones funcionen, pues no hay de otra en democracia; y mejor, para salir del hoyo negro que nos revela con todo lo que signifique el exfiscal Barr.
Al tiempo.