Lo que no cuesta se despedicia.
Frase popular
Monterrey.- Los primeros pobladores de origen europeo, que tenían toda una historia de cómo aprovechar mejor el agua no aplicaron, paradójicamente, su experiencia como lo habían hecho tan eficazmente en Cerralvo, antes de asentar en este pródigo valle la capital del Nuevo Reino de León. La facildad natural para superar la incertidumbre en la provisión de agua fue el factor de mayor influencia para que, en esta zona semiárida, se estableciera la ciudad de Monterrey como centro de gravedad para la actividad regional, desde el inicio del segundo tercio de la colonia (siglo XVII) hasta nuestros días.
Bajo ese antecedente, la región llamada Río Bravo, se caracteriza por su decreciente índice de disponibilidad de agua, si consideramos el incierto acervo frente al constante aumento requerido, situación que se agrava cuando atípicamente se prolongan las sequías.
Para enfrentar la demanda del recurso en el AMM de las últimas décadas, sobre todo en momentos críticos, ha sido necesario acelerar su extracción desde el subsuelo y crear cuencas superficiales cada vez más alejadas; en ambos casos incrementando los costos de producción y generando conflictos potenciales entre los usuarios de las diferentes fuentes. No se da cuenta del volumen de aguas tratadas ni de una normatividad para su aprovechamiento por el sector público, la industria y los servicios, no se diga de su posible envío al medio rural.
Los estudios sobre el tema del agua en el AMM son raros y de escaso rigor científico, razón por la cual no ha sido posible establecer un criterio que permita llegar a un estado de “seguridad hídrica”, un concepto definido como “la capacidad de una población para salvaguardar el acceso sostenible a cantidades adecuadas de agua de calidad aceptable para el sostenimiento de los medios de vida, el bienestar humano y el desarrollo socio-económico, para garantizar la protección contra la contaminación transmitida por el agua y los desastres relacionados con el agua, y para la conservación de los ecosistemas en un clima de paz y estabilidad política.” (ONU, Agua, 2013).
En lugar de que sean instituciones científicas, de carácter autónomo, las responsables de estudiar un asunto en la justa dimensión, ha sido posible, a instancias de los planes ambientales del BID –en colaboración con FEMSA, un importante corporativo empresarial local– la integración de El Fondo del Agua Metropolitano de Monterrey (FAMM), un organismo de natualeza particular, que realizo el PLAN HÍDRICO (PH)2050, donde se muestran los datos más relevantes a discutir sobre la crisis del agua que hoy padecemos en el AMM.
Por el lado de la oferta de agua, FAMM tiene información dura en cuanto a la naturaleza y la capacidad de las fuentes de suministro, dice que “se cuenta con un sistema de cuatro grandes acueductos hacia el Área Metropolitana (Linares-Monterrey, El Cuchillo-Monterrey, Santiago-La Boca, y Mina-Huasteca), con una capacidad total de conducción de 16 mil 200 litros por segundo, de los cuales actualmente se utiliza en promedio, un 60 por ciento de su capacidad. La demanda promedio anual actual de agua potable, es del orden de 11.5 metros cúbicos por segundo, y existe una disponibilidad media anual de hasta 12. 5 metros cúbicos. El AMM requiere de un mínimo de 2.5 metros cúbicos adicionales por año.
En su PH 2050 dijo, respecto al consumo del recurso, “que el sector residencial representa prácticamente el 70% de la demanda [atendida por ADM]; mientras que el 19% se destina al sector público (riego de parques y espacios públicos, escuelas públicas, edificios públicos, etcétera), y el 11% restante al sector comercio e industrias… [en cuanto a] las tasas de crecimiento por sector, se puede observar un exuberante crecimiento de la demanda de agua del sector público, con una tasa del 73.8% para el período 2002-2015; esto equivale a una tasa anual de crecimiento medio de casi 5.0%. Lo anterior contrasta con el 21% [de crecimiento] del sector residencial (1.4% anual) y sobre todo con el -4.3% del sector comercio e industria (-0.3% anual). No existe una expansión en la infraestructura y áreas verdes que explique el desproporcionado crecimiento de la demanda de agua potable del sector público. Dado lo anterior, se debe de revisar y atacar el tema de las pérdidas de agua por fugas en los edificios y escuelas públicas.”
Con estas cifras la ciudadanía tiene todo el derecho del mundo a exigir una revisón a fondo, a fin de saber lo que realmente está pasando con el uso del agua en el AMM, sobre todo porque ahí el sector productivo y los servicios se llevan la décima parte, el sector público la quinta parte y la mayor parte (70%) va a los hogares.
Podríamos estar hablando de un sesgo en esa contabilidad, donde cabría la posibilidad de que parte del consumo domiciliario correponda al sector productivo y de servicios, o que una buena tajada del consumo público se esté desviando a favor de intereses particulares.
De no ser así, quedará la duda del porqué los regiomontanos desperdiciamos tanta agua.