Veto a la revocación de mandato en NL
Carlos M. López Hernández
Esto podría considerarse una sorpresa, ya que es incongruente con lo que se supone el gobierno del estado promueve respecto a la participación ciudadana. Aunque quizá no lo sea del todo.
En primer lugar, en esta administración se creó una Secretaría de Participación Ciudadana, en cuya agenda se contempla la rendición de cuentas. En este caso particular, la revocación de mandato tiene por fin evaluar la responsabilidad política de su gobernador, por lo cual es incongruente vetar la modificación a la ley para hacer efectivo este mecanismo en esta administración.
Se estaría ante un escenario que hace lo posible por promover la participación ciudadana, pero que no admite su materialización.
En segundo lugar, con la reforma integral a la constitución del estado de Nuevo León, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) cambió su nombre de Comisión Estatal Electoral de Nuevo León a Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León, con lo cual, también se le otorgaron nuevas facultades para organizar los procesos de los mecanismos de participación ciudadana contemplados en la ley de la materia.
Por tanto, también es incongruente vetar la ley si recientemente se hicieron cambios para que el OPLE de Nuevo León pueda organizar un ejercicio de revocación de mandato.
En tercer lugar, es incongruente porque este ejercicio ya se ha llevado a cabo a nivel federal, por lo cual se ha creado un precedente importante. No se trata de estancar la democracia, sino de fortalecerla.
En ese sentido, si bien la revocación de mandato no es el único instrumento de participación ciudadana, bien puede ser el más sencillo de organizar, ya que es un mecanismo que no difiere mucho de lo que es un proceso electoral, si bien su razón obedece a diferentes propósitos.
En cuarto lugar, permitir la revocación de mandato es una oportunidad para tener una mejor cultura política en Nuevo León, donde las exigencias, demandas y rendición de cuentas al gobierno son algo escaso. Ello daría pie a fortalecer la democracia en la entidad. Vetar significa, por tanto, privar de esa oportunidad.
En quinto lugar, es incongruente que en Nuevo León exista una ley de participación ciudadana pero que continuamente se realicen actos que la hacen inaplicable.
En sexto lugar, no se reconoce a los ciudadanos su derecho fundamental consagrado en la constitución federal (art. 39) para determinar su forma de gobierno.
En séptimo lugar, es incongruente que la actual adminsitración estatal se jacte de ser «nueva política», pero que en rubros importantes es y actúa de la misma forma de siempre: con falsas promesas y, sobre todo, demagogia.
En octavo lugar, la revocación de mandato fue una bandera electoral por parte de Movimiento Ciudadano. Se afirmó sería en Jalisco el estado en donde se llevaría por primera vez este mecanismo de participación ciudadana. Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo, ahora parece que ya no fue tan buena idea.
En fin. Habrá algunas razones más del porqué vetar la revocación de mandato es una señal de incongruencia. Pero, para quienes han luchado con el propósito de apostar por la democracia participativa, no parece ser la gran sorpresa.
Al final, ni allá ni acá parece ser que las cosas vayan en un sentido favorable para la participación ciudadana, sino más bien lo contrario.