Villa Ahumada, Chihuahua: cómo los narcos capturan territorios, 2
Carlos Ramírez 

Historia de la familia Porras, que perdió hogar y negocios y pide asilo en Estados Unidos, y cómo un jefe de La Línea decide sobre la vida de ciudadanos ajenos a la delincuencia; las autoridades locales son disueltas

Ciudad de México.- En la realidad mexicana la gente no denuncia por el convencimiento de que la policía y los criminales son la misma cosa, luego entonces, una denuncia se convierte en un evento político que sin duda llama la atención de los criminales, los que como cualquier persona tienen acceso a YouTube y a los medios. Los Porras pertenecen al grupo Mexicanos en Exilio, donde piden justicia por su papá, pero también defienden a otras víctimas. Denunciaron cuando el PRI afilió a los muertos y desaparecidos el mismo día, incluidos ellos mismos. Los Porras mencionan con preocupación: “Si a Rodolfo lo mataron por burlarse del suicidado, qué van a hacer ahora que los denunciamos en Estados Unidos y en un documental premiado. La alianza de el Chuyín con Jalisco Nueva Generación, le da acceso a una enorme red de asesinato, por lo que los Porras no estarán a salvo en ningún lugar del país.

El Chuyín fue detenido en México y lo soltaron tal vez por alguno de los acuerdos con los cárteles; y dado que el jefe del cártel fue deportado a Estados Unidos por haber asesinado a un agente de la DEA, Chuyín se volvió jefe del cártel ahora aliado al Jalisco Nueva Generación. El sicario que mató al padre Porras ahora busca asesinar al hijo Porras, querrá terminar la tarea iniciada hace más de una década. Así parece que el tiempo se congeló, los malos siguen siendo los mismos, al igual que los buenos, hasta que huyan o sean eliminados. Los criminales tienen memoria, y las redes criminales para asesinar a sus víctimas en donde sea, hasta en Estados Unidos; esta cuestión la deben entender los jueces de migración.

Villa Ahumada es un ejemplo micro de un Estado suplantado, donde el crimen organizado reemplaza las funciones esenciales del Estado, impone impuestos, sostiene fuerzas armadas, formula leyes, castiga creando procesos que compiten con las instituciones del Estado; es similar a lo que Crane Brinton denomina una doble soberanía en su libro de 1938, The Anatomy of Revolución, porque se crea una serie de instituciones que asumen decisiones conflictivas, con la que podemos definir como soberanía legítima; o tal vez sea un caso de Estado fallido, definido por el Fund for Peace con tres dimensiones: Social, que incluye presiones demográficas crecientes, desplazamiento masivo de refugiados, emergencias humanitarias severas, quejas amplias de grupos que buscan venganza, huida crónica y sostenida de humanos, creación de arrabales en áreas pobres; Económico, que incluye desarrollo económico desigual a través de líneas grupales, declinación económica severa; Política, que incluye criminalización y deslegitimación del estado, deterioro de los servicios públicos, suspensión o aplicación arbitraria de la ley, amplios abusos de los derechos humanos, aparato de seguridad que opera como si fuera un estado dentro del estado, surgimiento de élites facciosas, intervención de agentes políticos externos.

En ese Estado la estructura formal de gobierno se ha desvanecido, o se ha mimetizado de alguna manera con los criminales, y los poderes legítimos han perdido la capacidad de control. El crimen organizado llega a designar al alcalde y al jefe de la policía. Esta situación se repite en un número creciente de ciudades mexicanas, y en Chihuahua parece ser la regla; y Villa Ahumada no se salva.

En Ciudad Juárez, el 70 por ciento de los negocios formales llegó a pagar protección; en Michoacán el crimen organizado controla la cadena productiva determinando qué empresa está autorizada para transportar aguacate o limón, cuál provee las cajas y otros insumos; lo mismo hace en distintas zonas del país en diversas actividades económicas, como por ejemplo entre ganaderos del norte del país, o los productores de chile.

El pago de protección no se restringe ya a los sectores productivos, donde se protege la propiedad a cambio de un “impuesto”; en Michoacán los alcaldes pagan protección; en Hidalgo, la sede de los Zetas, hay un jefe de policía que paga protección. Un comandante de la policía federal nos comentó que cerró un negocio de fiestas infantiles para no pagar protección.

La extorsión se ha convertido en una actividad criminal fundamental y le permite al crimen organizado amasar importantes cantidades de dinero. Hay ciudades donde las fortunas basadas en el crimen organizado se manejan por personajes que se volvieron respetables, donan dinero para campañas políticas e influyen en la conducción de la comunidad. Se ha documentado que el crimen organizado apoya la elección de congresistas y un líder de la fracción parlamentaria del PRI fue acusado de nexos con el narcotráfico, aunque el periódico estadounidense que dio la noticia no continuó con la investigación. En un estudio de hace varios años, Viridiana Ríos y Michele Coscia sostenían que los narcotraficantes actúan en 731 municipios que representan el 30 por ciento de los municipios del país, Grayson sugiere que este número asciende a 2 mil 435 y según el excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas, es el 68 por ciento de los municipios.

Como en otras partes del país, también en Villa Ahumada el crimen organizado se ha diversificado, se dedican al trasiego de drogas, al secuestro y por la vía de la extorsión han incursionado en negocios legales: poseen gasolineras que surten con gasolina robada, y su poder llega a los bancos; cuando un miembro de la familia Porras trató de sacar dinero de su cuenta bancaria desde El Paso, Texas, descubrió que sus cuentas habían sido vaciadas.

Los Porras resintieron la acción de un tipo de criminal, al que ya no le es suficiente el trasiego de drogas y se diversifican con otras actividades delictivas anexas (robo, secuestro, extorsión), para complementar sus ingresos cuando no están ocupados vendiendo o transportando drogas o para sostener a sus ejércitos de sicarios. A la vez parece que ya tenemos una nueva generación de criminales que ejercen una violencia inaudita, que ha profundizado sus relaciones con el poder político y puede poner diputados, senadores, presidentes municipales, gobernadores, controlan jueces, se asocian con caciques y asesinan periodistas que afectan sus intereses, como sucedió con la chihuahuense Miroslava Breach, que fue asesinada cuando denunció la asociación de un cártel con gobernantes del PAN. Esto demuestra la condición estructural del problema del crimen autorizado y la dificultad de atacar este problema.

Es conveniente empezar a hablar de crimen autorizado y entender que derrotarlos reclama pensar de forma distinta. Desde el gobierno de Calderón arrancó una estrategia de combate militar muy sangriento, con innumerables violaciones de derechos humanos que no resolvió el problema de fondo y produjo fortalecimiento criminal. La continuación de una estrategia militar y de refuerzo policiaco durante el gobierno de Peña Nieto reconcentró el control político en las policías, pero no evitó que los criminales trabajaran con ellos; no sólo no lograron descabezar a los cárteles, sino que se crearon problemas inconvenientes. Entrevistamos en la cárcel de El Paso a un migrante indocumentado que tenía tatuada en el pecho una gran M, y cruzó huyendo de la policía de Ciudad Juárez, que quería obligarlo a trabajar para ellos.

(Manaña: tercera y última parte.)