Villa Ahumada, Chihuahua: cómo los narcos capturan territorios, 3
Carlos Ramírez
Historia de la familia Porras, que perdió hogar y negocios y pide asilo en Estados Unidos, y cómo un jefe de La Línea decide sobre la vida de ciudadanos ajenos a la delincuencia; las autoridades locales son disueltas
Ciudad de México.- Hay un esfuerzo para silenciar a los que protestan. México ocupa el tercer lugar en periodistas asesinados en el mundo y el primer lugar en América Latina. El país ocupa el 121° lugar de una clasificación de 180 naciones, que lo ubica en el rango de situación “difícil” para la libertad de prensa.
Aparte de los comunicadores, pagan con la vida los líderes sociales y especialmente los luchadores por los derechos humanos agredidos por los criminales; algunos han logrado huir, pensando que Estados Unidos es un santuario para los perseguidos, para encontrar que tienen que pasar el viacrucis de la solicitud de asilo político, el que no está garantizado.
Desde 2006, en Chihuahua han sido asesinados decenas de periodistas y líderes sociales; a Marisela Escobedo, que reclamaba el asesinato impune de su hija, la acribillaron en las puertas mismas del Palacio de Gobierno en la capital del Estado, con lo cual los criminales muestran su desdén a la autoridad y las muy escasas medidas de protección establecidas. En 2018 asesinaron al defensor indígena rarámuri, Julián Carrillo, y en 2023, con saña acribillaron con 50 tiros a Gloria Cañez Chávez, una defensora de los derechos de los rarámuris de 63 años, y a su hija Sally Avella Cañez, de 23. Los protocolos de protección del gobierno tienen que ser sufragado por las víctimas y tienen muy poca efectividad para protegerlos.
El caso Escobedo ha sido tan visible que el gobierno se vio obligado a actuar de una forma inusual: encontró dos culpables del asesinato, en el último caso el hijo de Marisela desconoce al acusado oficial, porque el asesino lo amenazó a las puertas de la tienda WalMart en El Paso, Texas. Como decía un sicario: “si los narcos pasan toneladas de droga, ¿qué no podrán pasar una persona?” Y más si se trata de un sicario que conduce una vendetta personal y los agraviados lo buscan para que pague por sus crímenes. También pagan con su vida líderes ecologistas que tratan de proteger el medio ambiente de la depredación de intereses criminales muchas veces protegidos por autoridades, como los líderes rarámuris que protegen al bosque; en Guerrero han sido asesinados por lo menos 25 ecologistas desde 2005, de ellos 15 desde 2011.
Este es el fenómeno que Felipe Calderón dejó crecer y bajo el que sucumbieron los Porras. No entendió o no quiso entender la profundidad y enraizamiento social que registraba el crimen organizado, tal vez porque su encargado de seguridad trabajaba para un cártel y que hoy está encarcelado en Estados Unidos. El impacto social lo encontró una maestra de primaria en El Paso, cuyos alumnos son en gran mayoría mexicanos, cuando preguntó a sus alumnos qué querían ser de grandes; le respondieron: sicario. No se trataba de ensalzar al sicariato o las “proezas” de los criminales como se registran en los narcocorridos, sino que las oportunidades que ofrece el crimen proveen los benefactores que la sociedad aprecia (zapatos, carros, mujeres, droga, placer). Llevar un auto con droga de Chihuahua a El Paso paga 50 dólares, y se puede contratar a un sicario para un asesinato por unos cientos de dólares.
Calderón está considerado el iniciador de una dinámica perversa que sigue haciendo estragos hoy en día. Erró al enfocar la respuesta del gobierno a un problema de gran profundidad social y cultural, como si fuera solamente una guerra sangrienta. Las cifras de asesinados son muy altas. Molly Molloy registró a partir de reportes periodísticos 100 mil muertos desde 2008, y la cifra va en ascenso. En 2023 se registraron en México 35 mil 41 homicidios. Debido a la tendencia mexicana de no reportar los delitos, a nivel nacional se reporta solamente el 12.3 por ciento de los mismos; podemos asumir que la verdadera cifra de muertos puede multiplicarse por un factor de 5, lo que nos llevaría a unos 500 mil muertos anuales. Esta cifra puede aumentar si asumimos que muchos de los desaparecidos posiblemente estén muertos. Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el número de víctimas por cada 100 mil habitantes, para poblaciones de 18 años y más, en el 2011 ascendió a 24 mil 499; el número total de víctimas alcanzó los 18 millones 675 mil 4, mientras los delitos llegaban a 22 millones 389 mil 492. Con una población de 112 millones de personas, casi el 15 por ciento de la población sufrió una forma de crimen en un año. La probabilidad de que cada mexicano sea afectado por el crimen en cinco años es muy elevada, y ya se ha creado una actitud de resignación, donde la gente se contenta con que sea solamente un robo y no que lo maten. Las pérdidas personales por el delito en 2011 ascendieron a nivel nacional a 150 mil 618 millones 732 mil 538 pesos (casi 12 billones de dólares, que superan el 1% del PIB). Estamos ante una crisis humanitaria de dimensión desconocida en el mundo.
Calderón también falló por omisión; se desentendió de atacar las bases financieras del crimen organizado. Fuentes de la ONU calculaban en la década de 2000, que solamente el trasiego de drogas le producía a los criminales mexicanos unos 120 mil millones de dólares al año, mientras que Grayson (op. cit.) establece que la extorsión le produjo a los criminales 186 mil 620 millones de pesos de 2001-2007.
La violencia desplaza grandes grupos sociales. En Chula Vista, California, surgió en 2010 una colonia conocida como Little Tijuana, y en 2010, mientras en El Paso, Texas, miles de personas celebraban el grito de la independencia (15 de septiembre) con el alcalde paceño, en Ciudad Juárez el alcalde mexicano repitió el ritual ante una plaza vacía rodeada de soldados. Se calcula que entre 30 mil y 100 mil personas se mudaron a El Paso; y en un estudio de 2013, Séverine Durin calcula que entre 2005 y 2010 al menos 330 mil personas dejaron sus viviendas sin habitar por causa de la violencia en Baja California, Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas.
Consideración aparte merece la afectación económica producida por la violencia. Los Porras perdieron sus cremerías y ranchos donde se producía leche para elaborar quesos; a lo largo y ancho del país se encuentran personas que perdieron su patrimonio, les quemaron casas, ranchos, negocios, y el Estado tiene la obligación de resarcirlos. En la ley de víctimas aprobada por el congreso mexicano en el 2011 y que vetó Felipe Calderón, se consideraba la restitución total de los bienes que fueron arrebatados por el crimen organizado, más lo que debió haber producido todo el tiempo en que salió de su posesión.
El desplazamiento de personas es un problema mayor. Además del desplazamiento interno hay que considerar el desplazamiento internacional, manifestado en las caravanas desde Centro América hacia Estados Unidos en 2023-2024.
En México miles huyen hacia el norte, ya sea por pobreza, falta de oportunidades o por la violencia política. Solamente entre 2007 y 2011 se recibieron 21 mil 172 solicitudes en Estados Unidos, de las cuales se otorgaron 340, el 1.6 por ciento; mientras que arriba del 30 por ciento de las solicitudes de Colombia se otorgan y de Venezuela en 2011 se otorgaron el 46 por ciento. ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos niega las solicitudes mexicanas de asilo? En parte porque los jueces de migración son los que designó George Bush, y antes de ser jueces eran fiscales migratorios, cuya tarea era deportar migrantes, especialmente mexicanos.
Consideremos que tal vez el gobierno de Estados Unidos cuidaba el Plan Mérida, que enfrentaba mucha oposición, especialmente de grupos como Human Rights Watch, bajo el argumento que los fondos que se envían a México sirven para apoyar a un ejército violador de derechos humanos; pero también porque los jueces son reacios a aceptar que el perseguido por la complicidad entre el crimen y el Estado, es un perseguido político.
Parece la insensibilidad a la tragedia de los otros para proteger los intereses propios. Estados Unidos se negó a actuar contra el asesinato de judíos por los nazis, porque los alemanes le garantizaban frenar al comunismo; protegieron a Franco en España y Pinochet en Chile, porque fueron sus barreras anticomunistas. Hicieron lo mismo al aliarse con la mafia italiana o los cárteles mexicanos, para luchar contra los rebeldes nicaragüenses.
Estados Unidos ha creado muchas de las condiciones que expulsan migrantes y es de alguna manera responsable de tragedias como la de los Porras; ante su puerta el crimen autorizado, que es violencia política, masacra a la sociedad de su vecino con sus armas y el dinero de sus adicciones y no pueden considerar a los Porras como efectos colaterales.
(Tercera y última parte.)