Vinculaciones a proceso
Ernesto Hernández Norzagaray
Al primero la Fiscalía del Estado lo acusa por el presunto delito de abuso de autoridad, por haber impedido que personal de la Auditoría Superior del Estado realizara una auditoría de los recursos que el gobierno del Estado entrega a la institución universitaria; mientras, al segundo, se le vincula por la compra irregular de luminarias tipo UFO a la empresa Azteca Lighting, en dos contratos que juntos suman 2 mil 337 lámparas y, alcanza la cifra extraordinaria de 453.6 millones de pesos, en perjuicio de las finanzas públicas del puerto.
La narrativa oficial pautada por el gobernador Rubén Rocha Moya es que, siendo parte de un movimiento, de un partido político, que busca desterrar la corrupción del país, estaría obrando en esa dirección, sin embargo, dados los escándalos de corrupción que se han visto involucrados personajes del obradorismo y se han venido manejando estos asuntos en Sinaloa, provoca una duda razonable.
Veamos, los escándalos de corrupción que van desde la llamada Casa Gris que involucró a José Ramón, el hijo mayor de AMLO, pasando por el fraude multimillonario de Segalmex, hasta el financiamiento ilegal de las llamadas corcholatas, destinado a la renta de bardas y espectaculares para su promoción, entre otros, da cuenta de que la honradez no es un valor muy preciado en este partido y gobierno; luego, entonces, los casos sinaloenses para observadores de la cosa pública no dejan de tener una carga política.
El Rector cometió el pecado de oponerse a aceptar la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa y la amistad, o buena relación, que existía entre él y el gobernador se vino al traste de manera que se inició una confrontación que ha ido de menos a más y, que ahora, ha llegado a los tribunales locales, donde la semana pasada se vinculó a proceso al Rector Madueña Molina, saltándose dos amparos otorgados por jueces federales.
Y como el asunto también es político, el rector Madueña Molina ha llamado a la movilización de los universitarios y eso amenaza la tranquilidad del estado.
En cambio, el caso de Benítez Torres nos remite a la fase de la definición de quien sería el candidato a gobernador del partido Morena, donde este ilusoriamente llegó a pensar que por haber picado piedra cuando no había nada para Morena y su cercanía con AMLO, le tocaba la nominación en 2021; y eso provocó un enfrentamiento con lo que él llamaba el “grupo del PRD”, que renunciaba a esta formación para sumarse al partido del presidente.
Y esto llevó a que llegado el momento de la definición, Benítez Torres buscará impedir que Rocha Moya fuera nominado candidato a gobernador, y se fue con sus reclamos al TRIFE, buscando bajarlo, lo que terminó en un enroque con Héctor Melesio Cuén, el dirigente del PAS, quien terminó postulándolo para una reelección en la alcaldía de Mazatlán; y una vez que aquel con el triunfo en la bolsa, el ayuntamiento porteño se vio envuelto en un conflicto entre Benítez Torres y Cuén Ojeda, mismo que provocó un mes de instabilidad.
Bien se dice que las venganzas políticas saben mejor frías y el gobernador estuvo siguiendo el desempeño del alcalde, que se caracterizaba por su desorden y frivolidad, solo comparable con el gobierno del hoy prófugo Jorge Rodríguez Pasos, lo que provocó un cansancio social y vinieron las investigaciones sobre compras públicas irregulares, que terminó por llevarlo al desafuero, y ahora, encausarlo ante la Fiscalía del Estado.
Se ha dicho, sin embargo, que los casos no solo son distintos, sino que tienen asideros políticos diferentes, pues mientras el Rector tiene todo el respaldo de la comunidad universitaria, el caso de El Químico Benítez no cuenta con el apoyo de sus ex gobernados, que además exigen justicia, pero ahí está la duda, podría tenerlo en la Presidencia de la República y es lo que explicaría la tolerancia inaudita de ocho intentos de audiencia; finalmente, en la de esta semana, se le haya vinculado a proceso. Incluso, porque no, que el gobernador lo quiera tener distraído para que no estorbe y busque una promoción política en 2024.
En definitiva, detrás de estas vinculaciones a proceso judicial no sólo están discursivamente motivaciones de moral pública, sino sobre todo de tipo político, en perspectiva de las elecciones concurrentes de 2024.
Al tiempo.