¿Quiénes se oponen a la renovación del Infonavit
Filiberto Pinelo Sansores
Mérida.- No bien hizo el anuncio Claudia Sheinbaum de que durante su gobierno se crearían un millón de casas para empezar a resolver el grave problema de la falta de vivienda que padecen millones de mexicanos y que, para esto impulsaría una reforma profunda al Infonavit, cuando surgieron las voces, primero tibiamente, después con furia exaltada, en contra de la decisión.
Empresarios y líderes charros, primero; los caraduras de los partidos de oposición, después, se pusieron a vociferar en contra de la medida. Creyeron que con sus mentiras se ganarían la voluntad de la sociedad que, por la falta de información que prevalece en relación con el funcionamiento de esta institución –creada precisamente para resolver o, cuando menos, atenuar, el grave problema mexicano de la vivienda– no está enterada de lo que sucede en ella.
La gente ve casas del Infonavit abandonadas y piensa que eso se debe a errores de planeación; escucha que trabajadores que logran obtener vivienda se la pasan pagando, durante años, abonos que no sólo no tienen fin sino que, en lugar de hacer disminuir su deuda la aumentan desmesuradamente, a la par que la angustia de los deudores, que no saben qué hacer. No se imagina el tremendo estercolero que hay dentro de la institución.
Con datos duros, contundentes e inobjetables, el miércoles 18 de diciembre, en la conferencia de prensa de la presidenta, el nuevo director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, expuso a los ojos y oídos de la nación la causa de lo que sucede: la colusión que hay en el seno de aquel entre líderes charros y empresarios sinvergüenzas que presumen de decentes, que son quienes realmente la manejan, usándola como manto de pingües negocios a través de los cuales se roban carretadas de dinero.
Algo que dejó muy claro es que el gobierno no tiene el control del Infonavit, como muchos creen, sino es la citada colusión de líderes sindicales charros (léase CTM Y CROC) y empresarios farsantes (Concamin, Concanaco, Coparmex), cuyos representantes son mayoría en el consejo de administración de la institución, los verdaderos autores de la adopción de las políticas que redundan en perjuicio de millones de trabajadores y en el desprestigio de ella.
A diferencia del IMSS, que tiene un esquema de dirección que permite que sea la representación del gobierno la que tenga el mayor peso en las decisiones que se toman, en el Infonavit es la representación de la alianza de líderes charros-empresarios rateros la que domina en la adopción y puesta en marcha de las políticas de otorgamiento y recuperación de los créditos que da.
Mientras que en el IMSS que tiene una Asamblea General tripartita de 30 miembros: 10 del gobierno, 10 del sector trabajadores y 10 del empresarial, y un Consejo Técnico, también tripartito de 12: cuatro del gobierno, cuatro de los trabajadores y cuatro del sector empresarial, al director general de la institución lo nombra y remueve libremente el gobierno; en el Infonavit, que tiene también una Asamblea General y un Consejo de Administración –equivalente este al Consejo Técnico del IMSS– también tripartitos –de 45 miembros, la primera: 15 del gobierno, 15 de los empresarios y 15 de los trabajadores, y de 15 integrantes el segundo: cinco, cinco y cinco– al director general no lo nombra el gobierno; este sólo lo puede proponer; quien tiene la facultad de nombrarlo es la Asamblea General, en la cual líderes charros y empresariales son la mayoría.
Algo más: el director general que así es nombrado, no forma parte ni del Consejo de Administración ni de la Asamblea General del instituto. Es por tanto, nada más que su invitado. Tiene, además, el lastre de dos direcciones paralelas, la Dirección Sectorial Empresarial y la Dirección Sectorial de Trabajadores, cuyos integrantes, como es obvio, son nombrados por charros y empresarios, con el propósito de hacerle contrapeso.
El colmo del dominio de charros y empresarios es que en octubre de 2023, sus representantes en la Asamblea ordenaron al director general interponer una demanda de amparo contra resolutivos de la Auditoría Superior de la Federación, emitidos después de una revisión a la institución, con el voto en contra del Sector Gobierno.
La del Infonavit es una estructura que le sale muy cara a la nación. En primer lugar, por los negocios chuecos que desde sus cotos de poder pueden hacerse. En segundo, por las prerrogativas y percepciones económicas, muy por encima del sueldo de la presidenta de la república, que se autoasignan sus altos funcionarios, gracias a esta estructura de poder.
Algo que causa indignación es saber que, en el colmo de la avaricia y el cinismo, los integrantes de los Sectores empresarial y de trabajadores, además de sus insultantes sueldos, cobran entre 60 y 90 mil pesos por cada sesión a la que asisten. Otro de los negocios que los representantes de las centrales sindicales charras y del sector empresarial practican es el de la protección a empresas que defraudan al Infonavit por cantidades millonarias.
El ejemplo puesto es el de una empresa llamada Telra Realty, que en el año de 2014 fue contratada para diseñar y operar una plataforma para administrar soluciones de vivienda de acreditados que cambian de lugar de residencia. El monto eran 100 millones de pesos y tenía dos años para cumplir. Venció el plazo y no cumplió. Pero no sólo no se le penalizó, sino que el Consejo de Administración le autorizó una indemnización de 5 mil millones de pesos. Hasta hoy el caso está impune. Pero hay muchos como este.
Cambiar la estructura del Infonavit es esencial para que pueda operar al servicio de los trabajadores. La propuesta que está en el Congreso y a la cual se opone la derecha en su conjunto es eliminar las dos direcciones sectoriales –de empresarios y de trabajadores– que sangran a la institución y dar a la presidenta(e) de la república la facultad de nombrar y remover libremente a su director general –como en el IMSS–, para que no esté sujeto al dominio de la cofradía de hampones que hoy lo maneja.