‘Atilas’ de la destrucción
Lupita Rodríguez Martínez
Monterrey.- De aquellas “chozas de adobe con techos de hojas de palma y palizadas embarradas”, que refieren los historiadores fueron construidas para fundar la Villa de San Luis en los Ojos de Santa Lucía del Nuevo Reyno de León en el Valle de Extremadura y que a lo largo de 400 años se transformarían en las casas del Barrio Antiguo de Monterrey, hoy representan el corazón de la ciudad al integrarse urbanísticamente con la Gran Plaza y el Parque Fundidora.
Es el patrimonio histórico cultural de Nuevo León heredado por las generaciones que nos antecedieron durante cuatro siglos y que en las últimas décadas sufre el grave riesgo de destrucción por parte de desarrolladores inmobiliarios sin escrúpulos y bajo el silencio de las autoridades.
El Barrio Antiguo de Monterrey no solamente, sino el centro histórico del primer cuadro de la metrópoli y los cascos municipales, padecen múltiples demoliciones de edificios históricos y desaparición de fachadas antiguas en parte por la dinámica del crecimiento, pero sin que se siente un precedente legal de castigo para preservar y defender el legado arquitectónico.
Para los desarrolladores es la transformación urbana en nombre de la modernidad y del progreso. Sin embargo, mientras no se respete la memoria colectiva que nos dio origen como sociedad, ni la legislación vigente en la materia, se trata de un delito que debe ser detenido, sancionado y reparado.
Por ello, nos pronunciamos a favor de la preservación y en contra la destrucción del Barrio Antiguo. Desde este espacio editorial nos sumamos a la denuncia pública interpuesta la semana pasada por el colectivo ‘Agrupaciones en favor de la historia’, quienes se vieron obligados a salir del encierro impuesto por la contingencia del coronavirus, para protestar en forma pacífica, con mantas y carteles, contra la modificación de varios inmuebles.
Gracias a la manifestación realizada por más de 20 activistas -entre historiadores, cronistas y colonos-, frente a una casa ubicada en las calles de Dr. Coss y Abasolo, personal de la Delegación Regional del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) acudió de inmediato para clausurar las obras de modificación de la fachada por violación a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
Empero, con la devastación del patrimonio histórico cultural de una zona declarada como protegida desde 1993, por el gobernador Sócrates Rizzo García, no sólo se violaron disposiciones de la Ley Federal, sino también de la Ley de Patrimonio Cultural del Estado y del Reglamento del Barrio Antiguo de Monterrey.
Las autoridades estatales y municipales están obligadas a proteger y, sobre todo, a negar permisos o autorizaciones para realizar obras en los bienes adscritos al patrimonio cultural o en los que se encuentren dentro de las zonas protegidas, así como a obligar a los propietarios o poseedores de bienes adscritos al patrimonio cultural a cubrir los gastos de los trabajos de restauración y de preservación por los daños causados.
Por ello, con independencia de lo que en su caso determine la autoridad judicial, corresponde al Gobernador del Estado –a través del Consejo para la Culturas y las Artes (CONARTE)– y al Presidente Municipal de Monterrey, mediante la Junta de Protección y Conservación del Barrio Antiguo, vigilar y atender las denuncias y actuar con firmeza contra los ‘Atilas’ de la destrucción, como bien los definió el cronista e historiador Héctor Jaime Treviño Villarreal, actual director del Archivo General del Estado.
Queremos informar que la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Congreso del Estado, a principios de marzo llevó a cabo la mesa de consulta sobre la iniciativa de Ley del Catálogo del Patrimonio Histórico y Cultural Municipal, mediante la cual se busca combatir y detener la constante destrucción de inmuebles históricos, tanto de propiedad pública y privada.
El consenso entre los participantes en la mesa de consulta fue, precisamente, que a la iniciativa de Ley le faltan “dientes” para detener a los ‘Atilas’ depredadores y a las autoridades que les permiten destruir y poner en riesgo el patrimonio histórico y cultural de los municipios.
Defendamos y cuidemos el patrimonio tangible del Barrio Antiguo por respeto al arraigo histórico, la identidad cultural, el sentido de pertenencia y el orgullo de ser norteño que no da, sin estar contra el progreso ni el desarrollo urbano que detone las economías del comercio y del turismo con acato a las leyes y al reglamento.