Monterrey.- Aunque México es uno de los diez países con mayores pérdidas humanas por desastres naturales, Nuevo León tiene un récord bajo de impacto por fenómenos de la naturaleza, al registrar 19.2 personas afectadas por cada cien mil habitantes en comparación con otras entidades de la República.
Desde el 2015 nuestro Estado solamente ha tenido dos declaratorias de emergencia y desastre natural, pero la gran enseñanza de la maestra historia que nunca debemos olvidar para salvaguardar vidas, es que las mejores estrategias y acciones en materia de protección civil son las de la prevención.
Según el Atlas Nacional de Vulnerabilidades al Cambio Climático, Nuevo León presenta al menos tres elementos de vulnerabilidad: un grado alto por deslaves en asentamientos humanos, un incremento en distribución potencial del dengue y vulnerabilidad media por inundaciones en zonas urbanas.
En el Atlas además se proyecta al año 2050 un aumento de la temperatura promedio entre 1.5 y 3 centígrados, así como huracanes y sequías con mayor frecuencia e intensidad en el territorio estatal y un incremento de enfermedades invasoras y de inseguridad energética.
Seguramente la falta de planes de contingencia ambiental y de resiliencia civil habría provocado que la crisis de salud por la pandemia del Covid-19 se agravara en una crisis económica y social. Gracias a las medidas del gobierno estatal –en coordinación con los gobiernos federal y municipales, la sociedad civil y el sector privado–, se ha evitado el colapso del Sistema Estatal de Salud durante las fases agudas de la crisis sanitaria y que empiecen a descender los registros de contagios, de hospitalizaciones y de muertes.
El despliegue del Sistema Estatal de Protección Civil y las experiencias de atención aplicadas desde 1997 con base en la Ley de Protección Civil, sin alguna duda, han ayudado en aminorar los impactos y efectos negativos de la emergencia de salud pública provocada por el letal virus.
Sin embargo, la cultura de la prevención requiere a mediano y largo plazo de medidas adicionales que contribuyan a enfrentar no solamente los desafíos de una crisis sanitaria con profundas secuelas en lo social y económico.
Por ello, en el marco de las actividades por el Día Nacional de Protección Civil y con base en el Plan Estratégico para el Estado de Nuevo León 2015-2030, consideramos importante fortalecer las medidas y acciones en materia de Protección Civil pendientes a garantizar la seguridad integral de la población.
Se hace necesario para tal efecto la expedición de una nueva Ley, cuyas políticas públicas consoliden la cultura para prevenir las situaciones de riesgo e incrementen las capacidades de organización y de reacción de los cuerpos de Protección Civil, para enfrentar los desastres naturales y atender con mayor efectividad a la población afectada en sus familias y propiedades.
Por tales motivos fue que suscribimos y respaldamos la Ley de Protección Civil y Servicios de Emergencia del Estado, cuyo objetivo es sentar las nuevas bases para que las autoridades integren un Sistema Estatal de Protección Civil activo, eficaz y puntual, que se nutra con las diferentes tecnologías para prevenir la vulnerabilidad y que cumpla con el compromiso de profesionalizar a la ciudadanía en labores de prevención y tareas de atención de emergencias, además que reelabore un Atlas de Riesgos dinámico, práctico e inteligente y Planes de Contingencia que contemplen los sistemas expuestos (instalaciones eléctricas e hídricas, planteles escolares, centrales de autobuses, terminales aéreas, carreteras y vías únicas de acceso) y, sobre todo, que cuente con los medios suficientes y recursos necesarios para hacer frente a las eventualidades socio-ambientales y económico-administrativas en cualquiera de sus fases.
Una particularidad de la Ley aprobada por el Congreso en julio, pero vetada por el Gobernador en agosto, es fomentar la prevención de emergencias en los municipios con el establecimiento de Cuerpos de Bomberos y Servicios de Ambulancias, por ser vitales para reducir las situaciones que originan riesgos y catástrofes, buscando garantizar los recursos para su operación y permanencia mediante la obligación concurrente entre Estado y Municipio.
De suma importancia es que la cultura de la prevención permee desde las edades tempranas. En aras de su socialización se incluye en la Ley la enseñanza-aprendizaje de que la “Protección Civil Somos Todos” en los niveles básicos, para que este lema cobre vida con nuestra participación activa, responsable, organizada, informada y resiliente, entendida como la habilidad de la comunidad para resistir y recuperarse del impacto de desastres naturales.