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"No pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley les señala". Hace menos de un mes, el presidente de Islandia pidió por escrito que le bajaran un 15 por ciento a su salario, en vista de la crisis económica. En México, una reducción del diez por ciento en los salarios de los servidores públicos de alto nivel de todo el país, permitiría un ahorro de alrededor de 15 mil millones de pesos, el equivalente a cinco años del presupuesto del Municipio de Monterrey. Un ahorro semejante, que tanta falta hace, se quedará en el reino del “hubiera”. Las razones son tan simples como tristes. Ayer martes, el coordinador de los diputados federales priistas, Emilio Gamboa, declaró que una reducción salarial no es la solución para los problemas del país. Nadie le estaba preguntando por una solución global. Los reporteros sólo querían saber si el PRI apoyaría una reducción de salarios y Gamboa se refugió en una frase impersonal: “Si se presentara la iniciativa, la mayoría la apoyaría”. Una frase hueca, en la que falta el sujeto activo. Hace ya casi dos años, el Senado aprobó por unanimidad una reforma constitucional para que ningún servidor público pueda tener un salario mayor al del presidente de la república. Votaron a favor del dictamen los 106 senadores presentes, los del PRI y los del PAN, los del PRD y los del PT, los del Verde y los de Convergencia. Ninguna abstención. Ningún voto en contra. El mismo día, 13 de marzo de 2007, el Senado lo envió a la Cámara de Diputados para su discusión. Y ahí sigue atorado. Ya en mayo del 2007, el diputado Raymundo Cárdenas, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, declaraba a los medios de comunicación que la iniciativa de reforma para establecer los salarios máximos, estaba congelada por las presiones de la diputación panista y de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ganan el doble que el presidente de la república. Esta semana, el tema saltó a la opinión pública de nueva cuenta, cuando el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Javier González Garza, declaró que analizarán si es adecuado que el secretario general de la cámara gane más dinero que el presidente de la república. Precisó que este tipo de casos se podría remediar si la diputación panista sacara de la congeladora la llamada Ley de Salarios Máximos, aquella que aprobó el Senado en 2007. Por su parte, el coordinador de la diputación panista, Héctor Larios, se limitó a decir que hay que revisar si es cierto que los funcionarios del gobierno del Distrito Federal se reducen el salario un diez por ciento, como lo anunciaron. ¿Y la Ley de Salarios Máximos? Pues sigue en la congeladora, pese a que nació de dos iniciativas: una, que presentó Felipe Calderón y otra, que presentó el senador Pablo Gómez a nombre de los legisladores del PRD, PT y Convergencia. En la sesión del 13 de marzo de 2007, el senador priista Pedro Joaquín Coldwell, dijo en tribuna: “La desigualdad de retribuciones y remuneraciones pone en duda la ética con la que deben conducirse los servidores públicos y contraría todo asomo de equidad y proporcionalidad que debieran de prevalecer, habida cuenta que dichos privilegios se sufragan con los impuestos provenientes del trabajo de los ciudadanos”. A su turno, el senador perredista, Pablo Gómez, apuntó: “Todo el Estado mexicano debe de estar sometido al mismo sistema fundamental sobre salarios, pensiones y liquidaciones, quiero decir que se estila que un director de una empresa se liquide a sí mismo cuando termina y va a otro puesto, tenemos pensiones de más de 100 mil pesos mensuales para personas que estuvieron meses como directores de bancos del Estado; situaciones que no pueden aceptarse, no podemos admitir tampoco que la Corte, por disposición del propio Poder Judicial, tenga un fondo, un fideicomiso para retiros que no están normados por ley alguna ni por decreto alguno”. El senador panista, José González Morfín, no se quedó atrás en la dureza de sus señalamientos, al decir: “Durante los últimos años la sociedad mexicana ha conocido con justificada indignación de algunos casos de servidores públicos, de todos los órdenes de gobierno, que durante el ejercicio de sus cargos y una vez separados de éstos, han gozado de retribuciones y pensiones más allá de lo razonable y, sobre todo, desproporcionadas a las condiciones socioeconómicas que vive nuestro país. Es, sin lugar a dudas, uno de los temas que más han agraviado a los mexicanos”. Todo esto y más se dijo aquel 13 de marzo de 2007 en el senado de la república. Todos votaron a favor. Y desde entonces, la ley que regula los salarios de los funcionarios públicos está congelada en San Lázaro. El decreto, aprobado por el Senado y congelado en la Cámara de Diputados, se puede consultar completo en: http://www.senado.gob.mx/gace.php?sesion=2007/03/08/1&documento=22 aprobadas por el pleno, se puede consultar aquí
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