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ANÁLISIS A FONDO
DESAPARICIONES FORZADAS, EXPEDIENTE ABIERTO
Francisco Gómez Maza
- Toda denuncia, en la impunidad
- Informe 2009 de CADAC
 Los defensores y defensoras de las personas a las que les son violados sus derechos humanos, en un país donde cotidianamente los derechos humanos son violentados por poderes institucionales y fácticos y por particulares, es una tarea titánica. Lo menos que sufren los defensores y defensoras es el acoso, la persecución y, en casos extremos, la muerte por asesinato como le ocurrió apenas el 3 de enero de este año a Josefina Reyes Salazar, hecho aún impune. Pero hay personas que se organizan y asumen el reto y los riesgos. Es el caso de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), que opera en el estado de Nuevo León, concretamente en Monterrey, su capital, que acaba de hacer público su informe anual 2009. Si bien en todos los casos recibidos por el área jurídica de esta organización se otorga una orientación al usuario, CADHAC sólo asume la defensa de aquellas personas que presenten casos de violaciones a derechos humanos; es decir, aquellos en que alguna autoridad está involucrada en la privación de derechos fundamentales de una persona. Durante 2009 CADHAC recibió 23 casos de esta índole. Es importante recordar que el número de violaciones totales en Nuevo León seguramente es mucho mayor; asimismo, sus porcentajes pueden variar. El informe corresponde a los casos recibidos por la organización durante 2009.
Pero aquí viene lo preocupante. Una violación aberrante, que no es reconocida por autoridades gubernamentales son las desapariciones forzadas, como la de dos militantes del Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR), brazo político del Ejército Popular Revolucionario (EPR), en hechos ocurridos en la Ciudad de Oaxaca. El día 25 de mayo de 2007, entre las 20:00 y las 22:00 horas, Raymundo Rivera Bravo, de 55 años de edad, y Edmundo Reyes Amaya, de 50 años, fueron detenidos en una acción fortuita por parte de miembros de la policía estatal. Y es el momento en que no aparecen, no obstante el “diálogo” entre la organización subversiva y la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión de Mediación encabezada por el obispo Samuel Ruiz García. CADHAC, pues, revela en su informe 2009 que entre las violaciones que más comúnmente documentó destaca la desaparición forzada involuntaria de personas. La Desaparición forzada es una violación de derechos humanos en la que una autoridad ordena o, de alguna forma, permite o colabora en la detención y posterior retención ilegal y sin registro de algún ciudadano o ciudadana, ante este hecho los familiares y demás seres queridos de las víctimas se enfrentan a un indolente silencio institucional y a la angustia de no saber qué ha sucedido realmente con la persona desaparecida.
La desaparición forzada era utilizada por los gobiernos para castigar a sus opositores sustrayéndolos del marco de protección de la ley. En la actualidad está siendo utilizada, además, por la delincuencia organizada, con la colaboración de algunas autoridades, para castigar, sancionar o intimidar a ciudadanos. Y CADHAC considera muy grave no solamente la nueva modalidad con que se está empleando la desaparición de personas, sino la falta de respuesta del gobierno, la insensibilidad con la que se reciben las denuncias y se les dice a los familiares que es posible que la denuncia se filtre; el hecho de que se reciban pruebas documentales que no son estudiadas; la impunidad con la que se actúa sin que haya respeto alguno por los derechos humanos de cada uno de los y las ciudadanas particularmente, en el caso, del estado neoleonés. Ante esta situación, madres y familiares de los desaparecidos decidieron unirse y luchar juntas ante la inacción del gobierno; organizaron plantones periódicos en la Explanada del Museo de Historia Mexicana, fuera del Palacio de Gobierno y otras instancias municipales y estatales, acciones que fortalecieron la construcción de ciudadanía entre las víctimas y ayudan a visibilizar la problemática, que ha sido cubierta por diversos medios de (in) comunicación locales.
A los familiares que acudieron a CADHAC en busca de apoyo, ésta les brindó asesoría jurídica, sicológica y acompañamiento. Pero ésta no fue la única violación que documentó CADHAC durante 2009. Destacó también la detención arbitraria y el robo cometido por autoridades, principalmente por miembros de las policías municipales. Asimismo, se registraron otras violaciones, incluyendo tortura. A través del litigio de varios casos de abusos policiacos, CADHAC confirmó que la situación de derechos humanos en el Estado de Nuevo León es sistémicamente complicada. No sólo las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley (típicamente las fuerzas policiacas) violentan el estado de derecho y los derechos fundamentales de las ciudadanas y ciudadanos, sino que las autoridades encargadas de controlar a las primeras simplemente no realizan su labor, perpetuando así el ciclo de la impunidad. Todos los casos presentados fueron llevados ante el Ministerio Público Especializado en Delitos Electorales y en Delitos cometidos por Servidores Públicos, que es la instancia especializada en conocer esta clase de abusos. Sin embargo, el trabajo del Ministerio Público fue decepcionante, poco profesional y comprometió seriamente la vigencia de los derechos humanos en la entidad.
La mayoría de los solicitantes del apoyo de CADHAC son del municipio de Monterrey (39%), seguido por el municipio de Guadalupe con (22%), 78% de ellos tienen entre 18 y 45 años de edad y el 95% de las denuncias correspondió a hombres. En año 2009, la situación de derechos humanos continuó agravándose; el trabajo en la materia sigue enfrentándose a serios obstáculos gubernamentales, como en años anteriores. CADHAC destaca que muchas amenazas a los derechos humanos, como la presencia militar en las calles, los operativos inconstitucionales y la legitimación de prácticas violatorias a los derechos humanos, han continuado. Esta organización ha documentado abusos, extorciones, detenciones ilegales y arbitrarias e incluso desapariciones forzadas y tortura, por parte de distintas policías, incluyendo las policías municipales del área metropolitana de la Ciudad de Monterrey; todos estos abusos, pese a las denuncias interpuestas, permanecen en la impunidad. Ésta y la corrupción penetran cada vez más en las distintas áreas de gobierno, provocando abusos en contra de ciudadanas y ciudadanos.
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