ANÁLISIS A FONDO

Este asunto del narco

Francisco Gómez Maza

“Lucha por la seguridad”, en un callejón sin salida

Culebra que se muerde la cola interminablemente

Tienen razón quienes estiman que la violencia atribuida al narcotráfico y las bandas del crimen organizado y no organizado parte de dos vertientes. Dos fuentes de perversión que pareciera que no tienen remedio, a no ser que los gobiernos de México y de Estados Unidos tomaran una decisión irrevocable, valiente, decidida, que trascienda el uso de la violencia institucional que, está ya comprobado, no lleva a ninguna parte, más que a atizar el incendio de la confrontación, de las ejecuciones, de los secuestros, de los errores gravísimos de fuerzas de seguridad sin experiencia en las tácticas de una guerra librada contra un enemigo escurridizo, que se esconde en las sombras y que crece como los cabellos de la Medusa, a quien la diosa Atenea metamorfoseó los cabellos en serpientes.

Y los “logros” en detenciones de barones del crimen, o sicarios, o comerciantes al menudeo de estupefacientes se estrellan con la falta de pruebas cuando llegan a un juzgado y la mayoría son liberados, aunque en realidad sean miembros de las mafias. Pero sin pruebas suficientes un juez no puede condenarlos. Y es el cuento de nunca acabar. Una lectura diaria de Las mil y una noches; un tejer y destejer cotidiano de una porfiada Medea, en espera que en cualquier momento retorne Odiseo… Metafóricamente, los gobiernos de México y Estados Unidos, tejiendo y destejiendo la violencia en espera de que un día acaben con las bandas criminales.

Escuchaba al colega Jorge Ramos, uno de los más serios y profesionales lectores de noticias de la cadena Univisión, y comparto con él su espléndido análisis, acerca de la doble culpabilidad del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica en este asunto de la violencia engendrada por la guerra por la seguridad pública (hasta hace unas semanas, llamada “combate al narco tráfico”, en la que se confrontan el gobierno mexicano y presuntas bandas de narcotraficantes y presuntos sicarios de los cárteles de la droga. (Empleo las palabras “presuntas” y “presuntos” porque a estas alturas de la lucha, hablar de violencia, de asesinatos, de secuestros es hablar, sin pruebas fidedignas, sin investigaciones, simplemente a priori, del “crimen organizado”. Aclaro. No estoy negando la existencia, la belicosidad perversa de estos grupos).

El análisis de Ramos Ávalos es coherente. Piensan lo mismo expertos en seguridad pública y seguridad nacional: Estados Unidos de Norteamérica (Y siempre le agrego Norteamérica, porque el nombre oficial de México es Estados Unidos Mexicanos) tiene una doble culpabilidad por la actual violencia, cada vez menos divulgada en los medios de publicidad y propaganda, pero que ya lleva un registro de 25 mil muertes en tres años y medio, en México. Primero, porque nuestro “Vecino Distante”, como lo calificó el inmemorial Alan Riding, entrañable amigo quedado en el camino, como muchos amigos; espléndido corresponsal del The New York Time allá por la década de los 70, es prácticamente el principal consumidor de drogas ilegales en el mundo, lo que representa una atractivísima demanda que satisfacen a sangre y fuego los trasegadores de estupefacientes de todo tipo. Y segundo, porque la mayor parte del armamento sofisticado con que están armados los sicarios de los cárteles mexicanos proviene de las armerías de Estados Unidos, donde es sagrado el comercio libre de rifles, pistolas, bazukas, fusiles de alto poder, granadas y todo aparato de destrucción, y no habrá poder humano que logre que los legisladores del vecino reformen su ley de armas.

La Segunda Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica recogió el derecho a poseer armas, tanto en su interpretación medieval como en la moderna. Literalmente dice "A well regulated militia being necessary to the security of a free State, the right of the People to keep and bear arms, shall not be infringed." ("Siendo una milicia bien preparada necesaria para la seguridad de un estado libre, el derecho a tener la responsabilidad de un arma no debe ser vulnerado"). Por tanto, para los partidarios del control de armas sólo alude a entidades oficiales como el ejército, mientras que para los defensores de la enmienda reconoce el derecho de todo individuo a poseer armas. Lo cierto es que los redactores de la Segunda Enmienda seguían la segunda interpretación, destacando James Madison y Alexander Hamilton, como lo registra Wikipedia. Para Madison, el fin de este derecho es garantizar al ciudadano su defensa en caso de que el Estado se extralimite.

Madison fue de los primeros políticos en reconocer que el Ejército puede amenazar la libertad de la nación. Y además señaló cómo los estados europeos restringían el acceso a las armas por los civiles por asegurar su poder. Hamilton señaló sus ventajas de cara a la creación de milicias. En Estados Unidos de Norteamérica no hay más ejército que el federal; de modo que ningún estado de la Unión puede tener un ejército propio. Pero gracias al derecho a usar armas, los gobiernos locales pueden formar milicias con los ciudadanos mejor preparados. Así no necesitan un ejército propio, y si excepcionalmente el ejército federal no puede actuar en algún estado, su gobierno podrá tomar la iniciativa.

Los defensores del derecho a poseer armas esgrimen también la Novena Enmienda. , la cual declara que ninguna ley puede violar derechos de los ciudadanos previamente reconocidos. Es decir, como el derecho a poseer armas existía antes que la Enmienda (y antes de la independencia de los Estados Unidos), no puede ser conculcado. Con el tiempo, tanto el gobierno federal como las autoridades locales (estados y condados) crearon diversas políticas sobre control de armas. Hay registros de armas y de sus puestos de venta, criterios de selección de sus compradores (edad, salud mental, experiencia en armas y antecedentes penales) y alguna restricción a ciertos tipos. La mayoría de estas leyes no vulneran la Segunda Enmienda, mientras que el resto es objeto de discusión.

Pero, como lo recuerda Jorge Ramos, el día en que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos de Norteamérica reafirmó el derecho de todos los individuos a portar armas –como indica la Segunda Enmienda de la Constitución-  y que los estados y ciudades deben acatar ese fallo, era asesinado en México un candidato a gobernador de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú. Pero lo mataron en su camioneta, camino a un acto de campaña, en un incidente que el presidente Felipe Calderón atribuyó, de nuevo a priori, al narcotráfico… Y las armas con las que lo acribillaron, estoy seguro, fueron adquiridas en cualquier armería de cualquier ciudad estadounidense. En estas condiciones, la culebra siempre está mordiéndose la cola.

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