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21 de julio de 2010
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ANÁLISIS A FONDO

Mujeres periodistas: ¿trata de personas?

Francisco Gómez Maza

 

Postales  para que las periodistas asesinadas no se olviden

Nada hace  el “poder” gubernamental para protegerlas

 

mazaimgLa vida de las mujeres periodistas generalmente es un calvario. Las empresas de medios de publicidad y propaganda (erróneamente llamados medios de comunicación) tienen la perversa proclividad de “contratar” a jovencitas recién egresadas de las escuelas de periodismo, o de las pomposamente llamadas escuelas de ciencias de la información o de la comunicación, para reducir su gasto corriente. Yo siempre he dicho, con sorna, que a las colegas les pagan dos pesos por estar dispuestas a trabajar 24 horas al día; les pagan por honorarios, sin ninguna posibilidad de hacer antigüedad en la empresa; no tienen las prestaciones que ordena la ley del trabajo; están expuestas a todo tipo de riesgos y peligros, desde el acoso sexual de jefes sin escrúpulos hasta caer abatidas por una bala de los sicarios de poderes institucionales o fácticos a los que no le gusta obviamente ser descubiertos ante la  opinión pública por sus hazañas perversas, o ser desaparecidas, “levantadas”, si bien les va.

 

Y todo, porque los empleadores tienen la convicción de que para ellos es mejor contratar mujeres, presuntamente porque la mujer no permanece muchos años en el trabajo, porque se casa y pasa a formar parte de las mujeres sojuzgadas en el matrimonio. En México tenemos casos ejemplares como el asesinato de Teresa Bautista y Felícitas Martínez, quienes fueron asesinadas el 7 de abril, cuando volvían de la comunidad de Llano Juárez a San Juan Copala, donde transmite Radio Copala, en el 94.9 de frecuencia modulada (ésta sí un verdadero y solidario medio de comunicación para la comunidad).

 

Hacían de todo en la emisora. Eran locutoras y reporteras. También viajaban a las comunidades a enterar a la gente sobre las posibilidades de la estación, para obtener y transmitir información. En eso andaban cuando el vehículo en que viajaban, conducido por Faustino Vázquez, responsable municipal del registro civil, fue detenido por un grupo armado.

 

El conductor temió que quisieran secuestrar a las muchachas y aceleró para escapar a la amenaza. Las jóvenes viajaban en el asiento posterior y sobre ellas cayó el fuego, salido de armas de uso reservado al Ejército según muestra el calibre de las balas asesinas. Murieron instantáneamente. Su compañero quedó herido. Y asustado (lo mismo que los familiares de las víctimas) y ha prefiere guardar silencio, temeroso de que los asesinos atenten contra él.

 

Esta es la realidad. Muy poco se hace, o no se hace, desde las esferas del “poder” por aclarar los asesinatos y secuestros de periodistas en esta ya prolongada vida de perros que vivimos en México, desde que el gobierno entró en guerra contra el presunto crimen organizado. Muchos periodistas han sido asesinados. Y en respuesta al escandaloso incremento de la criminalidad hacia colegas –especialmente mujeres-, la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG) ha diseñado unas “tarjetas postales” en las que se denuncian los numerosos asesinatos de trabajadoras de prensa que están impunes en ese país, “postales” que deberán ser enviadas al presidente mexicano Felipe Calderón Hinojosa.

 

Las tarjetas forman parte de una campaña global para detener la violencia contra las reporteras. La iniciativa -impulsada por Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), fundada por mi condiscípula, amiga, hermana, colega, Sara Lovera, e implementada por la RIPVG, en la que se enlistan centenares de periodistas de 35 países del mundo, entre ellos la Red PAR de Argentina-, forma parte de las acciones que se realizarán durante este año en el ámbito global por el cese de la violencia contra las mujeres trabajadoras de la prensa en México, en concordancia con la visita de la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero Marino, a este país.

 

La RIPVG mantiene enterada a la Relatora de su “preocupación” por la situación de las mujeres periodistas, que trabajan sin garantías por parte de las empresas que las contratan, y sin el respaldo del Estado mexicano para brindar seguridad al ejercicio periodístico, condiciones que las colocan en situación de doble y triple vulnerabilidad: por ser mujeres, periodistas y, algunas veces defensoras de derechos humanos”.

 

Según el documento de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, a esto se suman las precarias condiciones laborales (que mencioné al inicio de esta columna, en las que las y los periodistas mexicanos trabajan; sin el reconocimiento a su labor como comunicadoras; sin salario mínimo; con pocas o sin prestaciones sociales, y con contratos que violentan sus derechos como trabajadoras. La RIPVG advierte que desarrollo profesional de las mujeres se ve limitado cuando deciden ejercer su maternidad; son relegadas a las salas de redacción o a los llamados gabinetes de investigación lo cual obstaculiza su acceso a los puestos de decisión de las empresas. Además, en muchos casos, son víctimas de hostigamiento y acoso sexual y laboral por parte de sus pares varones. Todas estas condiciones limitan el derecho de las naciones a la libertad de expresión y el derecho a la informacional.

 

El Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET) ha registrado que durante 2009 ocurrieron 144 agresiones contra la libertad de expresión en México; en 27 casos se encontraron involucradas mujeres periodistas: 20 son reporteras, una es camarógrafa, una fotógrafa, 3 comunicadoras de radio, una de radio comunitaria y una portavoz. También se reportaron 6 asesinatos de varones periodistas en 2009 y los asesinatos que van en lo que va del 2010. El Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) y Artículo XIX, Oficina para México y Centroamérica, reportan que en 2009 ocurrieron en el país 142 agresiones, 11 asesinatos y 2 desapariciones, una de ellas -y por primera vez en Zamora, Michoacán- el de una comunicadora María Esther Aguilar Casimbe, reportera del Diario de Zamora y corresponsal de Cambio de Michoacán.

 

En CIMAC se ha realizado un registro de atentados a la libertad de expresión a mujeres periodistas y se tienen documentados de 2005 a junio de 2010 veintitrés casos, de los cuales 3 son asesinatos. Hasta la fecha no existe detención alguna, ni investigación por parte de las autoridades para deslindar responsabilidades por los homicidios. Por el contrario, en el caso de las periodistas de radio, Bautista y Martínez, las autoridades pusieron en entredicho que fueran periodistas, sin que hasta ahora se tengan resultados.

 

Según los reportes nacionales e internacionales, en la mayoría de los casos documentados de violencia contra periodistas en México, se da cuenta de que las personas que agreden y limitan el ejercicio profesional son funcionarias y funcionarios públicos; que existe dilación u omisión de la investigación; y que, en el clima de violencia e inseguridad que vive ese país, el Estado se escuda tras el argumento de que quien limita el ejercicio de la libertad de expresión “es el crimen organizado”. El diseño de las postales permite reemplazar las fotos y nombres de la portada por el de otras víctimas de la violencia contra las periodistas.

 

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http://lacomunidad.elpais.com/analisisafondo/2010/7/20/analisis-fondo-mujeres-periodistas-trata-persona-

 

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