Negro panorama

Irma Alma Ochoa

La grave situación que padecen niñas, niños y adolescentes sometidos a prácticas sexuales, tratados no como personas sino como bienes que se rigen por la oferta y la demanda, es el eje del libro La infancia como mercancía sexual, firmado por Elena Azaola y Richard J. Estes, (editorial Siglo XXI, 2003).

La publicación mencionada es una herramienta útil para concientizarnos del tamaño del problema, nos permite conocer el sentir y pensar de las víctimas involucradas en esta tragedia: niñas, niños y adolescentes privados de sus derechos; sometidos a las leyes del mercado y obligados a prácticas denigrantes para favorecer los apetitos de adultos sin conciencia.

Cabe precisar que la Convención de los Derechos del Niño incluye en esta etapa a todas aquellas personas que no han cumplido aún los 18 años de edad; en tanto que diversos organismos internacionales establecen la distinción de niñez de 0 a 11 años, y adolescencia, de los 12 a 18 años; edad en la que en México alcanza la ciudadanía plena.

Para su investigación, la Dra. Azaola entrevistó a menores de edad víctimas de la explotación sexual comercial infantil (ESCI) en el país, quienes expresaron que no les resultaba agradable ser utilizados sexualmente ni ser tratados como mercancía. También refirieron que sus abusadores solían recurrir a los golpes y la humillación. A la luz de la información no se descarta la privación de la libertad y sean víctimas de violencia sexual, psicológica y económica.

Vale subrayar lo anterior para sensibilizar a quienes ponen en tela de duda que esas niñas y niños sufren, e incluso se atreven a decir que “les gusta” ser utilizados en prácticas sexuales. Dicha aseveración acusa desconocimiento del problema y sienta las bases para eludir la obligación que tenemos, las y los adultos, de salvaguardar el interés superior del niño y de la niña.

En cambio, un estudio minucioso y un diagnóstico objetivo, como el ya citado, nos permite buscar y, tal vez, encontrar la solución para prevenirles de caer en las redes de la trata, eliminar la demanda y con ella, las diversas violaciones de los derechos de la niñez que acompañan a este flagelo; en su caso, atender a las víctimas, a la par de perseguir y sancionar a los adultos involucrados.

Es deplorable que la trata de personas despoje de su futuro a cientos de niñas y niños mexicanos. Muchas de las víctimas entrevistadas expresaron haber perdido la esperanza de llevar otro modo de vida, no se permiten siquiera soñar con estudiar u obtener un título profesional, o tener un empleo diverso, como es el anhelo de otras personas de corta edad que se encuentran en situación similar.

La vulnerabilidad de niñas y niños sometidos prevalece por el abuso de poder, en particular, contra quienes tienen menos edad, escaso nivel educativo, habitan en zonas económica y socialmente marginales, son mujeres, migrantes o indígenas, y han padecido violencia sexual y/o familiar o presentaron embarazos en edad temprana.

Esta situación se agrava con las enfermedades de transmisión sexual o el VIH/sida, el tabaquismo, alcoholismo y la adicción a drogas ilegales –que consumen- para paliar la tristeza, el asco o la vergüenza que les provoca ser utilizadas/os sexualmente, según lo documenta la Dra. Azaola.

Para prevenir se necesita conocer cuál era su situación familiar, económica, educativa, cultural o laboral. Para su atención se requiere conocer si las víctimas cuentan con redes familiares cercanas que los protejan o sus familias se encuentran a kilómetros de distancia. Y para sancionar a los culpables se precisa saber quién o quiénes participaron en su captación, transporte y traslado, quiénes las recibieron y quiénes las explotan.

Falta mucho por conocer de este problema social que coloca en mayor situación de vulnerabilidad a la niñez. Por ello, son importantes los estudios que arrojen información sobre cómo llegaron esas niñas, niños y adolescentes a padecer tal condición, pues permitirán atacar el problema desde su raíz. De ahí lo valioso del esfuerzo de la Facultad de Derecho y Criminología de la UANL que realiza un estudio sobre la ESCI en el área metropolitana de Monterrey.

Las cifras y datos presentados en forma preliminar a organismos de gobierno y asociaciones civiles, muestran el lado oscuro de una ciudad conurbada, donde se concentra el 85% de la población nuevoleonesa, que cuenta con un alumnado ubicado en los primeros lugares del ranking nacional en educación, con universidades e instituciones educativas de prestigio; con empresas e industrias que cotizan en Wall Street, y con dos de los municipios con mayores ingresos e índices de desarrollo humano de México.

En el lado oscuro, además de la devastación que dejó la tormenta “Alex”, por causas naturales y otras provocadas por los altos niveles de corrupción e insensatez; y la inseguridad pública que asuela la región, está la proliferación de cantinas, antros, table dances, salas de masaje simuladas y hoteles de estrellas fugaces o sin ella.

Muchos de estos negocios fueron autorizados de manera irresponsable por quienes se sirvieron de un puesto público, sin reparar en las consecuencias sociales que generarían. Ahora, éstos son sitios donde se evidencia la explotación sexual, incluso a plena luz del día, en céntricas calles de la ciudad donde el tránsito personal y vehicular es intenso.

El equipo de investigación de la UANL detectó, por esas calles y en diverso horario, a adolescentes –casi niñas- sometidas a la ESCI; por esa zona se ubican la Central de autobuses, varias estaciones del Metro, la sede de un partido político, la Alameda –sitio de esparcimiento para decenas de familias-, clínicas y hospitales públicos y privados, tiendas, farmacias, restaurantes, hoteles y los edificios que albergan al gobierno estatal y al municipal...

Por las indagaciones de los organismos especializados se observa un negro panorama para la niñez mexicana, pues mientras subsistan las condiciones de extrema pobreza, la inseguridad pública, la falta de oportunidades, el precario acceso a la educación, el desempleo o el empleo mal remunerado y persista la exclusión social, se ampliará más la brecha de la desigualdad social. Ello empeorará la violencia hacia las mujeres y la niñez y, en consecuencia, aumentará el número de niñas víctimas de explotación sexual comercial infantil.

¿Cómo podríamos proteger a la niñez de esta situación? Hasta hoy no existe una varita mágica que borre con un breve movimiento las políticas desastrosas que privilegian el desarrollo económico y se olvidan del desarrollo de los seres humanos. Tampoco existe tal varita para incorporar a todas las niñas y niños en las oportunidades de desarrollo, con acceso a educación de calidad, en instalaciones adecuadas, que les motiven estudiar y  logren aprobar y ubicarse en los primeros sitios del ranking internacional. Y borre el filtro que les impide ingresar al bachillerato y a los estudios superiores.

¿A quién recurrir para que la niñez mexicana tenga acceso a servicios de salud, a espacios seguros donde jugar y divertirse?, o ¿a dónde ocurrir para que se les brinde justicia?, si nos enteramos que las y los administradores a partir de que protestan el cargo empiezan a trabajar por su futuro político aplicando, además, buena parte del erario a difundir sus imágenes oteando el horizonte, olvidándose de su palabra dada en campaña.

¿Qué pasaría si en lugar de gastar en difundir sus imágenes, las autoridades utilizaran ese dinero en crear alternativas que potencien a la niñez?, ¿acaso no es esencial que la esperanza vuelva a poblar las mentes infantiles?, ¿no es importante que las víctimas de ESCI sean tratadas como las personas que son y no como mera mercancía para uso y abuso de adultos sin escrúpulos?

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