La disputa por La Pastora

Claudio Tapia

El camino que la sociedad ha tenido que recorrer para resistir el atentado ecológico y social ha sido largo y difícil. El desencuentro surgido entre buena parte de la ciudadanía y su gobierno por el despojo de un bien público que pertenece a todos, ocurrió en la presente administración pero se gestó desde la anterior.

Al elaborar y suscribir el título de concesión para que Femsa-Heineken pueda usar, aprovechar y explotar 25 hectáreas del Parque La Pastora durante 60 años, el Ejecutivo Estatal permite además que el citado bien reciba un inocultable daño ambiental que pone en peligro la vida y el patrimonio de los vecinos colindantes. Pero había que cumplir el compromiso heredado. Fueron muchas y muy poderosas las presiones.

El despojo se planeó con sumo cuidado desde el 2008. Primero, se deslindó del Parque La Pastora, sobradito, el polígono para construir un estadio de futbol y un centro comercial propiedad de la cervecera. Luego se les olvidó asignarle a alguna dependencia gubernamental la custodia y cuidado del predio a ceder, como si eso los liberara de responsabilidades. A continuación, se inició una campaña para intentar convencer a todos de las enormes virtudes del proyecto de “rescate sin fines de lucro” del bien deliberadamente abandonado y, finalmente, se solicitó a la legislatura el permiso respectivo para que el ejecutivo pudiera gravar el bien público cediéndolo en comodato a la empresa cervecera con compromiso social.

El Ejecutivo anterior no pudo cumplir lo prometido, una diputada se le salió del huacal y formuló preguntas que nadie pudo contestar: ¿Por qué 25 hectáreas? ¿Por qué 60 años? Y, ¿por qué cederlo para intereses privados, resulta de interés público? El asunto se archivó.

Pero el compromiso se heredó y la disputa resurgió. La actual legislatura retomó el asunto, desatendió el clamor ciudadano que surgió en defensa de La Pastora y, olvidando el interés general de los que dice representar, a la media noche del último día hábil anterior a un periodo vacacional (con el voto en contra de dos honrosas excepciones), le dio sustento legal, por la vía del decreto, al disfrazado despojo que traerá funestas consecuencias.

Los ciudadanos inconformes, recurrieron al amparo y protección de la justicia de la unión contra el vergonzante e ilegal acto legislativo. Los Tribunales Colegiados del Poder Judicial de la Federación admitieron las solicitudes -lo que motivo la queja del Ejecutivo Estatal- y empezó el desahogo de pruebas para demostrar, de fondo, el daño ambiental y social que el decreto impugnado permite.

En esas andábamos cuando, de repente, el ciclón “Alex” nos tomo a todos por sorpresa. De pronto la naturaleza, con sus brutales y contundentes argumentos, dio la razón a los que habíamos alertado sobre los enormes riesgos ambientales y patrimoniales inherentes al impopular proyecto.

Y como con la naturaleza no se puede discutir, ni se puede negar lo que es evidente –los hechos notorios no se tienen que probar- creímos que la catástrofe con su lamentable secuela, había venido a  poner punto final a la vergonzante disputa por la apropiación privada de un bien público estatal que, además, colinda con un bien de la nación. Pero nos equivocamos, la ceguera se sumó a la sordera y ganó el autismo y la necedad.

Pero como La Pastora vive, la lucha sigue. Estamos en espera de las resoluciones del Poder Judicial de la Federación a los amparos solicitados, más las que recaigan a los medios de impugnación que se irán presentando a lo largo del camino que tendremos que recorrer para corregir el arbitrario desvío de poder.

Además, para que la cervecera se salga con la suya, tendrá que sortear las regulaciones ambientales que aplican dependencias federales ajenas a la influencia estatal y que son menos débiles ante los poderes fácticos, como la Conagua, la Semarnat y la Profepa, mismas que ya se pronunciaron en contra de seguir tolerando el abuso de nuestros recursos naturales. Ya veremos. Los ciudadanos estaremos vigilantes. 

Para el Colectivo Ciudadano, tan importante o más que conservar el patrimonio del pueblo de Nuevo León y preservar un ecosistema que contribuye a una vida sana y digna, resulta el hecho de lograr que la ciudadanía, superando la fatal resignación, se atreva a participar activamente en la solución de un asunto que afecta la vida pública. Y lo estamos logrando.

Es por esto que seguirá dando cause a las voces de los ciudadanos que quieren comprometerse en la solución de problemas que les son comunes hasta convertir a las instituciones públicas en la encarnación de sus valores cívicos.

¿No es a eso a lo que nuestros gobernantes nos invitan en sus demagógicos discursos? ¿No nos repiten, incesantemente, que sin la participación de los ciudadanos ninguno de nuestros graves problemas se resolverá? Pues empecemos por solucionar el ecocidio y el atentado social que se está gestando en La Pastora.

claudiotapia@prodigy.net.mx

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