TRANSICIONES
Sucesión II
Víctor Alejandro Espinoza

La novedad en el proceso actual de sucesión de rector en la Universidad Autónoma de Baja California es sin duda la demanda de participación de la comunidad académica. De manera marginal si se quiere, los universitarios han expresado por diversos medios la necesidad de  contar con mecanismos de consulta para avanzar hacia la designación de rector que represente las aspiraciones de dicha comunidad. Todas las voces coinciden en el imperativo de reformar una Ley Orgánica que fue promulgada hace ya 53 años, el 28 de febrero de 1957, bajo el gobierno de Braulio Maldonado Sández. Desde entonces, los mecanismos de designación de rector han sido los mismos y evidencian el anacronismo de un método que hoy impide el avance y la adaptación de la UABC a las nuevas realidades nacionales e internacionales.

Carece de sustento la vieja idea de que la calidad de la educación está reñida con la participación de la comunidad académica en los asuntos y problemas de la sociedad. Hoy es una necesidad que los universitarios participen activamente en la solución de las demandas que presenta la estructura económica, social y política de nuestro estado. Pero esta debe guardar correspondencia con el involucramiento en las decisiones sobre las formas de representación de su entorno inmediato. La modernización de la universidad requiere que sus integrantes sean tomados en cuenta para la designación de sus autoridades.
        
Un buen ejemplo del esfuerzo por encontrar nuevas vías de participación en el proceso sucesorio lo constituye el grupo de profesores-investigadores que ha creado el Observatorio Académico Universitario. A través de un sitio de internet: http://red-academica.net/observatorio-academico/, se expresan opiniones que dan voz a muchos universitarios que carecen de espacios para manifestar sus ideas y propuestas para mejorar a su institución. Este grupo de valientes académicos ha llegado a la conclusión de que el mejor camino para transformar a la UABC es a través de la participación informada; que la pasividad y la abulia permiten que continúe el estado de cosas y  la universidad sea incapaz de  cambiar para adaptarse a los nuevos tiempos.
        
Actualmente el grupo de 11 personas que compone la Junta de Gobierno designa al rector. Poco se sabe acerca de los méritos reales, no los formales, que se tomaron en cuenta para ser nombrados por el Consejo Universitario como sus integrantes. Según lo establecido en la Ley Orgánica duran en su encargo 11 años o antes si cumplen 70 años de edad, o por incapacidad. En estas dos situaciones (o por muerte) son reemplazados por el Consejo Universitario; pero si renuncian, el resto de los integrantes de la Junta los sustituyen. Todos, se supone, participan a título individual, aunque hay una cuota de tres ex rectores. Existe plena coincidencia sobre la necesidad de revisar la forma de integración de la Junta de Gobierno. Debe de garantizarse que no haya incentivos para perpetuar el poder de quienes ya ocuparon el máximo cargo de representación o la injerencia de los gobernantes en turno.
        
Si uno de los grupos políticos de la universidad va ganando posiciones podrían generarse cacicazgos. La tentación de controlar la universidad a través del nombramiento de gente cercana a los miembros de la Junta, privilegiando las relaciones personales sobre las trayectorias y los meritos está presente. Dadas las condiciones actuales, sería muy saludable que uno de los miembros que hoy, coyunturalmente es a la vez un alto funcionario de la administración estatal, se abstuviera de votar o manifestarse por alguno de los candidatos. Evidentemente se trataría de minimizar el conflicto de interés; con ello el gobernador enviaría un mensaje claro de que no tiene la intención de influir en la sucesión. Además ello legitimaría, frente a la comunidad y a la sociedad en su conjunto, a quien resultara designado.
        
Una vez que concluya el proceso con la toma de protesta del nuevo rector, este tendrá la gran oportunidad de impulsar la necesaria reforma a la Ley Orgánica de la UABC. La comunidad universitaria debería exigir que todos los candidatos se manifestaran al respecto. Pero también existe otra vía que podrán explorar los universitarios ahora que vivimos en la entidad una situación de “Gobierno Compartido”, fruto de las elecciones del pasado 4 de julio: solicitar a la XX Legislatura que incluya la revisión de la normatividad universitaria en su agenda legislativa. Como vemos, la democracia ofrece nuevos caminos ante las viejas prácticas.

Investigador de El Colegio de la Frontera Norte
victorae@colef.mx

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