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Voto, convulsión y lo que viene
Ernesto Hernández Norzagaray

Este año se celebraron elecciones en catorce estados de la república. En ellos se postularon más de cinco mil candidatos y estuvieron en juego más de dos mil cargos de representación política, y esos correspondieron a doce de gobernador, cientos de diputados locales y alcaldes, miles de regidores, síndicos y síndicos procuradores–sin contar las 418 que por usos y costumbres se llevaron a cabo en Oaxaca.

Estas elecciones comprometieron al 37% de los ciudadanos registrados en la lista nominal, decenas de miles más que se desempeñaron como funcionarios de casilla y representantes de partidos y coaliciones. Seguramente sólo un pequeño porcentaje de casillas no se instalaron en esta franja del vasto territorio y en muchos de los casos fue por problemas de inundaciones, y en otros por la inseguridad que ha traído la espiral de violencia que existe en el territorio nacional, pero de manera especial en varios estados del norte del país.

Sorprende, además, saber que los partidos postularon candidatos solos o a través de coaliciones, cuyo resultado ha sido la ratificación de la pluralidad en los cargos de representación política.

Entonces, que se hayan llevado a cabo estas elecciones con la concurrencia de todos los partidos, y en su mayoría con una participación superior al 50% de la lista nominal, no es un dato rutinario sino de gran trascendencia. Es la expresión de que para la mayoría las elecciones siguen siendo, aun con todo lo cuestionable, la vía menos costosa para diagnosticar y resolver los problemas complejísimos que tiene la sociedad mexicana.

Las elecciones de este año fueron muy dramáticas, quizá como nunca los mexicanos en varios estados vivimos la zozobra de organizar y realizar comicios en condiciones de un virtual Estado fallido. Así, si bien los partidos, en tanto entidades de interés público, son las instituciones que detentan el monopolio de la representación política, no han quedado exentos de la contaminación, a veces sutil y otras brutal, que traen consigo las relaciones de estas dos formas de poder de manera que ha dado vida a la narcopolítica.

Los órganos electorales autónomos, que son las instituciones ciudadanizadas, se han mostrado incapaces de detener el flujo de recursos ilegales en los procesos electorales.

Los ciudadanos, sujetos indispensables en toda elección, en algunos estados fueron los grandes ausentes el día de la jornada electoral, dado que la atmósfera social se encontraba cubierta por la telaraña de la zozobra y la tensión de los días previos, y cómo no decir que, en varios estados, las instituciones electorales deben pedir permiso para entrar en pueblos y capacitar a los ciudadanos que habrán de instalar las mesas directivas de casilla, o de plano, por razones de seguridad, en algunos lugares no se establecieron.

Este ciclo de elecciones sucede, además, en un momento especialmente crítico de la llamada guerra del Estado contra el narco. Para principios de julio aproximadamente 28 mil vidas se habían perdido en tres años y medio, con su impronta dramática para miles de familias con responsabilidad o sin responsabilidad en estos actos de violencia, pero que se pierden irremediablemente. Duele sobre todo cuando la mayoría de ellos son jóvenes, o en un rango de edad aún productiva.  No obstante estos saldos negativos, la estrategia contra el crimen sigue hacia adelante, sin considerar que muchas de las pérdidas humanas, corresponden a ciudadanos que estuvieron en el lugar y el momento equivocado.

A pesar de todo, el comportamiento de los votantes fue en términos generales normal, pero igualmente heterogéneo, como una muestra de la dinámica que hoy se vive en los estados de la federación.

Veamos cuatro estados donde hubo elecciones y fue más acusado el fenómeno de la violencia del crimen organizado.

En Baja California, los comicios intermedios se celebraron bajo una atmósfera de violencia criminal, que ha sido la constante desde antes de la alternancia en el gobierno del estado, lo que enseña que ésta, por sí misma, no significa gobiernos capaces de atender con eficiencia las expectativas de los ciudadanos. Los resultados electorales muestran la permanencia del abstencionismo, que parece instalado desde hace varios años en un 70%, pero lo novedoso ha sido que la mayoría de ese 30% de bajacalifornianos que sufragó, que había venido apoyando al PAN, en estos comicios favoreció a los candidatos priistas, que ganaron los cinco municipios y la mayoría absoluta del congreso del estado.

Sin embargo, lo cierto fue que de esa mínima participación, los candidatos ganadores sólo alcanzaron a lo sumo la mitad de los votos, es decir, cuando mucho el 15% de la lista nominal de su distrito o municipio. Un porcentaje ínfimo, ante el tamaño de las necesidades y las expectativas ciudadanas.

En Chihuahua, el comportamiento electoral no fue muy distinto. Prácticamente el 60% de la lista nominal no asistió a las urnas a sufragar por los partidos y coaliciones de su preferencia. La atmósfera de violencia –en particular en la fronteriza Ciudad Juárez- no se quedó en los llamados crímenes domésticos, sino se irradió hacia los sectores de la clase política.

Esto puso a prueba a las instituciones políticas del estado, que fueron rebasadas por el ambiente de violencia criminal poniendo en entredicho la viabilidad de las mismas elecciones. Nuevamente tenemos un caso de gobernantes con apoyos de bajo porcentaje de la lista nominal. El gran ausente es el ciudadano.

En Tamaulipas, igual, o peor. En este estado fronterizo la violencia criminal no ha cesado ni un solo día. Las pasadas elecciones volvieron a recordar que la clase política no está fuera de los objetivos del crimen organizado. El ataque fatal contra el candidato del PRI al gobierno del estado y la subsecuente impunidad, mostró con toda evidencia, la gran debilidad de las instituciones judiciales, su incapacidad para resolver el crimen y castigar a los culpables de este magnicidio. No obstante, contra los tiempos electorales, hay que reconocer la capacidad de acuerdo entre las fuerzas políticas y la participación de los ciudadanos para garantizar la formación de gobierno.

Finalmente, el estado de Sinaloa, que vivió durante estos meses un ambiente de violencia criminal sin precedentes y los ataques contra miembros de la clase política no dejaron de ser la excepción. Sin embargo, los ciudadanos asistieron puntualmente a las urnas con un 58% de la lista nominal. Un porcentaje superior a lo ocurrido en las elecciones de gobernador de 2004. El resultado, además, como sucedió en Oaxaca y Puebla, permitió el triunfo de los candidatos postulados por una coalición de fuerzas políticas y sociales heterogéneas, comprometidas con la alternancia en el gobierno del estado. 

En suma, lo que tenemos son estados con elecciones convulsionadas por la violencia criminal, a la que frecuentemente se le agrega lo de las campañas negativas, creando un ambiente poco propicio para la participación ciudadana, traduciéndose en una aguda crisis de seguridad con su correlato sobre las instituciones, tanto políticas como sociales, sin que tenga los antídotos eficaces para disminuir y hacer manejables los altos niveles de incertidumbre.

Este escenario, de por sí crítico, se ha visto agravado a un problema procedimental, legal, por el largo camino entre el día de la elección y la toma de posesión.

Esta referencia a los casos estatales tiene, además del sentido humano, que en sí mismo es muy costoso, el correspondiente a nuestra comunidad académica. Algunos de los temas son recientes y otros, si bien no lo son tanto, adquieren una dimensión nueva que afortunadamente ya es materia de estudio de muchos de los que nos encontramos en Puebla. Apunto hacia cinco ejes problemáticos que son, y serán, materia de la nueva agenda de los estudios político-electorales:

Elecciones en estados de excepción o estados de la federación casi fallidos, es decir, estados donde cada vez es más difícil realizar elecciones en franjas de su territorio, por la incapacidad que tienen los tres niveles de gobierno para asumir un control absoluto, de manera que la cobertura organizativa de las instituciones electorales, frecuentemente se pone en entredicho.

Poder público y narcopolítica. Cada vez se hace ostensible la sospecha de vínculos de personajes del poder político con el crimen organizado y esto ha dado para reconocer la existencia de la narcopolítica. Un fenómeno que se manifiesta en muchos países del hemisferio, pero donde tenemos un gran rezago de cómo se comportan los actores de esta dualidad, que mina las instituciones públicas y la confianza de los ciudadanos en su democracia.

Un eslabón de la anterior dualidad, es la debilidad de los sistemas electorales para tener control sobre todos los intentos de financiamiento ilegal, gracias a un entramado poroso y fácil de evadir, que está teniendo un alto costo para las instituciones de la democracia y que en medios académicos como el nuestro, estamos obligados a plantear posibles reformas constitucionales y reglamentarias, que amplíen los dispositivos para que este mecanismo no siga minando y debilitando la lucha franca por los votos.

Así mismo una pregunta de investigación que hoy preocupa a muchos ciudadanos, es el costo que tiene la existencia de gobernantes con escasa legitimidad electoral, ya que como hemos visto en las experiencias comentadas, cada vez hay más ejecutivos producto de un pequeño porcentaje de la lista nominal, y eso, al menos en términos de percepción –y la percepción vale-, representa la base de toda democracia, que son los votos.

Finalmente, están las llamadas coaliciones sin programa político común, coaliciones para la agregación política y la alternancia en los gobiernos, pero que distan mucho de las que ofrecen los sistemas parlamentarios y sistemas semi parlamentarios.

Nuestra comunidad académica puede y debe ofrecer alternativas para que el sistema de coaliciones genere compromisos de gobierno, sujetos a control legislativo y ciudadano.

Texto leído como presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, en la inauguración del XXI Congreso Nacional de Estudios Electorales, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, Puebla. 1 de diciembre de 2010. Versión recortada de “Riesgos y desafíos de la democracia mexicana”
Dr. Ernesto Hernández Norzagaray
Facultad de Ciencias Sociales, Unidad Mazatlán, UAS

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