La rebelión de los empleados
Abraham Nuncio

Monterrey.- El tercer Encuentro Mundial de Valores ofreció hace unos días al público de Nuevo León la presencia de varias figuras de la ética hablada: el Dalai Lama, que definió a la corrupción como “el anti-Dios”; Chespirito, axiólogo de Televisa; la profesora Elba Esther Gordillo, columna moral del magisterio flexible, entre otras.

Mientras, el alcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal Bretón, debía tomar una decisión difícil: o bien solicitaba licencia, como se lo pedían su partido y otras voces, para facilitar la investigación sobre actos de presunta corrupción en los que aparecieron involucrados su hermano Jonás y Miguel Ángel García, el secretario de Desarrollo Humano, a quien se señalaba como su favorito para sucederlo en la presidencia municipal, o bien se mantenía en el puesto. Decidió esto último.

Al iniciarse el evento, el ambiente de la ciudad olía –aún huele– a quemado. Hay 53 víctimas que murieron en un incendio provocado por un grupo de delincuentes. Pero las múltiples implicaciones de este crimen terrible, empezando por la sorprendente fuga del dueño del casino Royale, lugar donde fue perpetrado, han sido nubladas por las notas, imágenes y comentarios referentes al escándalo producido por unas fotos y unos videos comprometedores en cuyo ojo huracanado se halla –o se hallaba– el alcalde Larrazabal.

Resumo la historia de todos conocida: Jonás Larrazabal aparece en unos videos y en fotos publicadas por El Norte recibiendo gruesas sumas de dinero en un lugar que es o parece un casino. Su hermano, el alcalde regiomontano, justifica: es producto de la venta de quesos de Oaxaca. Un lector de las redes sociales apunta que “los quesinos dejan más que los casinos”. Sergio Gil, el representante del casino Red, clausurado por las autoridades panistas en varias ocasiones y reabierto mediante maniobras legales, graba al hermano de Larrazabal y al secretario de Desarrollo Social del municipio en una conversación con él en formato Ahumada. Y desaparece del escenario de la misma manera que desapareció el dueño del casino Royale.

Ante la presión de la dirigencia nacional del PAN, de varios medios de comunicación, de políticos del PRI, de los organismos empresariales de Nuevo León y del grupo de empresarios ricos que antes controlaban localmente a aquel partido, Larrazabal hace que Miguel Ángel García, su secretario de Desarrollo Humano, pida licencia por treinta días. Pero él no renuncia.

Diego Fernández de Cevallos y Carlos Salinas de Gortari, dos de las cumbres de la transa política en México, se incorporan a las voces que respaldan a sus respectivos correligionarios: uno, al alcalde de Monterrey, y el segundo al gobernador Rodrigo Medina, de quien los panistas y sectores afines pedían que renunciara. El CEN panista deja el caso en manos de los responsables del PAN de Nuevo León, donde Larrazabal y su grupo, aliado al precandidato Ernesto Cordero, tienen innegable ascendiente.

El episodio da lugar a que los antecedentes de los casinos bendecidos por el clero católico en el Monterrey metropolitano, sus dueños, varios de los políticos panistas locales y nacionales y el narcotráfico aparezcan enlazados en los reportajes de algunos medios y en la actualización –a través de Wikileaks– del cable que en julio de 2009 envió al Departamento de Estado Bruce Williamson, entonces cónsul de Estados Unidos en Monterrey. En éste destacan Juan José Rojas Cardona, el llamado zar de los casinos, y su hermano Arturo. En el documento informa de esas relaciones, algo que no logran –¿o sí?– los órganos de inteligencia y seguridad ni el Ministerio Público Federal y del estado.

Rumbo a las elecciones de 2012, estamos en un escenario peor que el de las de 2006, referido en esos reportajes, y también que en el de las de 2009. Antes de éstas, The Wall Street Journal afirmaba: “Analistas y diplomáticos temen que los narcotraficantes vayan a aumentar su influencia sobre la política mexicana durante las elecciones legislativas programadas para julio”. Peor, porque la delincuencia organizada ha salido airosa del combate librado contra ella por el gobierno de Felipe Calderón. Por ello procede ahondar en la decisión del alcalde Fernando Larrazabal. Su conducta se apega a la ley. Pero no, como la de la mayoría de los políticos mexicanos, a la moral pública. Es un problema de mayor calado que el de una coyuntura política e incluso que el de un gobierno. Se trata de una subcultura de la deshonestidad y su mancuerna, la corrupción, de raíces muy hondas.

¿Por qué Fernando Larrazabal habría de dejar el puesto? Él forma parte del grupo panista de San Nicolás de los Garza. Este municipio industrial fue, y no deja de serlo, el patio trasero de los dueños de las empresas que viven en el próspero municipio de San Pedro Garza García. Ambos grupos han entrado en conflicto. Los panistas de San Nicolás eran, en principio, los empleados de los patrones, también panistas, de San Pedro. Cuando el neopanista Fernando Canales, uno de los que piden que Larrazabal se haga a un lado, perdió 50 millones de pesos –en el fraude y quiebra de Confia– y declaró tener otros 50 listos para su campaña, hizo evidente que si alguien quería puestos de importancia en la política tenía que tener millones de pesos a su disposición. El pragmatismo había irrumpido en Acción Nacional y el grupo al que pertenece Larrazabal así lo entendió. Había que obtener dinero de donde fuese. Y esta convicción la reafirmó, sobre todo, cuando Fox le confió la administración de la biblioteca Vasconcelos. Los giros negros, los casinos y el hampa ligada a todo tipo de delitos donde el dinero circula con facilidad surgieron como fuentes de recursos para las campañas y para acumular dinero extranómina en el ejercicio del gobierno.

La subcultura de disponer de dinero a toda costa de los políticos priistas se extendió, con alguna excepción, a toda la clase política mexicana. Lo extraño es que sus miembros no vean que su lógica es la de quienes se inscriben en las bandas de delincuentes chicas y grandes. A ver, ¿por qué si el heredero rico, el empresario privilegiado por un político, el político corrompido por un empresario, el cura que trae joyas de príncipe, el líder sindical que nada en lujos, el jefe de cualquier cosa tiene poder con su dinero sin arriesgar nada, yo no he de tener lo mismo, aunque para ello arriesgue el pellejo?

¿Por qué un político modesto, ante signos de opacidad, ha de dejar el puesto, si quienes están arriba de él han hecho cosas peores, incluso robarse impunemente la elección mayor? La honrada medianía no está en el poder y no hay quien dé ejemplos prácticos de moralidad pública.

¿Desea dar su opinión?