ANÁLISIS A FONDO
Total retirada del Estado
Francisco Gómez Maza

Todo para el sector privado
Subasta el futuro del país

Ciudad de México.- Los capitanes de las organizaciones empresariales comenzaron este lunes a presionar a la Cámara de Diputados para que apruebe la ley de asociaciones público-privadas, aprobada por el Senado hace ya casi un año y que entregará a consorcios nacionales y trasnacionales todos los servicios y obras que son responsabilidad del Estado.

Con excepción de la industria petrolera, los demás sectores, incluida la electricidad, podrán ser privatizados, si los diputados aprueban la ley, aprobada por los senadores el 12 de octubre de 2010, pues los capitales particulares podrán participar, financiados inclusive con recursos públicos, en la construcción de carreteras, escuelas, hospitales, cárceles e incluso administrarlos, con contratos hasta por 40 años.

Esta reforma, presentada al Congreso por el presidente Felipe Calderón, fue modificada en 80 por ciento, por los senadores, ya que tal como venía era el proyecto más desmantelador del sector público que, como lo dijo en su momento el senador priista Francisco Labastida, “he conocido en 48 años de laborar en la administración pública federal.”

La de asociaciones público-privadas es la ley más agresiva sobre privatización de la que tengamos memoria, como lo advirtió hace un año el senador del Partido del Trabajo, Ricardo Monreal. Escatima la responsabilidad del Estado mexicano como rector del desarrollo, ya que éste pasará a ser, de probarse la ley en la Cámara de Diputados, un mero gestor y administrador de contratos para el sector privado.

La ley es una camisa de fuerza para futuras administraciones, ya que tendrán que priorizar las obligaciones contraídas por gobiernos anteriores.

Además, la ley subasta el futuro del país, toda vez que las obligaciones económicas asumidas por el Estado no serán contabilizadas como deuda, sino como gasto corriente, evadiendo el control del Congreso.

Los senadores le hicieron a la iniciativa presidencial cambios en 32 artículos y agregaron dos para evitar que empresas privadas nacionales y extranjeras se apoderaran de la infraestructura ya existente. Las asociaciones público privadas son sólo para obra nueva.

Los senadores eliminaron también la posibilidad de que el Estado contrate obras o servicios con fideicomisos, la opacidad en la asignación de contratos; que en el caso de expropiación de tierras se respeten las disposiciones de la Ley Agraria, para garantizar el derecho de audiencia del dueño original, y que los terrenos no puedan usarse mientras no se haya cubierto su costo a los afectados.

Con todo, falta incluir en la ley la prohibición expresa de garantizar rendimientos o ganancias a las empresas contratistas.

Además, los diputados deben modificar las leyes secundarias, a fin de establecer que la iniciativa privada no podrá participar, bajo esa modalidad, en actividades como la seguridad pública, donde se requiere secreto para que la información no pueda filtrarse y beneficiar al crimen organizado.

Pero los gremios empresariales no cejan en sus intentos de que los diputados aprueben una ley ad hoc, a modo, con sus intereses. Este lunes, en el marco del Foro de Discusión de Asociaciones Público Privadas, realizado en Monterrey, Nuevo León, más de 40 especialistas, diputados federales y locales, representantes y miembros de organismos empresariales, así como del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, coincidieron en “la importancia e impacto positivo” que la ley de asociaciones público privadas “tendrá” para el crecimiento económico del país, particularmente ante el riesgo de una nueva recesión global.

De acuerdo con el criterio de las cúpulas empresariales, la mencionada ley otorga al país un marco legal que garantiza certidumbre jurídica a los inversionistas, haciendo más atractivos y viables (claro, por supuesto) los proyectos de infraestructura. Además, ayuda a reducir los costos de riesgo y de construcción; acelera la preparación de proyectos y reduce su tiempo de ejecución, al tiempo que “garantiza” la rectoría del Estado (¿será?) sobre las obras que se ejecuten con capital privado, y permite una mayor inversión en temas de atención social como la construcción de escuelas y hospitales.

Mario Sánchez Ruiz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, señaló que “la importancia de aprobar la ley de asociaciones público-privadas radica en poder capitalizar los recursos de la iniciativa privada para la construcción de carreteras, puertos, aerotransportes, hospitales, transporte público, etcétera y destinar más recursos públicos a programas sociales de alta rentabilidad”.

Obviamente que los dirigentes empresariales están convencidos, porque así conviene a sus intereses, que “aprobar la ley contribuirá a detonar el crecimiento económico de nuestro país, ya que incrementará las inversiones y contribuirá a generar más empleos de calidad. Asimismo permitirá mejorar la calidad de los servicios públicos, ya que hoy el gobierno mexicano no cuenta con recursos suficientes para atender las incalculables demandas de la población.”

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