Posicionamiento de Fundar sobre la desaparición de la SFP.

La eliminación de la SFP no constituye un ahorro y agravaría los problemas de nuestro   sistema de rendición de cuentas


 El pasado 8 de septiembre, el Presidente de la República anunció las
propuestas que presentará a la Cámara de Diputados como parte de las medidas
con las que se pretende hacer frente a la crisis económica actual. Además del
contenido del paquete económico y la generación de nuevas cargas tributarias a
los consumidores, destaca de entre los puntos propuestos por el Ejecutivo, el
cierre de tres secretarías de Estado: la Secretaría de la Función Pública,
la Secretaría de la Reforma Agraria y la Secretaría de Turismo.
 
La pretendida fundamentación detrás de esta decisión es que con estos
cierres se lograrán ahorros que permitirán reorientar el gasto hacia sectores
con mayores necesidades o a los que se debe dar una priorización
presupuestaria. No obstante, una decisión de gobierno de esta envergadura
requiere de reflexiones, valoraciones y análisis más complejos que la simple
idea del ahorro en el gasto público.
 
En el caso concreto de la Secretaría de la Función Pública, por principio de
cuentas es pertinente reconocer el déficit que presenta en su desempeño para
cumplir con la misión de consolidar un gobierno honesto, eficiente y
transparente. A pesar de ello, su diseño institucional significa un
aporte a la frágil y débil estructura de rendición de cuentas en nuestro país.

En México, las consecuencias de un deficiente esquema de pesos (controles) y
contrapesos se ven agravadas por la escasa participación del Congreso en las
tareas de fiscalización y control del Ejecutivo, lo acotado del mandato de la
Auditoria Superior de la Federación (que por su naturaleza revisa sólo una
parte de la administración pública y sus informes son emitidos un año y dos
meses después de ejercido el gasto público), por lo opaco de la información
presupuestaria así como la tendencia a generar instrumentos que presentan cada
vez menos información para el seguimiento al gasto público, entre otros
problemas.
 
Sin embargo, y aunque de manera accidentada, la SFP llena un espacio necesario
en las funciones de control y fiscalización. Su mandato, no 
necesariamente bien logrado, es propiciar la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas y el acceso a la información. Dentro de sus atribuciones vigila e inspecciona el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los
Presupuestos de Egresos. También se ocupa de la vigilancia de la satisfacción
de aspectos formales en los procesos de registro y contabilidad, empleo y
remuneraciones de personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos,
servicios y ejecución de obra pública. Y tiene la encomienda particular de
investigar y sanciona las conductas de los servidores públicos con el fin de
salvaguardar la legalidad y el patrimonio de la Administración Pública
Federal.
 
Dada la importancia y la necesidad de una instancia como la Función Pública,
es inexplicable que la prioridad de la Presidencia de la República no sea
fortalecerla sino eliminarla. El mensaje político es contradictorio, por decir
lo menos. La intención de desaparecerla y transferir algunas de sus
responsabilidades y competencias a otras dependencias, diluye aún más la ya
debilitada estructura de responsabilidades en el país, mina la  
credibilidad, la confianza social y desaparece los pocos esfuerzos y políticas públicas dedicadas a combatir la corrupción y fortalecer la transparencia y la ética en la gestión pública. La inconsistencia se hace evidente si consideramos que la
SFP, a través del Programa de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a
la Corrupción, tiene como tarea dar seguimiento a las obligaciones 
derivadas de las Convenciones Internacionales Anticorrupción, de la OEA, OCDE y ONU que México ha firmado y ratificado. El gobierno suele fundamentar el cumplimiento de algunas de sus responsabilidades con acciones y temas como el desarrollo de sistemas de atención a quejas, denuncias e inconformidades. Ejemplo de lo anterior son la Ley del Servicio Profesional de Carrera, “Declaranet”
(programa en línea para dar seguimiento al patrimonio de funcionarios
públicos) y el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y
Combate a la Corrupción 2008-2012, todos a cargo de la SFP.

 La decisión resulta aún más cuestionable, cuando profundizamos sobre el
argumento del ahorro en el gasto público. Para 2009, el presupuesto total neto
original asignado a la Secretaría de la Función Pública fue de $1,568,056
(mil quinientos sesenta y ocho millones de pesos), lo que convierte a esta
secretaría en la que menos presupuesto recibió. En contraste, la Oficina de la
Presidencia, sin ser una secretaría de Estado, recibió como presupuesto
original $1,798,061 (mil setecientos noventa y ocho millones de pesos). La
asignación original de 230 millones de pesos más que a la SFP refleja
sencillamente que el Gobierno Federal prioriza el mantenimiento de un aparato
burocrático al servicio de la Presidencia, sobre el funcionamiento de una
instancia de control. De hecho, la propuesta de que las funciones de la
Secretaría de la Función Pública sean trasladadas a la Oficina de la
Presidencia confirma el avance en el desmantelamiento de las instancias
independientes de control y la concentración de funciones de carácter
hiperpresidencialista.
 
Pero la piedra de toque sobre el cuestionamiento a la débil racionalidad y
razonabilidad de la decisión sobre la SFP radica en que incluso
reconociéndolos como pobres, sus resultados significan un beneficio mayor para
el erario que el supuesto ahorro que su cierre significaría. De 
acuerdo a datos oficiales, en el marco del cumplimiento de los Programas Anuales de  Auditoría y Control, tan sólo del 1o. de enero de 2007 al 30 de junio de 2009, las
recuperaciones y ahorros de recursos derivados de auditorías así como de las
recomendaciones generadas ascendieron a un total de $5,295.4 millones 
de pesos. Debe subrayarse que de este monto, $875 millones corresponden al periodo enero-junio de 2009. Es decir, los ahorros y recuperaciones logrados 
por la SFP en el primer semestre del año son superiores al 50% del pretendido ahorro.
 
En el caso de los reintegros a la Tesorería de la Federación, nuevamente de
acuerdo a información oficial, de acciones derivadas de la Secretaría de la
Función Pública las entidades federativas acumularon $701 millones de pesos de
enero de 2007 a julio de 2009. De los cuales, $164.1 millones corresponden al
periodo de enero a julio de 2009. Estos reintegros derivan de las auditorías a
los programas federales ejecutados en las entidades federativas, municipios,
Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales.
 
En el entendido de que lo que se requiere es mejorar el desempeño y los
resultados de los mecanismos de control, no es comprensible que se pretenda
eliminar una burocracia especializada como la de la Secretaría de la Función
Pública. De la misma forma, es inexplicable remitir sus funciones, que 
reclaman particularidades técnicas, jurídicas y de recursos humanos y profesionales muy específicas, a una oficina que depende directamente del Presidente de la República y que carece de cualquier autonomía, ya de gestión, operativa o presupuestaria.
 
La solución a la grave crisis financiera no está en medidas de alto impacto
mediático pero de bajo resultado para el ahorro en términos reales, como lo es
el cierre de una secretaría. Otros problemas de mayor calado, como la
insostenible asimetría en los ingresos de nuestros servidores públicos frente
a la ciudadanía, deben ser atendidos con inmediatez. Por ejemplo, sólo en el
Poder Judicial, entre ministros, magistrados, consejeros de la judicatura y
magistrados de circuito, esto es, menos de 700 personas, concentran $1,709,156
(mil setecientos nueve millones) por concepto de sueldos. Es decir 
$141 millones más que lo que recibió como asignación presupuestaria original la Función Pública.
 
En tiempos que requieren austeridad y mejor control del gasto público,
consideramos que deben mejorarse los mecanismos de sanción y establecer una
mejor coordinación entre los órganos y autoridades con responsabilidades de
fiscalización. En sentido contrario a su eliminación, es indispensable
garantizar la independencia, capacidad de gestión y autonomía de la SFP. Nos
enfrentamos a la necesidad de una reforma legal amplia que permita mejorar
integralmente el procedimiento de responsabilidades administrativas 
(denuncias, investigación, sanción, ejecución y registro), además de desarrollar
mecanismos de protección a testigos y denunciantes que incentiven la 
denuncia y la confianza de los ciudadanos. Por ello vale la pena insistir: lo que
requerimos es mejorar el sistema de control, no eliminarlo.

 Sin un ahorro real en la eliminación de la Secretaría de la Función
Pública, esta propuesta se acerca más a la demagogia de la austeridad y a la
ampliación de la discrecionalidad excesiva en el servicio público que al
beneficio de las finanzas públicas. Esto sin considerar el alto impacto
negativo que puede tener la desaparición de un órgano de gobierno como la SFP
para nuestro sistema de rendición de cuentas.

 
Para mayor información favor de dirigirse con:
Justine Dupuy,    justine@fundar.org.mx
04455-3460-5195
5554-3001 ext. 138

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