Ciudad de México.- Las elecciones intermedias en México están a la vuelta de menos de un año, y los círculos opositores ya están politizando todo, en un intento por resquebrajar el poder electoral Morena, el partido que llevó a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador.
Los principales objetivos de la escalada de las minorías son dos personajes: El presidente de la república y el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, a quienes acusan de no tener idea de cómo “controlar” la pandemia del coronavirus, entre otras “ocurrencias”.
Es explicable, es comprensible. No serían oposición si no cuestionaran todo lo que hace o deja de hacer el actual gobierno, no obstante que es el único gobierno claramente legítimo, habido hasta ahora gracias al abultado monto de votos recibidos durante la jornada electoral del domingo primero de julio de 2018.
Entonces fue imposible para los órganos jurisdiccionales, que organizan y califican los procesos electorales y las elecciones mismas, ocultar poco más de 30 millones de sufragios, y no les quedó más, al IFE-INE y a ese deleznable bodrio de “justicia” llamado Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que reconocer el triunfo de la terca oposición de Andrés Manuel López Obrador, a la cabeza de un partido-movimiento, que aglutinó a muchas organizaciones y ciudadanos de diversas tendencias y orientaciones filosóficas y políticas, y hasta oportunistas, en contra del sistema calificado de “prianista” por las alianzas entre el PRI y el PAN.
De Carlos Salinas a Enrique Peña, exceptuando Vicente Fox, todos se sentaron en La Silla, gracias al fraude electoral, a la compra de votos, al manipuleo de las urnas, o a los chanchullos cibernéticos del Programa de Resultados Electorales Preliminares, del IFE-INE.
Además, ni el Instituto Nacional Electoral ni el Tribunal Electoral se percataron (es más lo avalaron) del empleo de multimillonarios recursos económicos para llevar a la presidencia al ex gobernador del Estado de México. Imposible olvidar la millonaria repartición de monederos de Soriana y de Monex con un saldo de $3,000 pesos cada uno, que el PRI distribuyó entre ciudadanos para que le otorgaran el voto al ahora expresidente indiciado de muchos delitos de corrupción.
En ese momento no se sabía públicamente que quien había apuntalado la campaña de Peña fue la empresa brasileña Odebrecht, que dispuso de por lo menos 10 millones de dólares para apoyar al mexiquense a cambio de multimillonarios contratos con Pemex, que todavía era una de las petroleras más importantes del mundo.
Muchos delitos electorales se cometieron ante los ojos alcahuetes del órgano jurisdiccional, que organiza los procesos electorales y las elecciones.
Ahora, a menos de un año de la jornada electoral intermedia, quienes añoran los años de la corrupción y opositores de López Obrador, empezaron ya a intentar destrozar honras políticas en busca de recuperar el poder que perdieron hace dos años. Y ven su oportunidad, de oro, en la elección del primero de junio del año 2021, cuando se pondrán en juego 21 mil puestos de elección popular en el país.
Lo que más les preocupa a los opositores es que Morena, el partido en el gobierno, gane la mayoría en la Cámara de Diputados.
De ahí, la campaña con todo lo que pueda derruir la fama del gobierno de corte liberal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, un “populista”, un “comunista” en boca de la ultraderecha panista. O un presidente que actúa por ocurrencias, de acuerdo con analistas a modo del pasado corrupto.
De ahora para adelante no cesará la confrontación politiquera, de ramplonerías, mendacidades, falsos testimonios, acusaciones improbables etc, para socavar el poder electoral del partido que llevó a la presidencia a López Obrador.
Habrá que estar pendientes del termostato político. El arranque del proceso electoral 2021 será declarado el 7 de septiembre por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral a fin de que el 6 de junio de 2021, 95 mil electores empadronados puedan acudir a las urnas a elegir gobernadores, autoridades municipales, diputados a congresos locales, así como a los 500 legisladores de la Cámara de Diputados.