ANÁLISIS A FONDO
Más periodistas muertos
Francisco Gómez Maza
Negligencia de Felipe Calderón y los gobernadores
PGR y fiscalía especial, enredadas en la ignorancia
Ciudad de México.- El drama del periodismo mexicano: 57 periodistas asesinados en lo que va del actual sexenio gubernamental, ante la total negligencia, apatía y desinterés del gobierno de Felipe Calderón y de los gobiernos estatales.
La ley de protección a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas fue aprobada por el Congreso, una vez asesinada con saña la reportera Regina Martínez. El cadáver fue hallado el viernes pasado en Xalapa. La ley fue aprobada el lunes y ayer la policía halló, que no encontró porque no los estaba buscando, los cadáveres desmembrados y embolsados de los fotógrafos Gabriel Huge y Guillermo Luna, junto con los restos de otras dos personas, que todavía no habían sido identificadas, todo en el estado que desgobierna Javier Duarte.
Quiénes son los autores materiales e intelectuales de los asesinatos. Nadie puede asegurarlo. Algunos usan la salida más fácil, la especulativa, como la PGR: “La delincuencia organizada”. Los ministerios públicos andan en el planeta Marte. No lo saben porque no investigan, porque les tiene sin cuidado que los periodistas sean asesinados, sea por “la delincuencia organizada” o por quién sabe quién poderoso política y económicamente, que ve afectados sus intereses con las denuncias que se vierten en los periódicos.
Lo cierto es que la misma fiscal especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión (chistoso nombre: los periodistas son llamados “libertad de expresión), Laura Angelina Borbolla Moreno, no tiene ni idea de cómo proceder. Lo más ocurrente decidido por ella fue anunciar que se trasladaría a Veracruz para “coadyuvar” con la procuraduría estatal en las investigaciones de los asesinatos, tanto de Regina como de los periodistas hallados muertos ayer. Como su jefa, la señora Marisela Morales, Borbolla Moreno no tiene ni idea de lo que es procuración de justicia.
A doña Laura Angelina sólo se le ocurrió afirmar que, “por las características del crimen, se presume la participación de la delincuencia organizada en la comisión de estos homicidios”. Esto no necesita decirlo. Lo que los periodistas quieren es que la autoridad investigue en serio, con responsabilidad. Pero ni el ministerio público estatal, a las órdenes de Duarte, ni el federal, a las órdenes de Felipe Calderón, hacen algo contundente para esclarecer los asesinatos.
La señora fiscal se manifestó confundida, desorientada, cuando el colega Rogelio Hernández López, de la Casa de los Derechos de los Periodistas, le sugirió ayer en público que se trasladara a Veracruz para atraer las investigaciones. Pero ella le dijo que eso no se podía. Claro que se puede. La PGR bien puede “atraer” los casos, como lo hace en otros asuntos ocurridos en estados de la federación.
El hallazgo de los cadáveres de los foto-reporteros ocurrió días después de que Regina fue hallada asesinada. En este año van ya siete periodistas ejecutados en Veracruz. El gobernador Javier Duarte ha demostrado por lo menos ignorancia en el manejo del tema de la libertad de expresión, tanto con reporteros como con otras personas que expresan su opinión en redes sociales.
El Día Mundial de la Libertad de Prensa estuvo así marcado por otro hallazgo macabro en Veracruz.
La directora de proyecto de Freedom House, Karin Deutsch Karlekar, explicó que México se ubicó en el puesto 139 de un total de 198 países analizados, con un grave problema sobre todo por la emergencia de “actores no estatales” ejerciendo la violencia; esto es, los grupos criminales.
Las organizaciones defensoras de los periodistas están preocupadas porque no se analizan a fondo “los nexos del narcotráfico con los políticos mexicanos”, algunos de los cuales pueden estar detrás de algunos asesinatos.
Mientras cortes estadounidenses instruyen casos que afectan a figuras como el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, en México no hay acciones legales en sentido parecido.
El director de la organización Artículo 19, Darío Ramírez, se refirió a que la grave situación del país deriva de la postura del Estado de “dejar hacer y dejar pasar” ante los crímenes; de la sociedad, que ha permitido que los informadores “estén siendo masacrados” y de que pocos medios tienen “capacidad de reacción ante estos fenómenos de violencia”.
El representante en México del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Mike O'Connor, destacó que el crimen organizado “ha encontrado la manera de controlar hasta el Internet”, especialmente en zonas del noreste de México.
El hecho real es que con leyes o sin ellas los periodistas siguen estando en la mira de asesinos que no puedo asegurar que sean pagados por el “crimen organizado” o por políticos corruptos. O por una combinación de ambos.
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