Grave crisis humanitaria
David Carrizales

Monterrey.- El gobierno de Enrique Peña Nieto ha tenido un cambio en el discurso al reconocer la problemática existente en materia de derechos humanos, pero las palabras no cambian la realidad que siguen viviendo muchos mexicanos. El Estado es incapaz hasta de identificar a más de 15 mil víctimas de la violencia, dato que destacó durante la presentación del Informe de Amnistía Internacional, la noche del viernes en el Teatro de la Ciudad.

Daniel Zapico Alonso, coordinador de Movilización e Impacto de Amnistía Internacional México, puntualizó que las violaciones que AI ha documentado durante los últimos años, permanecen sin cambios significativos. Repasando el último año “nos encontramos con la negación sistemática de los derechos humanos y la falta de credibilidad de las investigaciones oficiales que desembocan en la impunidad, que podemos calificar de sistemática”, dijo Zapico.

Agregó que en materia de seguridad, seguimos padeciendo detenciones arbitrarias, torturas, abuso de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales. En todos estos casos, se acumulan las denuncias sin que haya investigaciones efectivas que permitan poner fin a la impunidad.

En febrero de este año, el gobierno federal publicó información sobre las más de 26 mil personas desaparecidas desde diciembre de 2006, hasta diciembre de 2012. Un complemento aterrador a esta cifra, es que a finales del 2012, la CNDH tenía registrados 15 mil 921 cuerpos sin identificar en todo el país: “la incapacidad del Estado es tan sistemática y estructural que ni siquiera es capaz de ponerles nombre a las víctimas de la delincuencia”.

Insistió Zapico en que los cambios cosméticos no son suficientes y lo peor, lo que hoy se publicita como un gran avance, mañana puede suponer una nueva herramienta de violación de derechos humanos o al menos una nueva fuente de frustración, a propósito de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas creada el 27 de mayo, y de la que seguimos esperando conocer funciones, atribuciones, capacidades, respaldo político, para desarrollar su trabajo.

“Si no se responden estas preguntas, difícilmente vamos a asistir a un cambio y seguiremos viendo que se crean instituciones para aplacar a la opinión pública y la presión internacional, simular que se está haciendo algo, pero sin que se produzcan cambios reales. Lo vimos en los ataques contra periodistas con una fiscalía especializada, en el tema de la trata donde se crean también instituciones al respecto, o en la violencia contra las mujeres; pero sin avances reales”, afirmó.

Otro ejemplo de esta falta de cambios se da con el arraigo, una figura asociada a la tortura, fabricación de pruebas e impunidad estructural que ha existido en México. Ha sido condenada en diversos órganos de Naciones Unidas que han recomendado su eliminación.

En lugar de eso, el legislativo mexicano impulsa actualmente una reforma que reduce el plazo de 80 a 35 días de arraigo pero sin alterar las condiciones que hacen de esa figura un instrumento de violación a los derechos humanos y añadiendo incluso retrocesos, como es la ampliación del plazo para poner a los detenidos a disposición del Ministerio Público.

Asimismo, aunque Peña Nieto se comprometió ante AI en las pasadas elecciones a prevenir y sancionar la tortura, desde su llegada al poder no ha habido acciones nuevas o políticas específicas al respecto.

Durante 2012, la CNDH recibió mil 662 denuncias de tortura y malos tratos, sólo en relación con casos de competencia federal, pero no hubo condenas por este delito. Tampoco ha mejorado la situación de los migrantes, persisten los ataques en su contra y parece que los funcionarios de la PGR han dejado de centrarse en los abusos contra este grupo y han aumentado los obstáculos para hacerles justicia. La consecuencia es que los grupos criminales y los funcionarios coludidos siguen actuando con total impunidad.

Por otro lado, en 2012 al menos diez periodistas fueron asesinados y en enero pasado, a pocos días del nuevo gobierno, ocurrió el primer asesinato de periodistas del sexenio. También se han registrado detenciones arbitrarias por la policía y otras autoridades contra comunicadores y defensores de derechos humanos.

No ha cambiado mucho la situación de violencia contra las mujeres. Los datos más recientes de que dispone AI, destacó Zapico, revelan que en 2009, de acuerdo a datos oficiales, hubo 14 mil 829 casos de violación, pero sólo se dieron dos mil 795 condenas, aunque se habrían registrado más de 74 mil violaciones, cinco veces más de las denunciadas. Sólo hubo condenas en uno de cada 21 casos registrados.

Feminicidios, desapariciones y ataques a periodistas en Nuevo León

En tanto, Irma Leticia Hidalgo, representante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos, mencionó que según la organización Arthemisas por la Equidad, durante la administración de Rodrigo Medina de la Cruz, de octubre de 2009 a noviembre de 2013, han ocurrido 538 feminicidios, pero el registro no muestra la realidad de la violencia contra las mujeres pues se refiere sólo a la información que se publica en los medios locales.

Citó que en 2011 hubo 222 feminicidios, en 2012 se registraron 149 y 81 en lo que va de 2013. Agregó que de esta cifra, el 55.89 por ciento se ha registrado en la zona metropolitana y 36 mujeres fueron asesinadas tan sólo en Monterrey.

Asimismo mencionó que el gremio de de los periodistas ha sufrido diversas agresiones y su situación cambió de ser los que hacen la nota a protagonistas de la misma. “México ocupa el lugar 153 de 179 en el mapa de libertad de expresión que es publicado por Reporteros sin Fronteras, mientras la organización Artículo 19, dice que de enero a septiembre de 2013 se registraron 225 agresiones a periodistas, superando las 207 de todo 2012”.

En Nuevo León se tienen contabilizadas siete agresiones contra comunicadores en lo que va del año; frecuentemente son a manos de los agentes del Estado: ejército, policía municipal, estatal o federal.

Los ataques contra fotógrafos, camarógrafos o reporteros, se dan al momento de acudir a cubrir la nota sobre un asesinato, una balacera o un operativo, cuando deben enfrentarse a la intimidación de los agentes del Estado, quienes sin portar identificación y en la mayoría de las ocasiones encapuchados, a ellos sí les exigen identificarse plenamente, les toman sus datos y los anotan en una libreta, además de obligarlos a borrar sus fotografías.

“Estos van generando una lista de quienes acuden en forma constante a cubrir las notas, poniéndolos en desventaja y en riesgo, porque se ha documentado que las corporaciones policiacas muchas veces están coludidas con el crimen organizado”, dijo Hidalgo Rea.

La impunidad en casos de periodistas asesinados y de desaparecidos, no es diferente a la de la mayoría de los crímenes cometidos en México, ya que de acuerdo a la CNDH, sólo el 9 por ciento se ha resuelto. Se han creado mecanismos de protección, pero no operan de forma adecuada ni eficiente, sólo son una ventanilla burocrática más.

Los defensores de los derechos humanos en tanto, sufren gran vulnerabilidad, por denunciar y exigir justicia. La respuesta de las autoridades es intimidar antes que atender los reclamos.

La desaparición de una persona es quizá el crimen más atroz, que lesiona en forma grave e irreparable a la sociedad. “A casi un año de la nueva administración federal, el discurso de cercanía con las víctimas resulta vacío, pues continúan estos delitos y lo más grave es que el Estado no está buscando a los desaparecidos, seguimos siendo las familias las que hacemos el trabajo, parece que la estrategia es apostar al olvido, el cansancio y la muerte”, señaló Hidalgo.

La actual administración dio a conocer una lista con los nombres de poco más de 26 mil personas desaparecidas durante la anterior administración, pero no precisa si ya incluye a las víctimas que se han registrado durante el actual gobierno.

Por el lenguaje de las autoridades, añadió Leticia Hidalgo, pareciera que la guerra del narco ya terminó y que es el momento de iniciar una ardua reconstrucción y reconciliación, “pero eso es mentira, la guerra no ha terminado, se siguen sumando a nuestras filas compañeros a los que se les han desaparecido a un familiar ¿cómo podemos iniciar una reconstrucción cuando la destrucción continúa?”

El sacerdote, Luis Eduardo Villarreal Ríos, por su parte, estimó que al menos un 25 por ciento de los migrantes centroamericanos que son atendidos en Casa Nicolás, han sufrido algún tipo de agravio de los delincuentes, los empleadores o las autoridades.