Pobreza por ingresos
Lupita Rodríguez Martínez
Monterrey.- “Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”. Tal es la mandato que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 123, inciso A, fracción VI.
A pesar de las múltiples luchas para que con los salarios mínimos se cumpla realmente lo estipulado por la Constitución, el aumento salarial autorizado para el 2017 resultará insuficiente para alcanzar los niveles de vida digna que requiere la familia de un trabajador o trabajadora.
A partir del primero de enero del 2107 el salario mínimo subirá de 73.04 a 80.04 pesos diarios. Un aumento de siete pesos con el que difícilmente los jefes o las jefas de familia podrán cubrir las necesidades de alimentación, educación, salud, vivienda, calzado, vestido e, incluso, entretenimiento.
Aunque la resolución salarial está basada en factores como la inflación, el poder adquisitivo y el contexto económico mundial, otra vez la Comisión Nacional de Salarios Mínimos deja a la deriva a más de 8 millones de mexicanos trabajadores cuyo ingreso es de un sueldo mínimo, monto que se encuentra por debajo de la línea de bienestar.
Pero, quienes más van a seguir sufriendo son 3.5 millones de mexicanos que trabajan sin salario mínimo, ya que como ingresos únicamente tienen comisiones o propinas, aunque laboren ocho o más horas al día y en una empresa formal, pues no reciben remuneración, ni tampoco tienen prestación social. En el 215 el trabajo no remunerado representó el 24.4% del PIB.
El salario mínimo necesario para alcanzar la línea de bienestar debe ser de 90 pesos diarios y, en ese sentido, resulta lamentable que los representantes gubernamentales, patronales y sindicales no se hayan puesto de acuerdo, máxime que desde octubre del 2014 venían trabajando en la Comisión Consultiva para la Recuperación Gradual y Sostenida de los Salarios Mínimos Generales y Profesionales, con la encomienda de revisar diversos esquemas para poder incrementar los minisalarios en el monto estimado.
La importancia del monto del salario para la subsistencia con dignidad de las y de los trabajadores de menores ingresos y sus familias, es crucial no solamente para el pleno goce y disfrute de sus derechos humanos, sino para que como sociedad zanjemos las marcadas brechas de pobreza, desigualdad, marginación e inestabilidad.
Lo grave del aumento salarial es el riesgo que corren entre 5.4 y 6.8 millones de mexicanos de caer en pobreza por ingresos, quienes tras una década sin cambios en el mercado laboral pasarían a incrementar la cifra de 53 millones de mexicanos que viven en situación de pobreza.
Lo peor es que los problemas económicos pueden agravarse para el 2017, no solamente por una inflación más alta, tasas de interés a la alza y un tipo de cambio más elevado, sino por la reducción en el flujo de la inversión extranjera directa, además de los riesgos de políticas anti comercio y anti migración por parte del próximo gobierno de Estados Unidos.
Lo anterior se desprende del balance de Bank of América-Merril Lynch, el cual advierte menores flujos de inversión extranjera y anticipa un crecimiento muy por debajo de lo previsto por el gobierno mexicano.
Aparte, debemos agregar que nuestro país tendrá una producción petrolera mínima, mucho menor a la esperada, y esto ocasionará un déficit de cuenta corriente. Este deterioro económico atenta contra la soberanía nacional, ya que México era poseedor de grandes yacimientos de petróleo, pero con la Reforma Energética el sector ha sido desmantelado y el valioso recurso propiedad de los mexicanos entregado a intereses extranjeros.
La privatización del petróleo, la inestabilidad de los mercados financieros internacionales y el triunfo de Donald J. Trump como presidente de Estados Unidos, entre otros factores, ponen a México en una posición vulnerable y en riesgo de una crisis económica más profunda y prolongada.
También debemos añadir el hartazgo social por la economía cada vez más deteriorada, por las condiciones adversas para subsistir y por la indiferencia de la clase política. Ante ello, resulta urgente un cambio radical de las políticas salariales en aras del bienestar del pueblo trabajador.
