¿Juicio político para Samuel García?
Carlos M. López Hernández
Pero más allá de ser un conflicto legítimo derivado de desacuerdos políticos, hay quienes aseguran que todo escaló de nivel porque el gobernador no cumplió con su parte del trato. Mientras que el Congreso sí le cumplió, al aprobar su “nueva Constitución”.
Motivo por el cual, desde el Congreso se plantea la posibilidad de efectuar un juicio político al gobernador del estado. Y para ello, el mismo Samuel García les ha dado varias razones.
Primero: faltas graves a la democracia, pues se le acusa de comprar y robar a diputados y alcaldes con presupuesto público. Recuérdese cómo varios de ellos cambiaron de partido ya estando en funciones.
Segundo: uso de instituciones públicas para intimidar a opositores. De ahí que, desde el Congreso, se haya decidido «quitar» el SAT estatal a García Sepúlveda.
Tercero: generar problemas con la Fiscalía General del Estado de Nuevo León. Derivado de la crisis de seguridad en el estado, el que terminó por pagar los platos rotos fue el fiscal general, quien terminó por renunciar a su cargo –aunque su desempeño también arrojaba muchas dudas.
Cuarto: negarse a publicar decretos emitidos por el Congreso. Además, violar uno de ellos, al realizar aumentos a las tarifas del agua potable. Pero no solo durante la crisis hídrica reciente, sino que se sigue mantenido el aumento y se tienen planes para realizar más.
Quinto: realizar medidas recaudatorias sin justificación. Como por ejemplo, aumento al trasporte del metro (de lo cual se negó que habría), derechos o cambio de placas (pues las viejas, son inseguras).
A todo esto, se debe sumar algunos otros datos relevantes, como los problemas derivados de la adopción temporal de Emilio; decretar el fin de la crisis hídrica, sin estar resuelto el problema; o dejar a gran parte de los ciudadanos sin servicios públicos.
Esto último conforma la acusación más reciente, pues se asegura que se viola la autonomía municipal, pues se asegura que Samuel García está reteniendo los recursos de algunos de ellos. Una denuncia que realizaron varios alcaldes.
En fin, el juicio político se encuentra regulado por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, por los artículos 202 al 210.
Sin embargo, todo esto del juicio político parece ser muy forzado. Quizá sea mejor apostar por la revocación de mandato, la cual valora la responsabilidad política de los servidores públicos, mas no la jurídica.
Por tanto, el Congreso, más que seguir evidenciando un conflicto directo con el gobernador, debería sacar de la «congeladora» la reforma en materia de revocación de mandato, con la cual sería posible llevar a cabo este ejercicio en la actual administración 2021-2027.