La polémica en torno de Pedro Salmerón
Víctor Orozco

Ciudad Juárez.- Como es frecuente en los medios políticos, la gritería de los coros deja oír poco, si es que algo, del fondo de las cuestiones planteadas. Esto es lo que ha sucedido con las acusaciones al historiador Pedro Salmerón y de su propuesta como embajador ante la república de Panamá. Veamos si es posible abrirse paso entre la vocinglería, para puntualizar y entender:
A Salmerón se le han hecho señalamientos de acoso sexual, del que supuestamente fueron víctimas varias alumnas del Instituto Tecnológico Autónomo de México, institución educativa en la que prestó sus servicios por más de una década y en la cual se preparan estudiantes provenientes de familias con altos o altísimos ingresos económicos.

Se supone, porque la institución no ha dado a conocer ningún expediente, que existieron procedimientos de investigación para dar curso a las denuncias. A su vez, el acusado en las redes sociales ha publicado más de medio centenar de evaluaciones u opiniones que los estudiantes acostumbran hacer en las universidades sobre el desempeño de sus profesores, de las cuales éstos se enteran siempre al final del curso o en el siguiente semestre, cuando ya se han registrado las calificaciones en los archivos oficiales. En ninguno de estos documentos se le imputan o atribuyen actos de acoso sexual o conductas similares. Hasta donde sé, esto es lo que hay del ITAM.

Ninguna de las presuntas víctimas, que se sepa, presentó alguna denuncia formal ante las autoridades competentes, en este caso la Fiscalía de la Ciudad de México. Y aquí viene una parte sustancial del tema: el de las denuncias. Por principio de cuentas, debe precisarse que éstas constituyen relaciones o narraciones de hechos, de sucedidos, específicos y concretos, sobre los cuales puede acreditarse la comisión de faltas o delitos. Una denuncia no se integra con lanzamientos de cargos y hechuras de aseveraciones, juicios u opiniones.

He escuchado y leído reiteradamente que las víctimas de delitos sexuales no acuden a las autoridades por múltiples razones, entre ellas la desconfianza, el temor a la re victimización, los injustificados sentimientos de culpa. Esta afirmación, cierta en términos generales, debe pasarse por varios filtros. Primero, el carácter o tipo de la conducta imputada. No es lo mismo, para poner dos extremos ilustrativos, una violación a una o un menor que un mensaje de acoso por las redes a una mujer adulta. Segundo, la situación de la víctima y del perpetrador del delito. No es lo mismo una mujer o un hombre desamparados por la familia, sin recursos económicos, relaciones, ni medios para hacerse oír, que alguien con preparación académica, protección familiar, jurídica y social. Tampoco es igual el poder que tiene sobre la víctima un sacerdote al de un compañero o compañera de trabajo, por vía de ejemplo.

De estos concisos ejemplos se desprenden varios hechos: la presentación formal de las denuncias depende de múltiples factores y la experiencia dice que presuntas víctimas ubicadas en posiciones menos o escasamente vulnerables sí presentan denuncias y sí continúan con los procedimientos penales o administrativos.

Desde mi punto de vista y por conocimientos directos previos, estimo que las estudiantes del ITAM, varias de posgrado, según se dice, se encuentran en el estrato de aquellas afectadas por acosos sexuales que sí tienen todas las posibilidades de acudir a las autoridades y estar pendientes de lo que suceda con su agresor.

Escuché en el noticiario que dirige Carmen Aristegui la reiterada idea de que, las denuncias de mujeres víctimas de acosos sexuales deben ser consideradas para perseguir y sancionar a los acosadores, de cualquier manera que se formulen: en las redes sociales, en las columnas periodísticas, en reuniones y que deben aceptarse incluso si son anónimas. Se agregó que exigir la presentación de denuncias formales es una manera de perseguir a las mujeres y violentar sus derechos, dicho todo lo anterior con suma vehemencia, pero sin sustancia.

¿Qué sucede en sociedades o comunidades donde todo queda en la publicidad, en el chisme, en los dimes y diretes, sin que asuntos graves sean sometidos a procedimientos legales en instancias competentes? Varios perniciosos efectos: que cuando se trata de delitos, éstos queden impunes, que se vulneren los derechos humanos como el de la presunta inocencia, merced a los linchamientos públicos, que en las disputas políticas o de otra índole, salgan adelante quienes tienen control sobre los medios, entre otros.

¿Justificar incluso las denuncias anónimas? Esto nos lleva a los tiempos negros de las santas inquisiciones y de los regímenes tiránicos. ¿Cómo aceptar el dicho de una persona que, aún rodeada de garantías, se niega a dar su nombre a la hora de acusar a otra? Con ello, se premia a la cobardía en lugar de enaltecer al valor ciudadano, sobre el cual se construyen las colectividades.

Lejos de alentar la abstención en la formulación de denuncias formales, quienes pueden, individual o grupalmente apoyar a presuntas víctimas deben animarlas y auxiliarlas para que se abran los procesos legales y se lleven hasta sus últimas consecuencias.
Durante muchos años estuve al frente de una instancia universitaria encargada de proteger los derechos humanos; y entre otros aprendizajes tuve el de saber alejarme de las generalizaciones para atender cada caso con sumo cuidado, diligencia y despojado de prejuicios, sobre todo los de acoso sexual. Conocí estudiantes valerosas que denunciaron a sus acosadores y sostuvieron sus dichos hasta el final del procedimiento y también supe de imputaciones falsas, enderezadas contra algún profesor por razones mezquinas y con el afán de causarle perjuicios.

Pedro Salmerón es un actor político, como es natural, con aliados, amigos y enemigos. Quienes decidan sobre su nombramiento como embajador, deberán hacer a un lado las afirmaciones sin sustento y las maledicencias, para fincar su juicio exclusivamente sobre sus capacidades profesionales y la pertinencia política de su nuevo encargo, como se hace con todos los diplomáticos.