La verdadera cara de Javier Corral: corrupción y venganza
Samuel Schmidt
El delito de tortura es imprescriptible, de acuerdo con la “Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura” de Chihuahua (año 2012); se castiga con pena de 4 a 15 años, y la pena aumenta un tercio cuanto participan más de dos personas; también se impone de doscientos a quinientos días de multa e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, hasta por dos tantos del lapso de privación de la libertad impuesta.
La extorsión de los contrarios
“Mire, sabemos muy bien que su casa está limpia, pero se la podemos ensuciar”, así se presentó el chantajista enviado por el fiscal César Peniche, que llegó a extorsionar al ex colaborador del gobierno de César Duarte. La víctima, sabiendo del poder y credibilidad de la amenaza, pagó 100 mil pesos mensuales, hasta llegar a la cantidad convenida; al término del plazo, regresaron a verlo para pedir más dinero; él dijo que el acuerdo de pagar había terminado, pero le dijeron que no, que seguía otro año; como se negó a pagar, fue encarcelado, forzado a enfrentar innumerables acusaciones que lo arruinaron económica y familiarmente, y se contagió de COVID en la cárcel, porque parte de la maniobra fue tratar que fallecieran encarcelados; él sanó, pero esa no fue la suerte de Lázaro Joaquín López Ramírez, a quien la juez le negó el arraigo domiciliario, no obstante que él era de alto riesgo y saberse que había un brote de COVID en la prisión; y como era de esperarse se contagió, se le desatendió en la prisión, pero se le llevó a morir al hospital.
Entre 2017 y 2018, por lo menos 34 funcionarios del gobierno de Duarte fueron extorsionados, solicitándoles entre 500 mil y 3 millones de pesos, porque según el sapo era la pedrada.
El magistrado Ramírez, que había sido diputado, declaró en una entrevista en el Canal 44 de Chihuahua, que le pidieron un millón de pesos, y al negarse a pagar lo encarcelaron. El mensajero de la extorsión era el mismo del otro ex funcionario.
Al ex alcalde de Chihuahua, Javier Garfio Pacheco, le pidieron varios millones en efectivo, a cambio de permitirle abreviar su caso, auto imputarse y liberarlo en siete meses, después obligarlo a firmar una acusación contra César Duarte.
Las víctimas, aun terminada la pesadilla de Corral, guardan el anonimato y se niegan a seguir denunciando por temor; inclusive se negaron a hablar conmigo, sabiendo que escribiría un artículo; uno de ellos sigue con 50 expedientes abiertos, aunque conforme a la Ley, lleva su proceso en libertad.
Javier Corral, que llegó al poder en Chihuahua fraudulentamente a partir de un acuerdo entre el PAN (Gustavo Madero) y Enrique Peña Nieto, a cambio de los votos por la reforma energética, dedicó todos sus esfuerzos a gobernar, utilizando la ley para abusar de la sociedad, echando por tierra el Estado de Derecho; promovía su imagen de honestidad, mientras ponía especial atención a destruir económicamente a los miembros del gobierno anterior, y embolsándose la extorsión a los que sometía por medio de su fiscal. Disfrazaba su sed de venganza y riqueza con un supuesto esfuerzo para luchar contra la corrupción.
Corral era dado a invitar “intelectuales” que le ayudarían a pregonar cualidades intelectuales y políticas que no tenía; sacó su licenciatura en una universidad patito, y que lo manejaran como el nuevo político que conduciría a México; mientas los agasajaba le hicieron el juego de que sería presidente de la República, encabezando un bloque político que se articulaba en torno a él.
Los presos sabían que después de sucesos dramáticos o durante esas reuniones anuales con “intelectuales”, para alimentar el morbo de Corral, sacaban a los presos al patio de la cárcel en la noche, a las 3 am declaró Gerardo Villegas Madriles, los desnudaban frente a cámaras, mientras Corral con una buena copa de alcohol en la mano iba diciendo de qué estaba acusado cada uno. Nos informan que en la nómina de invitados de Corral y que asistían a esas sesiones, se encontraban Santiago Nieto, Acosta Naranjo, Basave Benítez, Denisse Dresser y muchos otros. Al parecer para esos “intelectuales” no era contradictorio que esos detenidos fueran torturados, extorsionados, sumidos en la ruina económica, sus familias destruidas, mientras asistían al circo romano de Corral.
En todos los casos de esos detenidos se violó la ley, se les detuvo más allá de los 2 años de prisión preventiva, se les torturó, algunos murieron y otros estuvieron en peligro de muerte. La presión política logró que liberaran a algunos contagiados con COVID.
Antonio Enrique Tarín García, presidente del Comité de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda del Estado, fue encarcelado 4 años con doce carpetas penales; y finalmente fue liberado para seguir su proceso en arraigo domiciliario.
Jesús Esparza, ex auditor superior del Estado, ha presentado denuncia por tortura y tuvo que pedir amparo para proteger a su familia, también amenazada, y se declaró en huelga de hambre.
Marcelo González, secretario de Educación, declaró a la prensa haber sido extorsionado por Peniche por 500 mil pesos, a quién denunció por extorsión, amenazas, inadecuada administración de justicia y discriminación.
Mayra Julieta U, viuda del diputado Carlos Hermosillo, fue encarcelada, acusada de obtener de manera ilícita 58 millones de pesos; mientras que era jefa de oficina en el DIF, Hermosillo murió en un accidente de carretera.
María Eugenia (Maru) Campos Galván, presidenta municipal de Chihuahua, fue acusada de haber recibido dinero de Duarte, en lo que se convirtió en una larga y viciosa campaña para descarrilar su campaña para la gubernatura, la que finalmente ganó. El notario que se negó a certificar los recibos fue perseguido.
Jesús Luna, secretario privado de César Duarte, fue hostigado por las huestes de Corral, optando por huir del país; sin embargo, fue deportado a México y al llegar fue acusado falsamente de peculado por desviar más de 400 mil pesos para pagar viajes de avión para el hijo de Duarte, para lo que no tenia atribuciones; en una ocasión, él llamó al aeropuerto para que preparan el avión para un vuelo privado a Cancún, por orden del gobernador; él no tenía autoridad para autorizar. Luna fue encarcelado para forzarlo a declarar que Enrique Serrano (candidato a la gubernatura por el PRI) y Guillermo Dowell (presidente del PRI) habían recibido sacos llenos de dinero en la residencia oficial del gobernador. El joven, procesado por 80 mil pesos (que era el costo de un vuelo privado de Cancún a Ciudad de México, estuvo encarcelado un año, y pagó 200 mil para que lo dejaran salir.
El magistrado Jorge Abraham Ramírez Alvidrez, fue destituido por Julio César Jiménez Castro, presidente del Consejo de la Judicatura y posteriormente destituido por la Suprema Corte; Ramírez estaba acusado de un presunto desvío de recursos; se amparó y fue restituido en el puesto. Corral maniobró en el congreso para desaforarlo y se restauró la orden de aprehensión; mientras esto sucedía, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la Ley de Procedencia y Juicio Político del Estado de Chihuahua, con la que persiguieron a los ex funcionarios extorsionados y al magistrado, y a este le pidieron un millón de pesos para no detenerlo; pero se negó a pagar, y no obstante estar amparado, fue detenido para tomarle huellas y avergonzarlo.
Como parte del uso de la ley, Corral nombró como presidenta de la Comisión de Carrera Judicial, encargada de los procesos para designar jueces y magistrados a Lucha Castro, quien no cumplía con los requisitos, pero ella pondría al sistema judicial a la disposición del gobernador. Destituyó al presidente del Supremo Tribunal de Justicia y nombró jueces que manejaron los casos de extorsión de Corral.
El manejo torpe de los jueces fue tirado por el Consejo de la Judicatura, y el magistrado Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes denunció a Corral y a Castro por ejercicio ilegal del servicio público. Igual suerte correrían las notarias que trató de regalar Corral, que no fueron autorizadas.
Las cárceles como negocio
Bajo Corral, el penal de Aquiles Serdán generaba alrededor de 3 millones semanales; o sea, que les dejaba entre 120 y 150 millones de pesos en efectivo al año; de cada 3 millones, uno era para Corral, uno para Peniche, y uno para repartir a nivel local, todo en el penal se vendía. Al final del sexenio, el encargado de la operación en el penal fue asesinado y quemado. Sería bueno saber cuánto producían los otros 9 penales, pero la directora de reclusorios también al final del sexenio sufrió “un accidente” automovilístico, a partir del cual salió de la luz pública.
Como parte del desmantelamiento de la estrategia para impedir la operación de los grupos criminales, que refleja el grado de compromiso que tenía con los cárteles, se amplió la penetración de los criminales en el auto gobierno en los penales. En Chihuahua se eliminaron los inhibidores de señal, para facilitar la extorsión, y la separación de los reos detenidos por otros delitos. Había la consigna de que en el momento que Duarte pisara la cárcel sería asesinado. Al Cereso de Juárez regresaron los extorsionadores y secuestradores, principalmente de la Línea, y con ellos manejaron los delitos a su antojo, los que se habían logrado contener relativamente en el gobierno de Duarte.
Notarios perseguidos
Guillermo Dowell, notario 12 en Ciudad Juárez, entró a la presidencia del PRI estatal, después de procesar la licencia correspondiente a la que la ley lo obliga siendo notario; sin embargo, Corral decidió que la licencia no se había solicitado y determinó que había violado la ley, por lo que le retiraría la licencia de notario. Primero le hicieron una revisión de la que salió todo en orden, pero eso no fue óbice para que continuaran tratando de cerrar la notaría. Le enviaron un mensajero, quien le pidió un millón de dólares a cambio de dejarlo en paz; se negó y continuó la agresión, así que un día le cercaron la casa con policías. Él hizo las gestiones legales para evitar el cierre de la notaría y presentó la queja correspondiente por el hostigamiento policiaco, así que la oferta para dejarlo en paz bajó a medio millón de dólares; mientras él ganaba los casos que le armaba el gobierno, la oferta bajó de nuevo a 250 mil dólares, para finalmente dejarlo en paz, cuando tiró por la vía judicial todas las rutas legales con las que intentaron despojarlo, aunque ya derrotados, intentaron callarlo y que no criticara al gobierno que lo persiguió.
El Notario de Chihuahua que negó haber certificado los recibos con supuestas firmas de Maru fue el licenciado Luis Raúl Flores Sáenz, Notario 4 de Chihuahua, quien desmintió al Gobernador en cuanto a la veracidad de tales recibos. Como represalia, Corral dio una rueda de prensa donde anunció que clausuraría la Notaría y que imputaría penalmente al Notario. La Notaría fue cerrada de forma ilegal (la Ley del Notariado solo permite cerrar una Notaría previo proceso, y en este caso se cerró sin proceso). Al paso de unas semanas la justicia federal ordenó reabrir la Notaría; ante esto, Corral mandó detener al Notario, sin poder lograr su detención en virtud del amparo que tramitó el profesionista. El Notario logró ganar diversos juicios de amparo que lograron mantener su Notaría abierta.
El otro Notario contra quien Corral descargó sus odios, fue el licenciado Fernando Ulloa, Notario 7 de Parral, a quien previamente se le estuvo solicitando dinero por parte de diversos mensajeros del Gobierno, para no molestarlo, peticiones que fueron rechazadas. La persecución se debió a que Corral pensaba que era amigo de Duarte. Trataron de iniciarle desde el Gobierno del Estado un proceso administrativo, sin lograr resultados, debido a los amparos promovidos por el Notario. En días previos a la Navidad del 2019, el Notario fue detenido y llevado ante un Juez de Control para imputarle como delito la supuesta falsedad de una escritura, argumentando que previamente se había llevado a cabo un contrato privado sobre la misma propiedad. Luego de una larga audiencia, donde pudo demostrarse que el Ministerio Público presentó documentos del Registro Público de la Propiedad alterados, el Juez de Control se negó a dar prisión al Notario, quien continuó su defensa hasta que el asunto se cayó durante los mismos tiempos de Corral y el Notario quedó liberado de responsabilidad penal y administrativa.
Dowell no fue el único acosado con la policía, esa era una práctica preferida por Leticia Corral, la hermana que terminó de criar a Corral cuando quedó huérfano. A una mujer a quién Leticia consideraba su enemiga, los agentes ministeriales la detenían en las mañanas cuando iba rumbo al puente internacional para llevar a sus hijos a la escuela en El Paso, con lo cual provocaban que los niños llegaran tarde. Eso mientras Ciudad Juárez estaba arrasada por el crimen, debido al desmantelamiento de la estrategia de seguridad. Leticia era virtualmente la vice presidenta, viajaba en los aviones del gobierno sin ser funcionaria y se comenta en Juárez que la mujer vive en una opulencia anteriormente inexistente.
El hurto
En enero del 2016 Corral compró una casa en la esquina sur poniente del cruce de las calles Costa Rica e Ignacio de la Peña. Siendo gobernador compró la esquina norponiente del cruce de las calles Costa Rica e Ignacio de la Peña, por un valor de un millón doscientos mil pesos (la propiedad tenía 362.36 metros cuadrados de terreno y construcción de 232.28 metros cuadrados de construcción. Se la compró a Esperanza Miranda Molinar, quien a la fecha de la escritura tenía 89 años, lo que provocó que se generaran acusaciones por parte de una hija contra Corral, pues argumentó que la señora tenía demencia senil y padecía de ludopatía.
El tercer caso es un terreno ubicado sobre la calle Costa Rica, contiguo a la casa de la esquina norponiente del cruce Costa Rica e Ignacio de la Peña, que adquirió Corral por medio de un supuesto contrato privado de promesa de venta, celebrado a fines de 2018 con Ricardo Álvarez Chabre, documento que no ha mostrado públicamente.
Esta propiedad sigue en el Registro Público de la Propiedad a favor de Francisca Muñiz de Pérez y de sus hijos, Elia Pérez Muñiz y Sergio Pérez Muñiz desde 1961, quienes la adquirieron por herencia de su esposo y padre.
En 1991, la tercera parte de la propiedad de Sergio Pérez Muñiz fue embargada por varios acreedores, entre ellos el Banco Inverlat, y fue sacada a remate en 1995, sin que nadie se interesara en dicha tercera parte, ni se la adjudicara el Banco, por lo que el juicio se quedó detenido.
A fines de 2018, el juicio se retoma y se saca a remate nuevamente, con los mismos avalúos elaborados 23 años antes, sin considerar que Sergio Pérez Muñiz ya había muerto y sin considerar que la sentencia había caducado por tener más de 10 años de antigüedad. En el remate se adjudicó Ricardo Álvarez Chabre, hijo de Ricardo Álvarez Medina, quien fuera Presidente Municipal suplente de Juárez, al sustituir al panista Jesús Alfredo Delgado Muñoz en 2010.
Supuestamente, Ricardo Álvarez Chabre habría vendido a Javier Corral Jurado en un contrato privado que nadie conoce, y con ese contrato tomó posesión del 100 por ciento del terreno, cuando el remate a favor de Álvarez Chabre era solo sobre un tercio del inmueble.
Todo iba bien para Corral hasta que el Diario de Juárez publicó la historia del robo, ante lo cual el gobernador decidió demandar al Diario en El Paso, porque “ahí si funcionaba la ley” y ahí vive el director del diario, quien según Corral tiene mansiones. No solamente agredió a un medio de comunicación, cosa que hizo a lo largo de su gobierno con los medios, sino que para no reconocer que los gastos judiciales se pagaban con fondos públicos, aceptó que unos amigos de él financiaron el costo de la demanda, lo que es un delito. Corral sigue en posesión de la casa despojada y terreno robado.
La venta de la plaza
Mientras que el gobierno de Duarte había logrado reducir los indicadores de criminalidad, especialmente al sacar a las fuerzas policiacas y militares del Estado, con Corral se revirtió la situación, porque según varios testigos, vendió la plaza. Una versión que circula en Chihuahua es que negoció con Sinaloa; otra versión es que le dio mano libre a su fiscal Peniche para que manejara las relaciones con los cárteles, lo que explica la inacción de Corral ante el asesinato de la periodista Miroslava Breach, donde ciertos panistas intervinieron para eliminarla, según han informado los medios chihuahuenses.
Nuestros informantes, que demandaron anonimato, dicen que Peniche fue impuesto por el grupo con el que tenía ligas desde que fue delegado de la PGR en Juárez. A ese grupo les entregó la Zona Norte y Noroeste del Estado, desde Casas Grandes, como pago a favores recibidos en la elección del 2016. Según los testigos, Martín Solís, otro operador que es al parecer el causante de la desgracia que sufrió la Familia Lebaron, es el vínculo con los grupos en la región noroeste del Estado. Él fue nombrado Director de Fomento Agropecuario, para de ahí operar esa región. Información periodística consigna que Alfredo Lozolla, alcalde de Parral y candidato de Corral al Gobierno, le dieron el control de la zona sur operada por los Salgueiro del grupo de Sinaloa; este grupo se dedicó al robo de minerales en las carreteras, secuestros, extorsiones, robo de ganado, desapariciones, trafico ilegal de madera, etcétera. Fuentes anónimas informan que en la región de Cuauhtémoc pusieron a operar a Carlos Comaduran, que primero fue jefe de la policía municipal y luego lo mandaron de alcalde al municipio de Guerrero, Chihuahua. Cuauhtémoc fue el único municipio que no se integró al mando único en todo el Estado con Duarte. Para esa decisión Corral presionó al alcalde Heliodoro Juárez (2010-2013) y ahí prevaleció y sobrevivió la organización mayor de la Línea. Al parecer un funcionario del gobierno de Corral le declaró a un grupo de amigos en un restaurante de New York sobre cómo servía de vínculo con los narcos por órdenes de Corral. En esa época aumentaron de nuevo los feminicidios en el Estado.
Corral apostó al éxito de su gobierno a la detención de César Duarte y quitarle sus bienes y que eventualmente fuera asesinado en la cárcel.
Duarte huyó del país y fue finalmente detenido en Estados Unidos; sin embargo, todos los recursos de extradición fallaron por estar mal elaborados, al igual que por torpeza jurídica sucedió con los casos en contra de los colaboradores de Duarte extorsionados, y porque se usó una ley obsoleta en las acusaciones. Solamente un caso de las peticiones de extradición funcionó y es la que fue elaborada por el canciller Marcelo Ebrard, como venganza contra Duarte, por el papel que este jugó en la acusación de corrupción de Ebrard en la construcción de la L12 de el Metro de la Ciudad de México, tema por el que Ebrard huyó del país.
La feria de los millones
Jaime Herrera fue secretario de Hacienda con Duarte y se le manejó como detenido con criterio de oportunidad; no fue procesado por la denuncia que presentó en su contra Jaime García Chávez, por haber depositado los recursos financieros del Estado en Unión Progreso. Esa entidad Financiera es en parte propiedad de Gustavo Madero y Familia, y les sirve para lavar dinero a sus socios. Herrera resultó ser el caballo de Troya de Corral en el gobierno de Duarte; un ejemplo fueron los recursos de la última bursatilización de ese gobierno por 6 mil millones de pesos, maniobrada por Madero y Herrera (Madero era el representante de Corral en la transición de Gobierno ante la Secretaria de Hacienda y fue el que negoció con Peña la gubernatura que se quedó Corral), para que fueran entregados en el Gobierno de Corral; esos eran recursos para terminar obras iniciadas por Duarte, entre otras el Hospital de especialidades y el transporte público de Juárez, el Aeropuerto de Creel, el Hospital de Gineco-obstetricia de Parral, el teleférico de Parral, los puentes del periférico sur de la Ciudad de Chihuahua, pero Corral no terminó las obras y endeudo más al estado; ¿a dónde se fue todo ese dinero?
La ambición y legado
Hasta la fecha la gente en Chihuahua tiene miedo, sienten que la mano vengativa y destructora de Corral es larga.
Siendo director de El Colegio de Chihuahua, aún antes de tomar posesión como gobernador, envió a Rubén Lau, ex rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a pedirme la renuncia; era una larga revancha, por haber denunciado la corrupción de los hermanos Barrio. Lau quería la dirección de El Colegio, donde duró muy poco tiempo.
Corral escuchó el canto de las sirenas, especialmente de sus “intelectuales” que le hacían eco a sus auto loas como el nuevo político mexicano, y creyó que podía ser presidente; pero la ambición, la corrupción y la rabia como mecanismo de gobierno, lo llevó a un final complicado, especialmente con la llegada a la gubernatura de una mujer a quien persiguió y golpeó y algunas de sus víctimas demandándolo.
Buscó acomodarse para ser protegido en el gobierno de López Obrador, aunque lo había atacado sin cesar; hizo correr la versión de que no lo nombraron embajador por tener doble nacionalidad, pero no explicó por qué no llegó al gabinete presidencial.
Corral es un político especializado en negociar posiciones, porque nunca ganó una elección; se disfrazó de honesto, mientras recorrió el camino de la corrupción acompañado de una venganza en contra de sus contrincantes políticos y hundió a la política a su nivel más bajo; los optimistas en Chihuahua esperan verlo dentro de poco tras las rejas, a las que envió a los políticos que extorsionó y torturó
Por lo pronto, empiezan a sumarse las demandas penales.