Y en esa lógica, cada una de ellas busca todos los días por medios convencionales ganar simpatías e instalarse en el imaginario como la virtual ganadora de una contienda que ocurrirá la próxima primavera, o sea, dentro de nueve meses, que es mucho tiempo por delante; y la política democrática, ya sabemos, es veleidosa, especialmente en regiones capturadas por el crimen organizado.
Justo ese actor es el que se perfila como el enemigo a vencer, pues, aunque no es un actor convencional de la lucha electoral, está en campaña y, como solo sabe hacerlo, a través de la violencia en sus diversas manifestaciones.
Y es que la captura llana de amplios segmentos del territorio nacional permite constatar que podría tener un desenlace en términos electorales, como sucedió en 2021, o mucho antes; esa captura podría repetirse en control de los votantes y, por lo tanto, provocar unos resultados con sus ganadores y perdedores.
Hasta ahora nada lleva a suponer que no vaya a intervenir, cuando los incentivos para hacerlo cada vez son mayores.
Hay que recordar que el crimen organizado está más allá de la imagen del sicariato que estamos acostumbrados a ver en el programa de noticias de Azucena Uresti; y es que es algo más complejo que alcanza las economías de escala en la mayoría de los estados de la federación.
Entonces, las acciones del crimen organizado están destinados a generar mayor poder a los cárteles y resguardar la economía negra, el lavado de dinero, que se filtra diariamente en la economía formal.
El problema de fondo es que la economía genera intereses políticos y es cuando los personeros de los cárteles buscan infiltrarse en los procesos electorales desde la fase de definición de los candidatos, hasta convertirlos en ganadores de las contiendas por los votos.
Entonces, están invirtiendo parte de su capacidad de violencia y siempre buscarán obtener un mayor beneficio en la representación y hasta en la integración de los gabinetes de los tres niveles de gobierno. Y así, quien controla está economía armada tiene capacidad para influir en la política institucional.
Luego, lo que tenemos es que la disputa de Claudia y Xóchilt está mediado por este tercero en discordia, que tiene razones poderosas (ilegítimas) para buscar influir en las elecciones federales y locales. Y en eso están.
Ese es el rasgo distintivo de lo que se perfila en las llamadas narcocracias, que tienen en los personajes del crimen organizado un actor protagónico que, al menos, intenta ser decisivo en la escala política y burocrática por interés propio o por la simple prestación de servicios directos.
Cuando eso ocurre en México, o en cualquier otro país, lo que son las rutinas electorales están a expensas de las acciones que este actor de las sombras impone a la clase política y a la sociedad civil.
Lo hemos visto en muchos estados de la federación, cómo los partidos políticos, cuando llevan a cabo sus procesos internos, sus campañas y la operación electoral el día de la jornada electoral, aquello que debería ser parte de la normalidad democrática es socavada brutalmente, asesinando, golpeando, ahuyentando o secuestrando a quienes aspiran a un cargo y no son vistos con buenos ojos por el cártel del estado o la región.
Esto que es una anomalía en democracia, está detrás de ese espectáculo dantesco que vemos todos los días en cualquier lugar del país con mayor o menor brutalidad; y que no pocos lo miran con la simpleza de que es “cosa de narcos”, lo no permite ver el trasfondo de sus ramificaciones en la política electoral.
Y cuando vemos su dimensión, que en términos de números de este sexenio alcanza ya cerca de los 170 mil homicidios dolosos y 35 mil desapariciones forzadas, hace empequeñecer la figura de las dos, o más, aspirantes a la presidencia de la República.
Sí, por que estos grupos tienen mayor visibilidad y el don de la ubicuidad, ya que se les ha dejado crecer, cuando en condiciones de normalidad lo racional sería que el espacio público fuera escenario del juego democrático.
Pero no, quienes alcanzan la mayor visibilidad, los mejores tiempos en los medios, son lamentablemente los actores de la anti política que transitan libremente en vehículos pertrechados militarmente por avenidas, calles y caminos y ostentando todo su poder de reacción.
Entonces, la atención del ciudadano está de ese lado y las declaraciones de las candidatas presidenciales no llegan a tener impacto, porque son absolutamente ausentes de esta realidad a la que todos ven de reojo.
En México estamos en la antesala de las elecciones presidenciales de más alto riesgo, porque no está solo en juego la presidencia de la República o el Congreso de la Unión, sino quién va a terminar ganando esta contienda si los candidatos convencionales, o los del crimen organizado (que ya sabemos lo que significará para el país). O peor: al final del juego cómo quedará armado el país y qué actores estarán tomando decisiones para los próximo seis años.
Usted ciudadano cruce sus apuestas y se dará cuenta de quiénes tienen mayores posibilidades de salir avante. Basta ver los acontecimientos violentos de todos los días para darnos cuenta rápidamente que de continuar la conquista del territorio sin políticas eficaces de contención al crimen organizado, podrían ser previsibles los resultados electorales del próximo año.
En definitiva, los aires que corren no son los del mejoramiento democrático, sino de un sui generis autoritarismo del crimen, que asola ya a buena parte del país y está provocando como nunca desplazamientos de población hacia las zonas urbanas o la frontera norte, buscando resguardarse del peligro.
Que alguien avise que lo que hoy no se haga en materia de contención, terminará impactando en el resultado de las llamadas elecciones más grandes de la historia de nuestro país.
Al tiempo.