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ANÁLISIS A FONDO:
ACOSO SEXUAL EN EL GOBIERNO
FRANCISCO GÓMEZ MAZA
 De acuerdo con estudios del Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional, estrés emocional, humillación, ansiedad, depresión, ira, impotencia, fatiga, enfermedad física... son algunos de los potencialmente graves efectos que sufren las víctimas del acoso sexual. Tensión en el trabajo, insuficiente colaboración y trabajo en equipo, bajo rendimiento, ausentismo, disminución de la productividad son algunos de sus efectos sobre la empresa.
Aunque las definiciones de acoso sexual pueden diferir en algunos detalles en los diversos códigos, leyes, políticas, sentencias de los tribunales y convenios colectivos, la mayoría de esas definiciones contienen los mismos elementos clave.
Denominado así, como concepto, en la década de 70 en Estados Unidos, y punible por la ley contra la discriminación, el problema del acoso sexual ha ido saliendo a la luz gradualmente como un fenómeno reconocido en todo el mundo y percibido como un problema de significativa importancia.
El acoso sexual es, por encima de todo, una manifestación de relaciones de poder. Las mujeres están mucho más expuestas a ser víctimas del acoso sexual precisamente porque carecen de poder; se encuentran en posiciones más vulnerables e inseguras; les falta confianza en sí mismas, o han sido educadas por la sociedad para sufrir en silencio. Pero también corren peligro de padecer semejante conducta cuando se las percibe como competidoras por el poder.
El acoso sexual se presenta de muchas formas. Una de las más notorias es el llamado acoso quid pro quo, expresión que describe la situación de la empleada obligada a elegir entre acceder a unas demandas sexuales o perder algún beneficio algo que le corresponde por su trabajo. Dado que esto sólo puede ser hecho cometido por alguien con el poder de dar o quitar un beneficio derivado del empleo, este acoso "quid pro quo" es una forma de acoso sexual que entraña un abuso de autoridad por parte del empleador (o por el agente del empleador en el que éste ha delegado su autoridad para fijar cláusulas y condiciones). Semejante chantaje sexual se considera en general particularmente reprobable, puesto que supone una violación de la confianza y un abuso de poder.
Pero, en todo caso, la conducta en cuestión tiene que ser ingrata o no deseada por la otra persona. Un reciente estudio de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) de los criterios sobre el acoso sexual mantenidos en las empresas reveló que éste es el punto clave de sus políticas. Es lo que lo diferencia de una actitud amistosa, bien recibida y mutua. Porque el factor determinante del acoso sexual no depende de la intención de la persona culpable: es la persona receptora de dicha actitud la que decide si una conducta de naturaleza sexual es bien recibida o no lo es.
De acuerdo con un cuestionario de cultura institucional con perspectiva de género 2008, aplicado a 258 instituciones públicas de México por el Inmujeres (Instituto Nacional de las Mujeres) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), se detectaron 25 mil 728 casos de acoso sexual. La Secretaría de Educación Pública (SEP), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Secretaría de Marina (Semar) resultaron las instituciones en las que se presenta el mayor número de casos.
En números relativos, se detectaron también casos de acoso sexual en Presidencia de la República, la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Energía y la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre un 11 y un 14.6% de un total de 277 mil 89 personas encuestadas, de las cuales 42 por ciento son mujeres y 58%, hombres. De las 25 mil 728 personas que reportaron haber sido víctimas de hostigamiento sexual, sólo siete mil 796 denunciaron su caso ante las autoridades y mecanismos competentes; de ellas, tres mil 65 fueron hombres y cuatro mil 731 mujeres y sólo un 34 por ciento de las personas que declararon haber denunciado su caso quedaron conformes con la respuesta dada por su institución.
La mitad de los hombres consultados están de acuerdo con que en su institución existen mecanismos para denunciar casos de hostigamiento o acoso sexual. En el caso de las mujeres, un 32 por ciento también están de acuerdo. Con todo, el porcentaje de mujeres que no está de acuerdo es casi diez puntos porcentuales mayor. Cuatro de cada diez no está de acuerdo en que en su institución existen mecanismos para denunciar casos de hostigamiento o acoso sexual.
Casi el 50 por ciento de las mujeres opina que en sus instituciones se otorgan promociones al personal debido a relaciones afectivas, influencia o apariencia física. En el caso de los hombres, un 41 por ciento piensa en forma similar. El 28.2 por ciento de la población está convencido que en su institución no se previenen y sancionan las prácticas de intimidación y maltrato y este mismo indicador, desagregado por sexo, es de 35.6 por ciento para mujeres y 22.8 por ciento para hombres.
Cerca del 25 por ciento de las mujeres y hombres considera estar de acuerdo en que en su institución, autoridades intimidan o maltratan a las personas por su condición de mujeres u hombres (53.5 por ciento está en desacuerdo), y ocho de cada diez personas encuestadas están de acuerdo en que consideran necesario que exista un mecanismo para proteger a mujeres y hombres de hostigamiento o acoso sexual, y sólo un cinco por ciento del total está en desacuerdo.
Sea lo que fuere, en los recovecos y rincones de las oficinas públicas se practica esta forma de delito, que es penado severamente en otros países. Pero no hay que olvidar que vivimos en México y que este país es el reino de la corrupción y la impunidad.
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