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| 537 13 de mayo de 2010 |
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ANÁLISIS A FONDO Paramilitarismo y limpieza social FRANCISCO GÓMEZ MAZA
El hecho más sangriento, cuya autoría fue de tales grupos, es la matanza de Acteal, el 22 de diciembre de 1997; un grupo de hombres, mujeres y niños fue materialmente masacrado, mientras oraba en la ermita de la comunidad. La mayoría de los autores materiales del genocidio fue puesta en libertad por la Suprema Corte de Justicia por errores procedimentales del ministerio público y de los jueces. Pero la práctica de emplear grupos paramilitares en contra de los movimientos sociales se ha profundizado y extendido. El caso que analizamos ayer, el de San Juan Copala, es el más reciente.
Nuevos ataques de grupos paramilitares, encubiertos y auspiciados por las autoridades estatal y municipales, son denunciados insistentemente por indios de diversas comunidades como los tseltales del ejido El Carrizal, integrante de la Organización Campesina Emiliano Zapata, del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (OCEZ-FNLS). Pero los denunciantes llevan denunciando cinco años de abusos, agresiones y provocaciones de parte de grupos paramilitares, que actúan bajo conocimiento y consentimiento de autoridades municipales y estatales, generando el clima de impunidad y violencia que lastima y disuelve el tejido social de las comunidades aledañas.
El grupo paramilitar denominado Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), que se cobija bajo el membrete de Coordinadora del Movimiento Popular del Estado de Chiapas (CMPECH), ha cometido graves violaciones a los derechos humanos mediante las agresiones y actos vandálicos en la región, auspiciado por el gobernador Juan Sabines Guerrero, el Ministerio Público y el Delegado de Gobierno de Ocosingo, Chiapas. Estos paramilitares han perpetrado robo de pertenencias a personas que transitan en la carretera a la altura de la comunidad Tomas Munzer, así como el incendio de una casa en esta misma comunidad; hostigamiento a bases de apoyo zapatistas. Simultáneamente, los tales paramilitares se han dedicado a la tala indiscriminada de árboles del bosque, que los indios han mantenido como reserva ecológica. Han amarrado el ganado vacuno en tierras cultivadas con el fin de destruir los plantíos. Practican impunemente acoso sexual e insultos a mujeres, que atraviesan el camino cerca de donde se encuentra el grupo paramilitar, cuando se dirigen a la escuela o algún poblado cercano. Estos hechos son sólo un botón de muestra, pero las atrocidades parecieran ser infinitas. Hay una historia negra, en la cual el odio de los poderosos, el gobierno de derecha, el Partido de “la Revolución Democrática” están metidos hasta las manitas.
La organización de Las Abejas – otro ejemplo – no se ha cansado de denunciar, sin ningún éxito mediático, la labor destructora de los paramilitares. Después de 12 días de que obtuvo su libertad, el paramilitar Francisco Jiménez Vicente, se dedicó a organizar con más fuerza contra la comunidad de Acteal. El 3 de febrero de 2010, a las 9:50 de pm, los paramilitares comenzaron a disparar sus armas para asustar a los vecinos. El 4 de febrero, un priista de nombre Francisco Gómez Díaz fue castigado por la asamblea, debido a que había estado falsificando firmas para obtener el sello de agente rural. Junto con el presidente municipal de San Cristóbal de Las Casas, pretendía dividir a la organización comunitaria, nombrando a otro agente rural, cuando en la comunidad, por usos y costumbres, los agentes son nombrados en asamblea y no en grupitos. El 7 de febrero de 2010, a las 8:00 de la am., Francisco Gómez Díaz y el grupo de paramilitares volvieron a reunirse para hacer sus planes y acordar la compra de armas, con la finalidad de acabar con la organización de Las Abejas. Los paramilitares dijeron que detendrían a un integrante de las autoridades ejidales adherentes a La Otra Campaña, así como a cualquier miembro del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y los desaparecerían, para que ya no sigan defendiendo sus derechos, especialmente el de su territorio.
Arma en la guerra de baja intensidad, el paramilitarismo actúa en México con impunidad total. Ahora, los grupos civiles armados dejan de ser clandestinos, como ocurrió en los años del terror con sus cofrades salvadoreños y colombianos, advierten informes de organizaciones no gubernamentales y de Naciones Unidas. Este actor político independiente “libera” al Estado de la responsabilidad en actos criminales orquestados por el gobierno contra disidentes, como el genocidio y el terror político. Las brigadas asedian a caseríos y poblaciones rurales; sus elementos ocupan veredas y caminos para aterrorizar a los campesinos hasta obligarlos a vender sus tierras o huir de la zona. Desaparecen y aniquilan de modo selectivo a los pobladores de una región; sus escuadrones de la muerte siembran el terror en los barrios, al tiempo que asaltan albergues de migrantes y de adictos. Son los paramilitares que sirven al Estado.
Para Alfredo Jalife, geopolitólogo mexicano, los paramilitares son una creación de los gobiernos totalitarios que están en guerra. Explica que, de esta manera, “el Estado disfraza sus peores intenciones”, que ejecuta a través de estos cuerpos paramilitares que son ex milicianos o ex criminales, o personas que sirven precisamente a los intereses aviesos. La afirmación de Jalife Rahme se sostiene en el informe que presentó, el 1 de septiembre de 2007, el Comité de Reformas Gubernamentales y Supervisión Interior del Congreso de Estados Unidos. Ahí se indica que la empresa de seguridad Blackwater, que opera en Irak, se ha visto envuelta en varios escándalos. Es “una organización fuera de control que permanece indiferente ante la muerte de civiles iraquíes”, como lo ha reportado la revista Contralínea.
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Desde antes del estallido militar en Chiapas, el primero de enero de 1994, los finqueros (hacendados prácticamente), sostenían grupos armados, que eran denominados “guardias blancas”, dedicados a “convencer” a los indios y campesinos de que la lucha por la tierra, las invasiones (que en la realidad eran retomar las tierras de las que fueron despojados por los poderosos), no sería permitida a sangre y fuego. Las guardias blancas actuaban con el beneplácito de los gobiernos municipales, estatal y federal y la complacencia del poder militar regular. Cuando los indios se levantaron en armas, los propios gobiernos encabezaron el financiamiento, el adiestramiento, la organización de las guardias blancas, pero ahora fueron paramilitares. 
