Los derechos de las mujeres

Irma Alma Ochoa Treviño

La interrupción del embarazo es uno de los temas que generan mayor controversia en sociedades en vías de desarrollo. Entre los argumentos que se esgrimen con frecuencia para restringir los derechos a las mujeres destaca la moral, impuesta por instituciones con hondas raíces patriarcales. En tanto que, quienes están a favor del derecho a decidir, enfatizan la ética fundamentada en la autonomía, que preserva la valoración de las opciones – reflexión a nivel personal- en el ejercicio pleno de la libertad.

Una sociedad justa en donde impere la equidad, sólo será posible en la medida que todas las mujeres tengan el pleno dominio sobre su cuerpo y su destino. Ése, sin duda, es el ideal, pero la realidad suele ser otra en México. Muchas mujeres, por ejemplo, no gozan del derecho a vivir sin violencia aunque sea un delito sancionado por las leyes que nos rigen. Otras, son agredidas y obligadas a sostener relaciones sexuales forzadas, muchas de estas relaciones no protegidas concluyen, a menudo, en embarazos no deseados. Esto sucede a pesar de que ha aumentado el uso de anticonceptivos y preservativos.

A mediados de 1998, el Congreso local, con mayoría del Partido Acción Nacional, publicó la Agenda Legislativa para la Reforma del Estado de Nuevo León 1998-2000, en donde aparece la “consagración constitucional del respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte natural”, que buscaba modificar el artículo 3° de la Constitución Política del Estado. La iniciativa se presentó el 10 de mayo de 1999, el debate duró más de dieciocho meses, tras lo cual en enero del 2000 pasó a la congeladora.

Las acciones en pro y en contra de esta iniciativa fueron numerosas e intervinieron diversos actores de los ámbitos académico, social, cultural, político, económico y medios de comunicación. Algunas de las defensoras de los derechos de las mujeres, claves en ese debate, se encuentran en este foro.

El Código Penal para el Estado de Nuevo León, establece en el Artículo 327 que: Aborto es la muerte del producto de la concepción, en cualquier momento de la preñez. Existen, sin embargo, tres causales que no son punibles: cuando de no provocarse el aborto, a) la mujer embarazada corra peligro de muerte o b) de grave daño a su salud y c) cuando el producto sea consecuencia de una violación, de acuerdo al Artículo 331 del CPNL.

La presentación de la iniciativa motivó diversas opiniones, algunas publicadas. Cito la de Justo Leñador, quien escribió en el ABC: “Mire, por ejemplo, la embestida agresiva y orquestada para someter a la mujer al yugo de un credo fundamentalista, extremoso, como el de la agrupación de corte panista Pro-Vida. En un esfuerzo concertado, disfrazado de cruzada moral y religiosa, promueven, desde el púlpito, en carteles universitarios, foros y ante el Poder Legislativo que se radicalice el enfoque legal del aborto”… (6-mayo-1999).

En ese tiempo aún se desconocía que parte del dinero público entregado por el gobierno federal a la organización Pro-Vida, su dirigente, Serrano Limón, lo destinaba a comprar tangas y plumas Mont-Blanc.

El 7-mayo-1999, miembros de Pro-Vida, Valor Alianza de Asociaciones, y Vida y Familia, entregaron en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, un paquete conteniendo 88 mil cartas firmadas a favor de elevar a rango constitucional el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural.

La validez de estas cartas fue refutada por las feministas, integrantes del Pacto Plural de Mujeres. El PPM cuestionó las firmas apócrifas y la utilización de niñas y niños, estudiantes de diversos colegios privados, para apoyar dicha iniciativa. Además, presentó un exhorto dirigido al titular de la Secretaría de Educación, Lic. José Martínez González,  para recordarle que dichas acciones violan el espíritu de las leyes mexicanas que establecen la educación laica. (14-mayo-1999)

Es importante anotar también lo acontecido en el programa Foro, de Televisa Monterrey, (9-mayo-1999). En él, el licenciado en derecho, Valdemar Martínez dijo: “no hay derechos sin obligaciones y, si tiene derecho a la maternidad y está embarazada, está obligada a la maternidad.

La licenciada Norma González, representante de Pro Salud Sexual y Reproductiva, A.C. (PROSSER) respondió: ¿Obligada a la maternidad?, (…), ¿aunque haya sido violada o aunque esté en riesgo su vida? (…)

La respuesta del abogado fue: ¿qué pasaría con los derechos del padre si se interrumpiera el embarazo? La licenciada González, cuestionó: ¿está usted diciendo que los derechos de un violador tienen prioridad sobre los de la mujer violada? Siguiendo con su argumentación, el licenciado Martínez afirmó que antes que “violador” primero era ¿padre?

Este arcaico argumento es utilizado por algunos hombres –por fortuna no son todos-, que creen ser los propietarios del cuerpo de las mujeres y de los productos de ese cuerpo, aún en caso de violación. Me pregunto: ¿cuántos violadores estarían interesados en asumir las responsabilidades parentales?

Evidentemente en ese momento las y los televidentes no sabíamos si reír o llorar por las ocurrencias… o rezar a la divinidad pidiéndole protección para no caer en manos de fundamentalistas. Pero aún faltaba otra inflexible intervención: el sacerdote Hernán Zambrano señaló que “una mujer que se embaraza debe responder por sus actos”. A lo que la licenciada González preguntó: “y la violación, aunque sea una, señor sacerdote, un solo caso de violación de una mujer, ¿ella es responsable?, contésteme”.

El sacerdote respondió: “Si es realmente violada, lo que habrá qué comprobar. Yo no creo tanto en ese tipo de violaciones a menos que amarren a una mujer a la pared y le hagan muchas cosas”.

Al incrédulo sacerdote no le bastaba la violación sino que, para comprobarla, requería que “le hagan muchas cosas” y “esté amarrada a la pared”. Si en el acto no habían hecho muchas cosas, nomás poquitas, o la víctima no había sido amarrada a la pared, según el sacerdote, no había violación.

Por desgracia, ejemplos de estulticia abundan: Recordemos aquí el tristemente célebre caso de la denuncia que se desechó porque la joven violada dijo que: en el sitio donde ocurrió el ataque sexual había alfombra, y la defensa del agresor demostró que había piso. O bien, el caso de una niña de 3 años de edad, violada, cuyo agresor respondió ante el juzgador que “la niña lo había provocado”, ¡la víctima usaba pañal! Hay más casos de “niñas provocadoras” de tan sólo ¡seis meses de edad!, porque “sonríen y hacen ojitos”.

En medio de la polémica iniciada en el Congreso del Estado, para la editorialista de El Norte, Alejandra Rangel, resultaba: “alarmante escuchar que de aprobarse esta propuesta (…), las causales de no penalización del aborto como la violación, el grave daño a la salud o el riesgo de muerte de la madre se eliminarían del Código Penal”. Finalmente comentaba: “como siempre ocurre, los grupos más desprotegidos serán quienes padezcan las consecuencias de la iniciativa”. (8-mayo-1999)

Una carta abierta, firmada por Andrés Clariond Rangel, publicada el 12 de mayo de 1999 en El Norte, estaba dirigida más específicamente a los grupos involucrados en la iniciativa. Dice: “Me pregunto qué harían esos fundamentalistas de ser aprobada su ley del Derecho a la Vida en un caso de riesgo, una hija violada o una madre o esposa en peligro de muerte al dar a luz: el boleto a una clínica en Houston estaría asegurando, un aborto disimulado y “perdonado” posteriormente con una buena penitencia y algunos golpes de pecho. Más adelante expresa: “Nuestra sociedad vive una crisis de valores, el de la congruencia. Estoy seguro que si Jesucristo regresara a la tierra, Garza García y el Vaticano serían sus últimas paradas”.

Lo anterior revela lo dicho por las y los especialistas: No sólo se penaliza el aborto, sino que se castiga a las mujeres por ser pobres, marginadas económicamente, por carecer de oportunidades educativas, de capacitación y laborales, por desconocer los métodos anticonceptivos, por vivir en ambientes de violencia sin opciones de liberarse de tal situación y por ser víctimas de agresiones sexuales sin oportunidad para decidir tener sexo seguro y responsable. Es decir, se castiga la pobreza, la ignorancia y la situación de vulnerabilidad.

En la “Marcha por la Vida”, el 30 de noviembre de 1999, participaron –en horario escolar- niñas, niños y adolescentes vistiendo uniformes de colegios privados, llevados por sus propias madres, acompañados por sus nanas y/o protegidos por agentes de seguridad privados. Se manifestaron a favor de la iniciativa frente al Congreso del Estado, enarbolando pancartas, sin conocer a quienes eran el objetivo, llevaban la consigna de apedrear o picar con la punta de los lápices a las y los diputados de oposición.

Al día siguiente de los hechos, el editorialista José Jaime Ruiz (El Diario de Monterrey) escribió: “quienes dicen defender el Derecho a la Vida ya pusieron al mundo en blanco y negro y como toda intolerancia, no hay más ruta que la suya, por eso los empujones a los diputados, por eso las agresiones verbales…” continúa “… los adultos cometieron el error de llevar a sus vástagos a la manifestación. Los niños fueron punta de lanza, pero también carne de cañón…” Las agresiones verbales a que se refiere el editorialista estaban dirigidas particularmente a los diputados priistas Óscar Adame y María Elena Chapa. Quienes además fueron empujados y agredidos físicamente.

Es importante también traer a esta mesa la capacidad ¿o incapacidad? de respuesta de la sociedad -en su conjunto- para resolver los problemas derivados de la maternidad. Cuando una mujer se embaraza suele perder el empleo; si busca trabajo y está embarazada tendrá menores posibilidades de que logre emplearse. Por lo común, las jóvenes estudiantes –al embarazarse- postergan su educación y desarrollo personal. Por otro lado, el Estado no provee de guarderías a las madres que no cuentan con ingresos suficientes para cubrir tal servicio. No en México.

Pero eso sí, en el país la principal causa de mortalidad es la materna. Mil 300 mujeres fallecen al año al tener un bebé. 80% de estos fallecimientos ocurren en hospitales. Además, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, (ENOE, 2009), el 7.8% de las madres de 12 años y más, es decir, 2 millones 200 mil mujeres son madres solteras y, 5 millones 400 mil mujeres alguna vez estuvieron unidas, esto es, el 18.7%. Mientras que, son madres 480 mil adolescentes, cuyas edades oscilan entre los 12 y 19 años. Una quinta parte de ellas son solteras y el 75.5% están unidas actualmente.

Se dice que la democracia reconoce a las mujeres como sujetas de derechos plenos, en México no sucede así. En los últimos meses, en 18 entidades del país, se criminalizó el aborto aún en casos de violación, de grave daño a su salud o peligro de muerte; y en otros, se niega la aplicación de la Norma Oficial Mexicana sobre Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para  la prevención y atención (NOM 046).

¿Cuál es la situación actual en Nuevo León? En su página de internet, la Procuraduría General de Justicia informa que de enero a diciembre de 2008 recibieron 16 denuncias por el delito de aborto. En 2009, fueron 18 denuncias y, de enero a abril del presente año, han sido denunciados 6 delitos, de los cuales 4 fueron en enero y 2 en abril. Estos procesos son cada vez más frecuentes, en especial en estados del centro y sur del país. Pero, con estos datos no podemos negar que también son frecuentes en Nuevo León.

Nos preguntamos: ¿cuántas y quiénes son las denunciadas?, ¿quiénes, las consignadas?, ¿cómo resultaron embarazadas?, ¿fueron violadas?, ¿estaba su vida o su salud en peligro?, ¿fue aborto espontáneo o provocado?, ¿en qué condiciones abortaron?, ¿cuál es su situación económica?, ¿su edad?, ¿su estado civil?, ¿cuál fue la sanción impuesta? Éstas son sólo algunas de las preguntas que darán cuerpo a un estudio sobre abortos en Nuevo León que realiza actualmente la organización que represento.

Ciertamente los derechos humanos han evolucionado a partir de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que entonces por razones androcéntricas marginaron de la democracia y la ciudadanía a las mujeres, quienes han luchado a la par con algunos hombres, para conquistar cada uno de sus derechos. En búsqueda de otro mundo posible, poco a poco, las mujeres ganan terreno y dan pasos para superar la desigualdad de género, conquistan la ciudadanía, la educación, el trabajo, la posibilidad del divorcio, el derecho a heredar, entre otros derechos; mientras que, el derecho que conlleva la autonomía, el de decidir sobre sí mismas, sobre su salud y su destino, sigue aún restringido.

Texto leído por su autora en el auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras, el viernes 14 de mayo, en la mesa “El derecho a decidir”

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