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| 617 3 septiembre 2010 |
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Plebiscito inútil En la ciudad de Guanajuato hemos llegado a un estadio de incomprensión y sordera mutuas entre una autoridad municipal obcecada y autoritaria, y una ciudadanía desesperada por no encontrar respuesta a su demanda de detener un nuevo ataque a una de las pocas zonas de preservación ecológica del municipio: la cuenca ubicada en las faldas de los icónicos cerros de La Bufa y Los Picachos. El ayuntamiento se niega a revocar el acuerdo que tomó el 13 de julio pasado -nefasto martes 13- que otorga la factibilidad para el cambio de uso de suelo al predio denominado “Granja La Bufa”, de zona de preservación ecológica y parque urbano, a zona habitacional de densidad media, de equipamiento urbano y de comercio y servicios. Una expansión de la mancha urbana sobre un territorio accidentado, lastimado por el trazo agresivo del nuevo acceso Diego Rivera, y con un delicadísimo entorno ecológico. Un nuevo asentamiento que responde al interés de negocios de una constructora, de un particular que ha demostrado tener capacidad para la coacción de todo un ayuntamiento, sin distingos partidistas. Un negocio que parte del aprovechamiento ilegal de información privilegiada sobre la inminente construcción del nuevo acceso mencionado. El pretendido “desarrollo” vendría a sumarse a las complejidades de una ciudad asentada sobre un terreno poco propicio para la habitación humana. Varios especialistas han expresado públicamente sus reservas o su rechazo al proyecto, ante la enorme dificultad para proveer de servicios básicos al fraccionamiento y a los comercios que se establecerían. Serían 900 casas, 4,200 personas y 1,200 vehículos, que se sumarían a los 70,798 habitantes del casco urbano de Guanajuato –Conteo INEGI 2005- y más de 20 mil autos y camiones que hoy agobian nuestro tráfico callejero. La necedad del municipio refleja desesperación. Saben que no tienen razón, pero el compromiso es demasiado grande, y ha mantenido unidos a síndicos y regidores del PRI, PRD y PAN, incluso en contra de las indicaciones de sus dirigencias estatales. Saben que han cometido muchos errores, entre ellos el último del que nos hemos enterado: basaron su acuerdo en un Estudio de Compatibilidad Urbanística que funda sus considerandos en el Plan de Desarrollo Urbano de 1994, cuando existe un Programa de Ordenamiento Territorial (POT) municipal validado y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato del 17 de noviembre de 2006, segunda parte, que en su página 39 ordena: “[…] se protegen aquellas zonas de valor escénico, con las que cuenta el municipio, como es el caso de la Bufa, cuyo peñón se mantiene libre de cualquier tipo de desarrollo, así como la zona del Orito, y el mantenimiento de la poligonal que conforma el Área Natural Protegida de la Cuenca de la Esperanza”. Claro, el gobierno puede hacer una interpretación letrística y alegar que sólo el peñón está protegido; el resto puede ser invadido por la mancha urbana. El IEEG otorgó su visto bueno al plebiscito basado en un argumento que me parece increíble que haya sido manejado por el municipio: “[…] tal como lo afirma el Ayuntamiento solicitante, la posible afectación al entorno ecológico podría incidir directamente en la vida comunitaria, razón por la que el asunto se considera trascendente para el interés de la colectividad de vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.” Pero es el ayuntamiento quien propicia la afectación potencial del entorno con el otorgamiento de la factibilidad en el cambio de uso de suelo. Es increíble la cara dura de los políticos cuando se trata de justificar lo injustificable. El gasto en el plebiscito es excesivo desde mi punto de vista. No lo digo por las cuentas que presentó el IEEG, sino por la inutilidad del ejercicio. Ya hemos puesto en evidencia que la ley fue diseñada para que los gobiernos de Guanajuato se laven la cara, aparentando que están abiertos a la democracia directa, pero sin que se permita una posibilidad real de afectar las decisiones oficiales. Sabemos que las condiciones que estipula la Ley de Participación Ciudadana estatal en sus artículos 32 fracción II, 33 y el último párrafo del artículo 34, hacen prácticamente imposible para la ciudadanía echar atrás las acciones administrativas de los gobiernos municipales. Se exige superar un umbral del 50% más uno en la participación de los electores. Luego se demanda una mayoría calificada del 60% de los votos emitidos para lograr el triunfo en el plebiscito. Y más aún: en el lejanísimo caso de que triunfe el rechazo a la decisión de gobierno, su efecto restrictivo se limita a dos años. ¿Para qué gastar un millón 140 mil pesos? ¿Para bendecir el proyecto de un particular? Los que apoyaremos la opción del NO, tendremos que competir sin recursos contra el ayuntamiento y el poderoso empresario. No dudo que se desvíen recursos de programas sociales hacia la campaña “de información” que posiblemente emprenda el gobierno municipal. Y digo posiblemente, porque el municipio puede ganar el plebiscito sin mover un dedo, simplemente apostándole a que la gente no acuda en número suficiente a votar. Sin el 50% más uno de participación la opción del NO será derrotada sin remedio, incluso cuando haya logrado mayoría de votos entre los que hayan acudido al plebiscito. El surrealismo total. Antropólogo social. Profesor investigador de la Universidad de Guanajuato, Campus León.
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