HABÍA UNA VEZ
Todos son cómplices
Everardo Hernández Medrano
Matamoros, Tamaulipas.- En atención al derecho que tienen nuestros lectores a estar informados de cómo el ex alcalde Erick Silva Santos, abusó de los recursos del erario y dejó endeudado el ayuntamiento de Matamoros, solicitamos a la Unidad de Información Pública del Congreso del Estado, una relación de proveedores, montos pagados descripción servicios y monto de deudas pendientes al 31 de diciembre de 2010.
Lo anterior en el contexto de las misteriosas y supersecretas investigaciones que está realizando la Auditoría Superior del Estado a las cuentas públicas del 2010 de los ayuntamientos y otros entes del estado.
Pues en violación a los derechos de nuestros lectores, en lugar de responder 20 días después del 17 de agosto del presente, como los obliga la ley, la respuesta llegó hasta el día tres de octubre y en sentido negativo, porque dicen que los ciudadanos ordinarios y corrientes como nosotros no tenemos derecho a conocer esos detalles, yo diría intimidades de cómo nos robaron.
Dice la Unidad de Información Pública: “La información detallada donde aparezca nombre completo del proveedor, clase de producto o servicio, monto pagado en cada caso de cada uno de todos los proveedores del ayuntamiento de Matamoros y con base en la Ley de Fiscalización Superior del Estado, constituyen información de carácter reservado. ¿Reservado? ¡Virgen Santísima! ¿En que país vivimos?
Asimismo, el artículo 20 de esta ley establece que la Auditoría Superior del Estado deberá guardar reserva de sus actuaciones y observaciones, salvo de que se trate de solicitud de información formulada por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado o autoridad judicial, de procuración de justicia o de tribunales laborables en el ejercicio de sus funciones”
Esto quiere decir que tenemos que recurrir al amparo de la justicia federal para obligar a esos “servidores públicos” a cumplir con sus obligaciones y obligarlos a dejar esas tácticas dilatorias tan usuales para negar información pública oportuna y convertirla en información reservada.
Afortunadamente hay entre nuestros lectores algunos temibles abogados que estoy seguro nos brindarán la adecuada asesoría para proceder legalmente contra los responsables de estos agravios y sus cómplices para llevarlos ante la justicia. Esperamos sugerencias.
¿Así cómo, así cuándo Señor Presidente?
Testimonio de dos involucrados ante la SIEDO en el caso de los tres sobrecargo detenidos en Madrid con 135 kilos de droga, indicaron que policías federales controlan el tráfico de cocaína en el Aeropuerto Internacional de México (Aicm).
Los ex empleados de la empresa de seguridad privada Eulen(española) detenidos por haber solapado a los sobrecargos de Aeroméxico aseguran en declaraciones ministeriales que, por cada cargamento, los federales al servicio del Joaquín El Chapo Guzmán, pagan alrededor de mil dólares a los encargados de vigilar el paso de maletas.
Jaime César Valencia, quien era revisor de Eulen, preso por una supuesta colaboración con policías y narcotraficantes, y Josafat Jonathan Guzmán, inspector de la misma compañía, declararon que los cruces de droga se realizan en un filtro de la Terminal 2 para funcionarios de alto nivel, diplomáticos y celebridades.
En ese punto fue por el que ingresaron a la sala de espera los sobrecargos de Aeroméxico, Gerardo Zárate Álvarez, Luis Isbaal Avilés García y Eduardo Pérez Anaya, detenidos el 7 de diciembre en el Aeropuerto de Madrid-Barajas con los 135 kilos de cocaína.
¿Por qué el gobierno mexicano privatizó la revisión de equipajes y les entregó esa función de seguridad nacional a una empresa española? Entonces de qué sirven tantos policías y cursos de capacitación, control de confianza y etcétera.
Otro caso decepcionante
La Visitaduría General de la PGR ejecutó arraigo contra una agente del ministerio público federal de la SIEDO por los delitos Contra la Administración de Justicia, Robo agravado y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, acusada de haberse quedado con dos camionetas de lujo. Joyas y dinero producto de un cateo realizado por ella a un presunto lavador de dinero. Isabel Sánchez Hernández quedó arraigada por 40 días.
Y esos son sólo dos botones de muestra de que el presidente Calderón perdió la brújula y el timón en el país y de que sus discursos de que son los estados los únicos culpables de policías y funcionarios corruptos, es sólo una justificación para tratar de ocultar el naufragio de la incompetencia e ineptitud.
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