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Ciudad de México, México.- Ante el Estado de sitio que pretende imponer el Gobierno mexicano bajo el halo del brote de influenza, se presentó el primer amparo judicial en contra de la severa restricción de garantías individuales y derechos humanos el pueblo de México, lo cual sentaría un “nefasto precedente” en la vida constitucional del país.
Fue a cargo de Rodrigo Olvera Briseño, abogado del Comité Nacional de Estudios de la Energía, organización revolucionaria de especialistas petroleros, quien el 28 de abril pasado presentó la primer demanda de Juicio de Amparo en contra de dos fracciones del artículo Segundo del Decreto que impuso Felipe Calderón, en el que pretende establecer diversas medidas gubernamentales para combatir la Influenza Porcina, representando un atentado contra los derechos humanos, informó el instituto a través de un boletín de prensa.
Estas son las fracciones IV y VIII del artículo Segundo de dicho Decreto, las cuales implican jurídicamente la suspensión de garantías individuales contenidas en los artículos 9 –respecto al derecho de libre asociación y reunión- y 16 – sobre la inviolabilidad del domicilio- de la Constitución, al facultar a la autoridad sanitaria a ingresar a todo tipo de local o casa habitación sin necesidad de sujetarse a las formalidades prescritas para los cateos; así como facultarla para evitar congregaciones de personas en cualquier lugar de reunión.
“Aclaro que no cuestiono la conveniencia sanitaria de las medidas contenidas en dichas fracciones IV y VIII del artículo Segundo.” Expresó el Defensor de Derechos Humanos, “Si el Presidente está convencido de que es necesario suspender temporalmente las garantías de libertad de reunión e inviolabilidad de domicilio para enfrentar la denominada Influenza porcina, puede hacerlo legalmente; pero debe solicitar y obtener previamente la aprobación del Congreso de la Unión, conforme al artículo 29 constitucional. Lo que no puede permitirse es que se violente la Constitución.”
Explicando la trascendencia del Amparo presentado afirmó: “Se establecería un precedente nefasto para nuestra vida constitucional si toleramos que el Gobierno suspenda garantías individuales sin cumplir el artículo 29 Constitucional; el riesgo de aceptarlo en esta ocasión, es que el Presidente tenga la tentación de resolver en el futuro cualquier dificultad -como el crimen organizado, o la crisis económica, o la creciente inconformidad social contra su gobierno- por la vía de suspender unilateralmente las garantías constitucionales del pueblo de México.”
El abogado exhortó al Congreso de la Unión a defender el orden constitucional, reclamando el papel que debe tomar ante la necesidad de suspender garantías debido a una emergencia que ponga en peligro a la sociedad. También puso a disposición de la ciudadanía que pretenda ampararse contra la violación de sus garantías constitucionales la dirección electrónica
rodrigolverab@yahoo.com.mx
 
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