Discriminación en el Campestre de Chihuahua
Víctor Orozco
No importa que sea negro, blanco, hispano, asiático, indio americano, joven, viejo, pobre, rico, capacitado, discapacitado, gay o heterosexual; en Estados Unidos, si está dispuesto a esforzarse, puede conseguir lo que sea.
Barack Obama, noviembre 6 de 2012
Chihuahua.- Cómo contrastan las palabras del presidente norteamericano, (así sean las de un político) pronunciadas en la noche que triunfó en las pasadas elecciones, con la mentalidad y las aspiraciones de una porción de las clases medias y altas de la sociedad en la capital del estado de Chihuahua.
Dice un testigo que en la asamblea de socios del club campestre, se aplaudió “rabiosamente” el acuerdo tomado por su consejo directivo de expulsar a Carla Herrera, quien semanas antes pretendió inscribir a su cónyuge femenina exhibiendo una acta expedida por el registro civil del Distrito Federal, donde contrajeron matrimonio. El tema ha trascendido del reducido círculo social chihuahuense y está en la mirada nacional.
Tiene razones Enrique Servín cuando externa su preocupación por estas marcas infamantes que ha llevado Chihuahua en los últimos años: “...las muertas de Juárez, los asesinatos colectivos en los bares y cantinas, las ejecuciones de decenas de pacientes en los centros de rehabilitación, las torturas y los decapitamientos... ¿nos damos cuenta los chihuahuensenses de que es urgente, absolutamente urgente reformar nuestra sociedad; de que es impostergable el reestructurarnos, el abrirnos a nuevas formas de ser y de pensar, de que es impostergable el ejercicio de repensarnos?” De todas estas calamidades, de manera indirecta pueden culparse al gobierno o a la sociedad. Pero, del acto grosero de discriminación y violación a la ley, la responsabilidad es ineludible.
El primer nivel del debate, es el de la legalidad. La Constitución Federal tiene dos preceptos básicos para el caso, dice el primero: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”
Los defensores de los actos discriminatorios, arguyen que pues se trata el campestre de un club privado, entonces sus socios pueden establecer sus propias reglas y en consecuencia reservarse el derecho de admisión y también al de expulsión, sin parar mientes en mandatos legales, aun cuando provengan de la norma suprema. El abogado que se ostentó como representante del club fue todavía más lejos y declaró que “...la demanda de Carla Herrera sólo tiene efectos entre las partes, o sea, entre Carla y su pareja, y la ley las protege cuando una incumpla lo contraído en su contrato con la otra, pero no pueden pedirle al resto de las instituciones privadas que se sometan también a ese contrato que ellas acordaron y firmaron”.
Según esta extraña lógica, entonces los deberes impuestos por la constitución no son para los particulares. Así, si el señor Adolf H Pölztl, de acuerdo con el comité del club de superación física y mental que preside, coloca este letrero en la puerta: “No se admiten judíos, negros ni gitanos”, ¿Está en su derecho?. Y si el señor Francisco F. Bahamonde, pone otro en su restaurant-bar “El Cruzado” que rece: “Prohibida la entrada a mujeres”, ¿También ejerce un derecho? ¿Y si al excéntrico multimillonario que colecciona animales exóticos igual se le ocurre poseer uno u otro esclavo? ¿A ellos no los obliga la prohibición constitucional?
El código político también ordena: “Los actos del estado civil ajustados a las leyes de un Estado, tendrán validez en los otros”. Este sencillo mandato es piedra angular del federalismo y garantía de existencia de un Estado nacional. Sirvió de fundamento a la Suprema Corte para establecer la validez de los matrimonios contraídos en el Distrito Federal (igual ahora en Quintana Roo) entre personas del mismo sexo, cuando el gobernador cristero de Jalisco pretendió también poner al derecho canónico por encima de la ley mexicana.
Pero, según los representantes del club de marras, puesto que en Chihuahua no existe regulado este matrimonio, una institución privada, por ejemplo una compañía de seguros o una institución educativa, pueden desechar por sus pistolas el acta de matrimonio de Carla Herrera y Lilia Victoria Aún. ¡La constitución como papel mojado, al arbitrio de los particulares!
¿Y las autoridades? ¿Han de permanecer sordas, mudas y ciegas? No, si actúan como se los ordena expresamente la susodicha Carta Magna: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.
Existen diversidad de vías para los órganos de gobierno, que van desde la gestión política, hasta la coerción, es decir, el cumplimiento forzado de la ley, ya sea por un conducto administrativo o penal. No debe olvidarse que según la legislación criminal de Chihuahua la discriminación constituye un delito. Y, aun cuando los delitos son cometidos por personas físicas, la sanción puede extenderse a las personas morales, cuando aquellas actúan como sus representantes. Una consecuencia posible es la disolución compulsiva del organismo.
Contra el homosexualismo –tan antiguo como el heterosexualismo– se han apiñado toda clase de condenas y reprobaciones. Hay países en los que se le castiga con la pena de muerte, misma que sufrieron en las prisiones y en los hornos crematorios muchos miles de hombres y mujeres que lo practicaban o a quienes se les atribuyó esta condición, durante la era nazi en Europa. Su salida de los catálogos de enfermedades, data de unas pocas décadas. Y la integración abierta de los homosexuales en la vida colectiva, cuyo último escalón ha sido la instauración del matrimonio, es todavía más reciente, admitida en algunos países o jurisdicciones de los mismos. El Distrito Federal y Quintana Roo, para vanagloria de México son unas de éstas, junto con los Países Bajos, Bélgica, España, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal, Islandia, Argentina y Dinamarca, once de los estados norteamericanos y uno de los brasileños.
A lo largo de los años, nunca han faltado voces defensoras del trato igual a heterosexuales y homosexuales. Traigo a colación una anécdota, protagonizada por David Alfaro Siqueiros –quien auspició durante su vida la versión de que había nacido en Chihuahua–. Preso en Lecumberri, le contó a Julio Scherer, que un grupo de homosexuales, discriminados, vejados y explotados por las autoridades del penal, se le había acercado para pedir su ayuda escribiendo una protesta. La redactó el pintor y cuando le preguntaron: “¿Y usted, señor Siqueiros, estaría dispuesto a firmarla? –Yo no escribo nada que no esté dispuesto a firmar”. Y su nombre encabezó la lista.
No pretendo en esta nota ponerme a discutir los fundamentos del derecho que tienen las personas a discernir sobre sus preferencias sexuales y a ser tratadas con respeto. Es reconocido en los principales instrumentos internacionales de las últimas décadas. Quedan pocos, aunque muy poderosos enemigos, entre ellos los administradores de las religiones institucionalizadas, como la católica, que se siguen batiendo a favor de la persecución, el ostracismo y el vilipendio de gays y lesbianas. Antes de perder la guerra, seguirán causando daños a cientos de miles de personas, a sus familias y a las sociedades.
Retomo para concluir las reflexiones de Enrique Servín y Jaime García Chávez, dos de los intelectuales chihuahuenses quienes han salido en defensa de este derecho y en contra del cáncer social que es la discriminación. Vale la pena recordar en este aniversario de la revolución de 1910, que aquí se inició el movimiento armado responsable de la la caída de la dictadura en 1911. Fueron estos rancheros de Chihuahua quienes pusieron el cascabel al gato, colocando en la mesa este “impostergable ejercicio de repensarnos”, como quiere Servín. Hace cien años, este ejercicio significó, mediante la crítica de las armas, reclamar derechos políticos y laborales, acabar con privilegios. Hoy, entre otras cosas, implica el terminar con todas las formas de discriminación. Sólo así nos aproximaremos a maneras civilizadas de convivencia.
