Estas notas son parte de un trabajo mayor, que tiene como objetivo destacar las diversas políticas que se desarrollaron en torno a la extracción y distribución del agua en la ciudad de Monterrey, desde la conformación de la Compañía de Agua y Drenaje de Monterrey hasta su estatización.

El gobierno del estado de Nuevo León se propuso el reto de cubrir los servicios que demandaba la rápida expansión urbana. En 1895 el gobernador Bernardo Reyes exhortó a los hombres de negocios de la ciudad para que dirigieran sus inversiones a la construcción de una magna obra que permitiera otorgar el servicio de agua y drenaje para Monterrey. A finales de 1904, el gobierno del Estado otorgaría la concesión a la Compañía Water Works and Guarante  y señaló que esta empresa fue autorizada a proseguir con el proyecto, ya que tenía en su haber muchos sistemas hidráulicos en la Unión Americana, además de que contaba con sólidos elementos financieros y la experiencia para realizar los trabajos de introducción de agua y drenaje en la ciudad de Monterrey.

El 2 de noviembre de 1904 el pleno de la XXXIL Legislatura del Congreso del Estado aprobó por unanimidad el decreto número 57, en el cual se eleva a rango de Ley el contrato para el establecimiento del servicio de agua y drenaje y el aprovechamiento de aguas para riegos y fuerza motriz celebrado el 19 de octubre de 1904 entre el gobernador Bernardo Reyes, con los señores James D. Stocker y William Walter; y por el Congreso, el presidente Andrés Noriega, los secretarios Ramón E. Treviño y Arnulfo Berlanga.

En el contrato se establecieron algunos puntos centrales y que a futuro producirían agrias disputas. En el Artículo 8 se menciona que después de haberse concluido la obra, el Gobierno tiene derecho de solicitar a los contratistas extender el sistema de agua y drenaje de acuerdo a las necesidades de los habitantes de la ciudad. Sin embargo, a las tarifas y recaudaciones de la empresa se le otorgaron amplias prerrogativas para el cobro de servicios: “El Gobierno no podrá negar su aprobación a las tarifas que hayan sido calculadas por los contratistas, sobre la base de que el producto total aproximado, sea al menos el diez por ciento del capital invertido en las obras”.

Estos fueron los acuerdos legales de la importante concesión que otorgó la administración de Bernardo Reyes a una compañía extranjera, sin embargo, en su prisa se nota un doble interés, por un lado al Gobierno le urgía modernizar la extracción y distribución del agua potable y el drenaje con el propósito de satisfacer la creciente demanda de la industrialización y el aumento demográfico.

Y por otro lado, a Reyes le interesaba utilizar políticamente la obra, considerada como una de las más modernas de Latinoamérica, para fortalecer su imagen ante el presidente Porfirio Díaz  y perfilarse como su posible sucesor.