Finalmente, a principios de 1909 la magna construcción de agua y drenaje de Monterrey quedó concluida a un costo de 4, 115,298.42. Obra que fue catalogada como una de las más modernas de Latinoamérica.

El gobierno del Estado informó en 1909, que las necesidades de la población se calculaban en siete millones de litros de agua diarios, por lo que exigió a la empresa que asegurara el caudal. Sin embargo, ésta rebasaría la solicitud en más de un millón de litros extras.

En febrero de ese año, las autoridades gubernamentales hicieron públicas las tarifas del servicio de agua y drenaje que se habían definido después de una serie de reuniones entre el Gobernador y los representantes de la empresa.

El tercer censo general de población de 1910 cuantificó para la ciudad de Monterrey la cantidad de 78,528 habitantes. Sin embargo, las casas que se habían conectado al servicio de agua y drenaje  fueron 2,885, este número produjo una renta de 13,910.61 pesos, aunque las autoridades reconocieron que esperaban que el número de instalaciones domiciliarias llegaran a 9 mil. La demanda del servicio estaba muy por debajo de las expectativas, lo cual comenzó a preocupar al Gobierno. (1)

Sin embargo, es notorio que desde el inicio la empresa no cumplió con las expectativas lucrativas de sus inversionistas, por lo que no tuvo más alternativa que buscar el apoyo financiero y político del Estado.

Estado, Revolución y crisis

Con la promulgación de la Constitución en 1917 el panorama político y social del país comenzó a modificarse, la nueva legislación con los artículos 123 y 27 fue considerada entre lo más avanzado en su tiempo. La puesta en práctica de los preceptos de la Carta Magna por el Estado, al principio en forma tímida y después activamente, empezó a generar profundos cambios sociales.

El artículo 27 fue empleado por el Estado para tratar con el capital extranjero, y con base en el nuevo espíritu constitucional, el gobierno de Nuevo León puso especial cuidado en el problema económico que se venía arrastrando desde hacía tiempo con la Compañía de Agua y Drenaje de Monterrey.

En septiembre de 1917, el gobernador Nicéforo Zambrano hizo pública la preocupación por el oneroso contrato celebrado entre el Gobierno y la Compañía, que afectaba las finanzas del Estado; esto motivó al Gobernador para entrar en negociaciones con la Compañía y tratar de llegar a un acuerdo por el adeudo histórico, considerado demasiado oneroso para el municipio de Monterrey y el Estado, y que declarar que esperaba modificarlo de la mejor manera posible.

Sin embargo, ante la falta de acuerdos, el conflicto por el convenio se fue profundizando. En 1918, el gobernador Zambrano al referirse al asunto del contrato en el servicio de agua y drenaje, lo describió como un “pavoroso problema”.

El gobierno del Estado señaló a la Compañía que “no reconocería capitalización alguna de intereses, ni devengación de los mismos, hasta en tanto no fuera inspeccionado debidamente el estado general de las cuentas (…) sobre el costo de la construcción para ese servicio”.

Después de una serie de reuniones se alcanzó una solución: el capital invertido por la Compañía en obras y demás gastos que el Gobierno debería garantizar con intereses anuales, se fijaba en 6 millones de pesos. Las partes acordaron que en lugar de que el Gobierno pagara el 10% anual por el capital invertido conforme al contrato, sólo se pagaría el 7%. El adeudo del Gobierno con la Compañía se fijó en un millón de pesos, a pagar en 25 años con interés progresivo del 2 al 5 %.

También se determinó que se otorgaría al municipio de Monterrey toda el agua que fuera necesaria para el riego de calles, jardines y edificios públicos.

El gobierno de Zambrano reconoció que el servicio de agua potable era muy caro para los habitantes de la ciudad, pero consideró que el precio era necesario para costear su mantenimiento y desarrollo, aunque también llegó a prometer que las tarifas de “reducirían bastante” al terminar la construcción del sistema en la parte de la ciudad que aún no gozaba de ese beneficio.

La Compañía de Agua y Drenaje desde que inició sus operaciones en 1909, no había sido molestada por ninguna administración estatal. Pero a nueve años de distancia de su apertura, las circunstancias habían cambiado con el gobierno emanado del movimiento armado, al imponerle éste una serie de obligaciones que las administraciones antecesoras no quisieron o no pudieron imponer.

La Compañía fue obligada a entrar en negociaciones con el Gobierno, para la resolución del problema de la deuda.

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